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BREL1| Publicado el 22 septiembre 2019
En octubre de 1994 la compañía Applied Energy Systems Puerto Rico, L.P. (AES) presentó ante la Junta de Planificación una consulta de ubicación para construir y operar una planta de cogeneración de energía en una finca localizada en el Barrios Jobos del Municipio de Guayama Puerto Rico. La propuesta fue aprobada por la Junta de Calidad Ambiental en el año 1996, pero no sin la oposición de distintos sectores en lucha.
Antecedentes
Desde finales de los 90’s grupos ambientalistas como Misión Industrial, Guayama Sur y Sur Contra la Contaminación (“SURCCO”), así como la UTIER denunciaban las nefastas consecuencias que tendría la carbonera en el sur de Puerto Rico. Esa resistencia venía acompañada de una lucha en contra de un vertedero para el área de Salinas propuesto por la compañía BFI, ya que entendían que con el vertedero se estaba allanando el camino para el depósito de las cenizas que produciría la planta de carbón. 1
Para los sindicatos energéticos la instalación de la planta de carbón representaba el comienzo de la privatización de la generación de la electricidad y la introducción de una fuerza laboral no unionada. 2 Aparte de lo anterior, entendían que las proyecciones de la AEE con respecto a la generación de energía eran erradas y los propios datos de la AEE demostraban que se habían logrado unos ahorros de megavatios significativos mediante mejoras capitales al sistema, reorganización la red y remplazo de equipos viejos. Según indicaba la UTIER, se proyectaba que dichos ahorros fueran aumentando con el pasar de los años y sumados a la construcción de la planta de Cambalache hacían totalmente innecesaria la construcción de la planta propuesta por AES. 3
Ambientalistas como Sarah Peisch, por su parte, señalaban que la EPA no había tomado en consideración las circunstancias particulares que rodeaban a la comunidad de Jobos y la región sur. 4 Era esencial que se considerara que Barrio Jobos ya tenía problemas de contaminación, pues allí había una zona industrial con farmacéuticas como ICI y Baxter y la petroquímica Phillips. Asimismo, había una alta incidencia de enfermedades respiratorias en comparación con las áreas urbanas de Puerto Rico.
Sin embargo, ninguno de los elementos antes mencionados bastó y luego de varios años de batallas dentro y fuera de los tribunales, en 2002 la planta AES en Puerto Rico comenzó operaciones. Resulta importante destacar que una de las bases para la aprobación de la Declaración de Impacto Ambiental de la planta de AES era, según estableció el Tribunal Supremo de Puerto Rico en Misión Industrial v. Junta de Calidad Ambiental, 145 DPR 908, que “…ni la ceniza ni sus derivados serían depositados como desperdicios sólidos en los vertederos de Puerto Rico”.
Los hechos confirmaron las denuncias
A pesar de lo anterior, al iniciar operaciones AES comenzó a promocionar el Agremax, un eufemismo de las cenizas, que como cuestión de hecho fue utilizado en toneladas en municipios de todo Puerto Rico como material de relleno para la construcción de carreteras y viviendas. 5 Así Puerto Rico y la República Dominicana se convirtieron en vertederos de la AES. Miles de toneladas de cenizas tóxicas fueron a parar a innumerables fincas y como material de relleno en carreteras, urbanizaciones y centros comerciales, en Guayama, Arroyo, Salinas, Caguas, Juncos y otros. A partir de 2003 sobre 27 mil toneladas de cenizas fueron descargadas a pocos pasos de la costa de Arroyo Barril, República Dominicana. Otra cantidad indeterminada fue a parar al mar, donde se reportó gran cantidad de peces muertos y daños al mangle de esa costa dominicana. Casos de abortos involuntarios y malformaciones de neonatos se denunciaron en Arroyo Barril y otros males respiratorios y erupciones en la piel se asociaron a las cenizas también en Manzanillo y más distante, en Colonia Carbonera.6 El común denominador en ambos países lo ha sido el depósito mayoritario de cenizas en las comunidades más pobres.
En Puerto Rico, por su parte, la administración PPD de Alejandro García Padilla dio luz verde para viabilizar el depósito de cenizas en Puerto Rico a través de una enmienda al contrato entre la AEE y la AES en el 2015. Esto luego de que la EPA le diera el visto bueno. La enmienda la contrato y sus repercusiones desató una intensa lucha en contra del depósito de cenizas en el vertedero de Peñuelas. Decenas, sino cientos de personas fueron arrestadas en acciones directas contra el depósito de cenizas en Peñuelas entre el periodo de 2016 a 2018.
