La privatización de las Escuelas Públicas en Puerto Rico es una posibilidad real. Dos esquemas de privatización se están cuajando en las oficinas centrales del Departamento de Educación, por un lado la subcontratación de compañías privadas para suministrar tutorías y adiestramientos y en segundo lugar la creación de escuelas charter. La privatización de la educación pública aumenta el costo de la educación para el gobierno y por ende redundaría en un detrimento de la calidad de esta.
En una escuela charter la administración se le ha cedido a una empresa privada. Estas compañías vienen disfrazada con un manto de democracia y autonomía pues se plantea que la administración debe responder a los intereses de la comunidad escolar. La realidad es que la democracia y la autonomía no son la razón de ser de las escuelas charter, sino que él fundamento de estas escuelas es la creencia de qué la empresa privada es mejor que el sistema público.
Estas empresas privadas, con el nombre ficticio de “sin fines de lucro”, encarecerán los gastos de administración de las escuelas. Inicialmente será el gobierno de Puerto Rico quién financie esta operación. Paulatinamente el gobierno iría abandonando su responsabilidad fiscal con la educación y fijando esta responsabilidad en las comunidades, agravando el clasismo en la educación. Las escuelas de comunidades adineradas, con más recursos económicos y culturales mantendrían escuelas modelo con los recursos tecnológicos más avanzados, mientras que las comunidades pobres, de clase trabajadora y marginadas apenas podrían subsistir y vivirían ante la posibilidad de que eventualmente sean cerradas.
No hay que esperar a que se instauren las primeras escuelas charter en Puerto Rico para que veamos los efectos de la privatización. Ya se han contratado una serie de compañías para adiestrar maestros, padres y estudiantes, realizar tutorías, y hasta para dar charlas de motivación. Estas compañías privadas cotizan miles de dólares en charlas y conferencias cuyo contenido ha sido cuestionado por varias comunidades escolares en términos de su impertinencia. Estos contratos no producen el más mínimo cambio en las escuelas sino que desvían los fondos del Departamento de Educación hacia empresas privadas cómo Sapientis, o ASPIRA.
Las escuelas públicas residen en comunidades con diversos problemas sociales que afectan la calidad de la educación. Son las mismas comunidades escolares quienes verdaderamente conocen los problemas que los aquejan y las posibles soluciones. El mismo Departamento de Educación no respeta los derechos de autonomía y democracia plasmados en la ley orgánica del Departamento de Educación y en el Convenio Colectivo de la Federación de Maestros de Puerto Rico. Si de verdad el interés es concederle autonomía a las escuelas, entonces que se respete la organización escolar que escojan las comunidades escolares. Las empresas privadas, con o sin fin de lucro, no van a resolver los verdaderos problemas de la educación pública en Puerto Rico.