Cuando los socialistas descargamos nuestra desilusión e indignación con aquellos compañeros independentistas que aceptan trabajos en puestos administrativos o de confianza de las administraciones populares no lo hacemos sólo por la autogratificación de sentirnos inmunes a la fiebre melona. La profundidad de la crítica no puede ser reducida a una mera acusación moral, aunque hagamos un juicio valorativo de estas acciones.

El capitalismo está en crisis, pero no se va a caer. Hay que derrumbarlo. Los eventos que se desarrollan en todo el mundo son muestra evidente de la incapacidad del sistema económico mundial de resolver los problemas fundamentales de la clase trabajadora internacional. Incluso, la hambruna, la miseria y el desastre ambiental que se vive en los países del tercer mundo son consecuencia directa de las condiciones de explotación que garantizan la acumulación de riquezas por parte de un puñado de ricos en la escala global.

La agenda permanente de los empresarios, grandes comerciantes, y millonarios del país es el enriquecimiento de sus caudales a costa del sudor y sacrificio de la clase obrera puertorriqueña. Detrás de un discurso de creación de empleos, y competitividad internacional disfrazan sus propuestas que lo que realmente buscan es la reducción de derechos y beneficios del pueblo trabajador.

La clase trabajadora en Puerto Rico enfrenta las más intensa ofensiva por parte de la burguesía y sus representantes en el gobierno en los últimos años. La ley 7, las alianzas público privadas, la ley de permisos, la ley de incentivos industriales, el gasoducto del norte y del sur junto a una reforma laboral que se asoma, son las manifestaciones de la estrategia económica de la burguesía norteamericana que opera en Puerto Rico y sus representantes de turno nuevo-progresistas y popular-democrático.