A nombre de los miles de suscriptores que sufrimos las graves consecuencias del colapso del Plan de Salud de la Federación de Maestros, estamos solicitando, públicamente, al Comisionado de Seguros, Licenciado Fermín Contreras, que nos informe oficialmente sobre el estado de la investigación realizada por su oficina. Ha pasado más de un año desde que esa pesquisa comenzó y todavía el Comisionado no ha dado a conocer los hallazgos ni ha ofrecido información específica relacionada con la fijación de responsabilidades en tan lamentable asunto. Peor aún, el pasado 19 de diciembre entregamos una carta en la Oficina del Comisionado donde le requeríamos sobre los resultados de la investigación y le solicitábamos una audiencia, pero hasta el momento no hemos recibido contestación alguna. Nos preocupa sobremanera que, después de haber hecho un compromiso público de que iba a investigar a fondo y hasta las últimas consecuencias las serias irregularidades ocurridas en el manejo del Plan de la Federación, el Comisionado esté retractándose de ese compromiso y permita que un asunto tan grave quede impune. El Comisionado de Seguros estaría renunciando a sus prerrogativas ministeriales y fallándole seriamente a los suscriptores del Plan de la FMPR si deja de realizar una investigación profunda de las causas que llevaron al cierre del Plan y de asignar las responsabilidades a los miembros de la Junta de Directores que propiciaron esa debacle.
Queremos recordarle al Sr. Fermín Contreras que él mismo señaló en varias ocasiones que las reclamaciones por falta de pago alcanzan la astronómica cifra de $48 millones y que en las acciones que llevaron al cierre del Plan de la FMPR se configuraban posibles delitos de negligencia, mal uso de fondos y múltiples violaciones al Código de Seguros de Puerto Rico, entre otras cosas. Igualmente, el Comisionado sabe que los directivos del Plan hicieron transferencias de más de $8 millones a la Corporación MAPLASA que no ofrecía servicio alguno a los suscriptores; que la Agencia Carey Media, encargada de la publicidad, recibió pagos excesivos ($6.6 millones en tres años y medio) gracias a su relación con el Presidente Renán Soto; que permitieron gastos excesivos en tarjetas de crédito; compras a sobreprecio; pagos a médicos inexistentes y hasta bonificaciones extraordinarias a los altos funcionarios del Plan.
Así mismo, el Comisionado conoce que ha trascendido públicamente que los directivos del Plan pueden haber incurrido en acciones criminales y violaciones a leyes federales que protegen los derechos de los asegurados de los planes médicos. De hecho, se ha comentado que para enero del año pasado la fiscalía federal asumió jurisdicción en este caso investigando posibles violaciones a la Ley HIPA (Health Insurance Portability and Accountability Act de 1996) y a las leyes relacionadas con el manejo de las Organizaciones HMO (Health Management Organizations).