Más allá de las cenizas; emanaciones por aire y cáncer
La AES está establecida a pasos de las comunidades Puente Jobos, Miramar, Santa Ana y Pozuelo. A un radio de 5 kilómetros de la planta se encuentra la Escuela Elemental Oscar Hernández y la Escuela Adela Brenes Texidor, quienes reciben a diario y directamente la contaminación por aire de la quema de carbón. Esto, aparte del hecho de que la AES concentra en sus predios una enorme montaña de cenizas a la intemperie, soltando constantemente polvo fugitivo de cenizas.
Un estudio epidemiológico realizado en las comunidades de Puente de Jobos y Miramar de Guayama por el Programa de Maestría de la Escuela Graduada de Salud Pública del Recinto de Ciencias Médicas (RCM) arrojó que las mujeres que residen en estas comunidades tienen seis veces más probabilidad de sufrir un aborto espontáneo que las habitantes en el Municipio de Fajardo. Además, el estudio determinó que las personas adultas que viven en Guayama tienen hasta nueve veces más predisposición a padecer bronquitis crónica que aquellas que viven en Fajardo. 7 Numerosos casos de cáncer se han denunciado, atribuidos a las emanaciones y cenizas de la AES en estas comunidades. En Guayama solamente, las emisiones tóxicas sumaron 410,019 libras en 2016, ocupando el preocupante primer lugar en Puerto Rico. A la misma vez el área sureste cuenta con la mayor cantidad de municipios con la más alta incidencia de todos los tipos de cáncer en la Isla (292.01 – 335.10 por cada 100,000 personas)8.
Como si lo anterior fuera poco, un estudio realizado por la propia AES entre agosto y noviembre del 2017 evidenció que la montaña de cenizas de la AES está liberando cantidades elevadas de contaminantes a los acuíferos subterráneos del sur. 9 Mientras, un estudio comisionado por la organización EarthJustice en 2019 concluyó que hay peligrosas concentraciones de arsénico inorgánico en al menos dos comunidades de Salinas en donde se depositaron cenizas de la AES en el pasado10.
Aunque la AES no es la única empresa contaminante de Guayama, su producción de electricidad a base de la combustión de carbón aumenta el peligro a la salud de estas comunidades y es una de las causantes de cambio climático.
¿Lucha contra las cenizas o contra la quema de carbón?
La firme resistencia y lucha contra el depósito de cenizas de la AES en los vertederos del sur ha sido fundamental para traer el tema de la quema de carbón a la discusión pública nacional. Sin embargo, en muchas ocasiones el enfoque era uno limitado. Los planteamientos se dirigían mayormente a detener el depósito de cenizas de carbón en los vertederos y no a atacar el problema real: la utilización de la quema de carbón para producir energía eléctrica en Puerto Rico. Existe un consenso en la comunidad científica en torno a que el carbón es el combustible fósil más dañino para el ambiente.
Sin embargo, no son pocos los que plantean que la AES es necesaria en Puerto Rico para atender la demanda energética. Además, están quienes plantean que la AES es necesaria porque produce energía a un bajo costo. Sin embargo, lo cierto es que la demanda energética viene en descenso constante como resultado de la desindustrialización y la migración. Por otro lado, el costo económico de la operación de la planta de carbón en Puerto Rico no considera las serias repercusiones contra la salud de las personas en las áreas cercanas a la planta. Este costo es incalculable y en términos de política pública es uno que sencillamente no se debe asumir. La salud y la vida debe ir por encima de cualquier costo.
Afortunadamente, luego de los procesos de lucha que se han desarrollado a lo largo de todos estos años, parece haber un consenso de que es necesario el cierre de la planta de carbón. De hecho, tan reciente como abril de este año el depuesto ex gobernador de Puerto Rico Ricardo Rosselló anunció que estaba en conversaciones con la AES para finalizar la quema de carbón en el 2020. Resulta claro que esa promesa de Rosselló fue recibida con desconfianza por parte de las comunidades directamente afectadas por la operación de la AES. Por ende, la única manera de garantizar el cierre permanente de esa planta es incrementar la militancia.
Sustentabilidad energética bajo el control del pueblo trabajador
El uso de combustibles fósiles como el petróleo, el gas natural y el carbón deben quedar en el pasado. Ahora más que nunca sabemos las nefastas consecuencias que décadas de utilización de estas fuentes de energía han tenido para el planeta que se vuelve inhabitable aceleradamente. Acogemos la propuesta lanzada por el compañero Miguel Báez Soto en su escrito “El gasoducto, el gas natural y una nueva política energética”, en donde planteaba que era imperativo, en primer lugar, “lograr la diversificación y autosuficiencia energética sostenida sobre el desarrollo de infraestructura de producción fundada en fuentes de energía renovable”. En segundo lugar, “[concebir la energía] como un bien social por lo cual su producción y manejo debe estar bajo el control de los trabajadores y el pueblo pobre. Por lo tanto, la debemos rechazar el control privado de todos los recursos energéticos en cualquiera de sus etapas: producción, distribución y venta”. 11
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