Nos habían dicho hace unos meses que habían salvado la casa. Que el proceso de recuperación económica estaba en su apogeo. Lo peor había pasado según Luis Fortuño. Para gracia nuestra esa mentira sólo se la creyeron él y sus acólitos que viven muy lejos de la realidad que vivimos miles de familias de la clase trabajadora. La noticia que tocó el tema de la grave situación de la deuda consolidada del gobierno de Puerto Rico despejó toda duda de que el tan esperado fin de la depresión económica fue solo obra de relacionistas públicos y maquilladores de estadísticas. El escenario en los próximos años pinta un cuadro difícil e inédito para la colonia capitalista, en donde tratarán nuevamente que el peso de la debacle económica caiga en manos de la mayoría pobre y trabajadora.

Una falsa salida a la crisis

Utilizando el argot del mundo del espectáculo, la noticia de que el monto adeudado se había duplicado en los últimos tres años fiscales a niveles astronómicos, sepultó los aires de fiesta preelectoral de la administración actual. Todavía están aturdidos con su mirada pasmosa tratando de ocultar sus mentiras ante el desmentir del principal medio de comunicación burgués que esta vez, no le juega a favor. Según el Informe Financiero Consolidado Anual, la brecha entre las obligaciones que tiene el Gobierno, sus actividades y corporaciones públicas versus los recursos que posee se ubicó en $33,678 millones, la cifra más alta que se haya registrado jamás. La deuda en su esencia, se concentra fundamentalmente en las corporaciones públicas, que si bien dependen de sus propios ingresos, la realidad es que la responsabilidad financiera recae en el estado, complicando a su vez el panorama.

Desde hace ya varios años las corporaciones públicas vienen enfrentando un déficit operacional que se ha tenido que ocultar con la emisión de bonos para poder costear las operaciones. En el caso de la AEE el mal manejo de los fondos públicos por parte de la gerencia, el cierre de fábricas producto de la culminación de las 936, el subsidio de la luz a las corporaciones, entre otras, han creado una brecha que refleja el problema de conjunto del modelo colonial y que termina poniendo la carga en manos del fondo general donde somos los trabajadores los que mayor carga impositiva tenemos. Pero esto es solo la punta del tempano.

Según lo publicado en uno de los principales rotativos del país, las medidas adoptadas por la ley 7 no fueron suficientes para estabilizar las finanzas públicas y el estímulo criollo se quedó corto a la hora de relanzar un nuevo proceso de crecimiento sostenido. La situación de los sistemas de retiro según el informe CAFR, indica que para el año 2014 el sistema de retiro central no tendrá dinero suficiente para cumplir con las obligaciones a sus pensionados. Lo que ya indica, que el próximo asalto será contra los sistemas de retiro, la posibilidad de alzas en las tarifas del agua y la luz y las corporaciones públicas.

Con la pérdida de más de 186 mil empleos desde que comenzó la recesión en el 2006, la desaparición de la manufactura como componente significativo del empleo total, el fin de los fondos ARRA, los recortes en fondos federales y la limitación de COFINA para continuar emitiendo deuda, la realidad no augura nada bueno. Lo que nos coloca ante las puertas de una ley 7, esta vez bajo los populares. La falta de un proyecto de reestructuración económica que busque salida, aun desde una óptica reformista, es uno de los principales ausentes de esta campaña electoral. La promesa es más neoliberalismo, y como consecuencia más miseria y más pobreza en un modelo que ya agotó sus días, siendo la expresión viva de esta debacle el estado de las finanzas del régimen colonial.

El motor de la economía criolla, se esvieló

Para los que tienen algún conocimiento de la historia económica puertorriqueña es conocido que el papel del gobierno tuvo un rol fundamental en los últimos 70 años en el impulso de la actividad económica, tanto en la inversión pública como la generación de empleo. El escenario que enfrenta en la actualidad un ELA con un déficit fiscal que se mantiene sobre los $1,000 millones, ante los límites que la deuda constitucional impone, pone en serios aprietos al principal motor de la economía. Lo que garantiza, para los próximos años, la continuación del proceso de estancamiento para eso de no vaticinar su bancarrota.

La magnitud del problema que enfrenta el sector que representó durante mucho tiempo una tercera parte del empleo total en la isla, reafirma que las medidas de ajuste agravaron la situación de los recaudos del fondo general, aceleraron el proceso de endeudamiento a niveles insostenibles y demostraron lo desacertado que fueron estas medidas para la estabilidad del sistema. La única racionalidad que opera en las mentes de los ricos es el frenesí de la ganancia, sin importar las consecuencias que esto tenga para el resto de la población. Y podemos ilustrar muy bien como el saqueo del fondo general, la evasión contributiva, así como una política de incentivos basadas en el fundamentalismo de mercado “trickle down”, labraron las condiciones de este complejo escenario. Las políticas de incentivos que subsidiaban las ganancias de las empresas foráneas y le costaban al erario $1,000 millones anuales con pocos beneficios, la evasión fiscal de los sectores adinerados, el desfalque del presupuesto a través de contratos leoninos a amigos y allegados, la continua ola de privatizaciones y la falta de una política económica dirigida a la resolver los problemas estructurales, realmente fueron los ingredientes de este plato que ahora quieren que nos comamos tranquilamente utilizando el pánico como herramienta de sujeción a las masas.

Las propuestas que impusieron los ricos a través de las administraciones PPD y PNP minaron el ya maltrecho camino. No empece a la imposición de la ley de cierre, el IVU, la ley de incentivos industriales y la ley 7 (todas impulsadas por la cámara de comercio, la asociación de bancos o la asociación de industriales), el resultado demostró lo desastrosa que fueron estas medidas. Las que no se tradujeron, tan siquiera, en un nuevo ciclo de restauración burguesa, si no, en otra instancia para generar ganancias, aumento en la explotación, utilizando los bienes y fondos públicos.

