La vida frente a la explotación energética y la quema de carbón

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Eric Abreu

Bandera Roja

El asunto de la quema de carbón mineral en Guayama, y sus consecuencias para todo el país, tiene varias vertientes importantes. Entre ellas se encuentran el costo del servicio de energía eléctrica, los empleos generados, la confiabilidad del servicio, y su impacto sobre el ambiente y la salud. Para las comunidades directamente afectadas por los desperdicios que produce la quema, la salud es la vertiente de mayor prioridad. En ellas, la lucha de los vecinos por sus vidas es un asunto ético que comienza a aparecer entre los nubarrones tóxicos de la explotación energética.

Mirando al pasado más reciente, en los últimos 5 años, grupos comunitarios desde Humacao hasta Peñuelas han realizado acciones concretas para dar a conocer su preocupación por el deterioro al ambiente y a la salud que observan en donde viven y en sus vecinos. Entienden que estos graves problemas se relacionan con quemar carbón para generar la energía eléctrica que todas y todos necesitamos. Por ello, han hecho varias gestiones que van desde orientar a sus comunidades sobre el daño a la salud que la quema carbonera desató en República Dominicana, Oklahoma y otras partes del mundo, hasta participar en vistas públicas en torno a la ley no. 40 de 2017 sobre el depósito de cenizas. También se han manifestado en agencias exigiendo públicamente entre otras cosas un estudio del ambiente y la salud en las comunidades, que responda a sus dudas sobre la seguridad de quemar carbón considerando los químicos venenosos que se producen y que llegan a su comunidad.

Una visita breve a cualquiera de las comunidades afectadas en Puerto Rico, basta para constatar que los desperdicios carboneros de la Applied Energy Services (AES, por sus siglas en inglés) están presentes en el aire, el agua, el suelo, y dentro de las casas en estas comunidades; igual que se ha evidenciado en Oklahoma, y, en el pasado, en República Dominicana. A pesar de ello, y de la consistencia en las acciones de estos grupos de ciudadanas y ciudadanos, hasta el momento el gobierno no ha realizado o pagado para hacer un estudio que analice la relación entre la quema carbonera y las condiciones de salud que padecen sus vecinos. Mas bien, el gobierno descansa en las leyes y reglamentos aprobados para el control de la contaminación carbonera. Varias administraciones gubernamentales, sin distinción de partido político, evadieron hacer el estudio solicitado por las comunidades bajo la premisa de que los desperdicios carboneros no son peligrosos porque quienes queman carbón lo hacen cumpliendo con el contrato de servicios, las leyes y los reglamentos pertinentes.

 

Ante la indiferencia gubernamental, comunidades como Tallaboa Encarnación de Peñuelas realizaron acciones directas para detener el depósito de cenizas de carbón en un vertedero cercano, procurando protegerse contra mayores daños al ambiente y la salud. Esos esfuerzos culminaron en una victoria parcial, ya que se detuvo el depósito de cenizas en Peñuelas y Humacao. Y, temporalmente, la carbonera ha estado exportándolas a Jacksonville, Florida para depositarlas en vertederos allí y en Virginia. Pero no fue una victoria fácil. La reacción del gobierno a la militancia comunitaria en Tallaboa Encarnación llegó al punto de utilizar contra ellos y quienes les apoyaron una fuerza de decenas de agentes, automóviles, motoras y hasta un helicóptero de la Policía de Puerto Rico, además de numerosos contingentes de la Fuerza de Choque de esa agencia pública. Con ello, por un tiempo, el gobierno garantizó que continuara operando la carbonera AES y la empresa EC Waste que opera el vertedero. Tal movilización y despliegue de fuerzas estatales tiene parecidos con una acción de defensa militar. Da la impresión de que, en aquel momento, el país volcó sus recursos en una guerra contra algo muy peligroso que amenazaba al país. Pero, debe aclararse que se trataba de gente trabajadora, en su mayoría de comunidades pobres, defendiéndose de una red de empresas genocidas y abusadoras que se enriquecen a costa de su salud y bienestar.

Visto del punto de vista de las comunidades afectadas, el que personas con puestos gubernamentales en distintos momentos y de distintos partidos hayan utilizado ampliamente los recursos del gobierno para defender la quema de carbón constituye una táctica dilatoria. Con ello se retrasan la acciones gubernamentales adecuadas a favor que la misma continúe sin mayores consecuencias para la rentabilidad de la carbonera y negocios relacionados. De esta manera, el gobierno ha logrado extender por años el periodo de ganancias máximas de la red carbonera. Pero, también, al retrasar la investigación de la relación entre la quema carbonera y la salud comunitaria, extendió por el mismo término de años el dolor y sufrimiento por condiciones de salud que la contaminación carbonera exacerba en vecinos de las comunidades. Esta, sin embargo, no es la única táctica dilatoria dentro de la estrategia multipartidista en defensa de las ganancias carboneras.