Estamos pues, ante las puertas de un nuevo proceso de acumulación forzosa, basado en usurpar los bienes y el presupuesto del estado. Como lo atestiguan la creación de las APP, las transferencias de dinero público al sector privado por medio de la NCLB, el saqueo de los sistemas de retiro, la venta a precios de quemazón y con contratos irrisorios de las principales instalaciones del país como son las propuestas de privatización del aeropuerto internacional y centro médico, entre otros.

La implosión del estado benefactor que ha representado este último capítulo de la lucha de clases, contradictoriamente, pone en una situación cada vez más difícil a la burguesía para generar un nuevo proceso de expansión que detenga la caída tendencial de la tasa de ganancia y promueva la reproducción del sistema. En el caso nuestro no es un problema coyuntural, es un problema que tiene profundas raíces históricas.

La debilidad endémica de la empresa privada isleña, trocada por la imposición del capital monopolista norteamericano desde la invasión de 1898, es una razón de peso de por qué la burguesía no ha podido ni podrá ser protagonista por si sola de una verdadera solución a largo plazo a la situación que enfrenta Puerto Rico. Su clara dependencia del estado reduce su condición de burguesía lumpen, sin otro proyecto que no sea estar a las faldas del imperialismo, extrayendo ganancias del fruto y conquistas de los trabajadores.

Ahora más que nunca: Levantar las banderas del socialismo y que la crisis la paguen los ricos

La posibilidad de generar un proceso de cambio radical en la economía no es un problema de falta de propuestas, o de “mercadeo de las ideas” como algunos se creen, es un problema de fuerza social. Fuerza social para imponerse. Esto es algo que diversos sectores de la otrora “izquierda” han ignorado a la hora de lanzarse al ruedo electoral, cayendo en la gran mayoría de los casos en la más bochornosa colaboración de clases y en la retórica de los partidos coloniales. Se olvidan que una de las joyas que hace vigente la economía política marxista es rol que juega la lucha de clases sobre el tablero político económico y los intereses que de ella emanan. ¿Por qué existiendo ya la experiencia previa del estado benefactor y las medidas keynesianas, la clase dominante se empeña en continuar con políticas neoliberales? Sencillo, la falta de fuerza organizada de la clase trabajadora para oponer resistencia y pasar a la ofensiva les abre el camino. Una negociación colectiva de un sindicato sin fuerza en la calle que la respalde, es como ir a una carrera en un carro sin gasolina. Igual pasa a los partidos sin base social, sus propuestas por más “lindas” y “atractivas” que sean, si no hay maquinaria que las mueva no pasan de ser buenos deseos y puro folklor. El estado benefactor no surgió producto de una relación armoniosa donde explotadores y explotados nos abrazamos y decidimos en “consenso” poner freno a la pugna. Fue una guerra de clases a muerte donde le arrancamos importantes conquistas he impuso una tregua. Y esa tregua se acabó hace rato.

Hasta ahora, la nota predominante en el debate nacional ha sido que sólo hay una salida para atajar el déficit. Después del desfalque y las malas inversiones hechas con el asesoramiento de banqueros sobre el sistema de retiro central y el ataque contra el caudal del SRM, ahora quieren reducir los beneficios y atacar el ya pobre nivel de vida de los pensionados dejando intacta su responsabilidad ante lo sucedido. También se ha planteado aumentar las tarifas en los servicios básicos y hasta la posibilidad de crear un salario sub mínimo donde se les pague menos a los menores de 25 años. Se ha fortalecido el papel sacrosanto de los bonistas y las casas acreditadoras como los que dictaminan lo que millones de seres humanos debemos hacer para satisfacer sus intereses y mantener las clasificaciones altas. Como si con eso solucionáramos los graves problemas de pobreza y desigualdad que vive nuestro país.

Las señales de lo que viene ya anda resonando por los medios. La deuda pública es impagable y el pueblo trabajador no debe asumir las consecuencias de una deuda que no es suya. La que responde a años de evasión de impuestos de la burguesía local y a la socialización de costos de producción de las corporaciones foráneas que permiten que se lleven más de 30 mil millones en ganancias y dividendos. El detener el pago a los bonistas y aumentar el impuesto a las corporaciones antes de atacar nuestros sistemas de pensiones y la privatización de más sectores de la economía, debe servir de punta de lanza para reenfocar los recursos económicos a solventar las necesidades reales de trabajo, salud y educación que con tanta urgencia necesitamos.

Estamos a la vuelta de la esquina en la que los ricos comenzarán una nueva confrontación frontal de dimensiones importantes. Hacia eso nos movemos inevitablemente. Mientras tenemos un importante segmento de la izquierda en plena bancarrota ideológica y sectores antes llamados socialistas sumergidos en la borrachera electoral, curiosamente asistimos al peor momento del ELA colonial. Vaya contradicción.

Hay aviso de tormenta capitalista y hay que prepararse. Solo la movilización y la organización política, autónoma de los poderes del estado, y con una clara perspectiva de clase, será capaz de generar un proceso de resistencia que frene los planes del PPD o el PNP en los próximos años. Solo hace falta voluntad, trabajo sistemático y consistencia ideológica, para dar los pasos en la dirección correcta e ir desarrollando formas realmente distintas y nuevas de poder. Independientemente de los resultados electorales, ya lo dijo una economista en un foro ante la cámara de comercio. Gane quien gane los recortes vienen, o mejor dicho en nuestro lenguaje, gane quien gane los trabajadores pierden.