Los funcionarios estatales de turno también se han allanado a la táctica de la AES de proyectar públicamente como un grupo insignificante a quienes señalamos que la quema de carbón amenaza gravemente la salud pública. El primer componente de esta táctica es que los medios de prensa comerciales publican entrevistas y anuncios donde los ejecutivos carboneros nos tildan de “unos pocos” que “se oponen a todo”, y que somos “independentistas”. También publican el que ni los ejecutivos ni los empleados de la red de negocios carboneros conocen de personas con condiciones delicadas de salud en la comunidad, y que en la AES los empleados gozan de buena salud. El segundo componente que refuerza esta táctica lo es el canal de televisión del gobierno. El noticiero del canal no hace su propia investigación sobre estas alegaciones. Como medio de prensa oficial en el país, al guardar silencio, ayuda a crear la impresión en el público de que es válido y cierto lo que han dicho la AES, EC Waste, y los dueños de negocios de transporte de cenizas (“camioneros”), sobre la situación de la comunidad y sobre los grupos comunitarios.

Las comunidades afectadas por la contaminación carbonera son, en su mayoría, de las más pobres. Para elevar el nivel de vida colectivo, estas comunidades en la región de Guayama, y en todo Puerto Rico, necesitamos proyectos energéticos que signifiquen progreso en nuestras relaciones sociales además de representar ingresos familiares. La realidad es que, luego de más de 15 años de operación en Puerto Rico, y en Oklahoma, la carbonera AES se distingue por lo contrario. Incapaz de lograr el apoyo colectivo mayoritario para la propuesta carbonera que amenaza y mina gravemente la salud, depende para su éxito de profundizar las divisiones que se generan tanto en la opinión pública como en las comunidades; desde Oklahoma y República Dominicana, hasta nuestro país. Aquí, de un lado están los que obtienen beneficios económicos como un sueldo, una donación carbonera para un equipo o escuela local, o para su campaña política, o una factura mas baja del servicio eléctrico. Del otro, están los que sufren más los efectos de la contaminación carbonera a su salud y al ambiente, además de los ataques de la AES y la indiferencia de los funcionarios electos o designados. Ejemplo de ello son los vecinos pacientes de asma, de bronquitis crónica, de enfermedades cardiacas, y de cáncer, que reclaman públicamente las acciones pertinentes del gobierno para frenar el acelerado curso de sus condiciones hacia una muerte prematura.

Burlándose de los que abogan por la salud comunitaria y tildándolos de mentirosos, mientras beneficia a los que callan sobre el tema, la AES promueve la desconfianza entre vecinos. Esto dificulta que se trate el aumento en las enfermedades y muertes (de niños, adolescentes, adultos y viejos) en la comunidad de manera objetiva. Entendemos que tales actos de mala fe descalifican esa compañía para ser parte de un verdadero progreso tanto económico como social para las comunidades del país. Para enderezar el rumbo del bienestar comunitario exigimos que el gobierno anule su contrato cuanto antes. Además, debe identificarse a la AES y sus socios, como empresas de no fiarse, que promueven el atraso de la calidad de vida colectiva, y con la cual el gobierno no debe hacer contrato nuevo alguno. Ese es un buen principio para unirnos a la transición a energía renovable que ocurre a nivel internacional y que debe ser protagonizada por las comunidades mismas.

 

En países como Canadá y Australia los gobiernos reconocen la energía renovable como una mucho más barata a largo plazo, menos dañina a la salud, que crea más empleos localmente, y que, por lo tanto, mejora la calidad de vida integralmente en las comunidades.  Ambos países cuentan con planes de transición para hacer el cambio a energía renovable de manera ordenada, planificada, y justa para todas las partes. El gobierno de Canadá, por ejemplo, creó un grupo de trabajo a nivel nacional para hacer una transición planificada y ordenada a la energía renovable[1]. El grupo incluye personas con amplia trayectoria en la protección de la clase trabajadora y en la implantación de política pública ambiental, además de funcionarios públicos electos y ex-directores de plantas privadas. De otra parte, su provincia de Alberta estableció un programa para apoyar a trabajadorxs desplazadxs de las industrias de la minería y la generación eléctrica basadas en carbón. El programa incluye un salario transitorio para las personas desplazadas que, para asegurarles al menos el 75% de su sueldo actual, combina pagos bi-semanales con pagos de beneficios por desempleo. Las ayudas pretenden servir a lxs desplazadxs tanto para cambiarse a otros trabajos, como para retirarse, o para estudiar otra carrera. También consisten de incentivos para que las comunidades comiencen proyectos de empresas nuevas localmente, y para que las empresas que reciben a los desplazados puedan adiestrarlos e integrarlos mejor y más rápidamente a sus industrias.

Australia, por otro lado, se encuentra en proceso de cerrar todas su plantas de carbón al sur del país y, en su lugar, utilizar energía térmica solar, además de energía de luz solar y de viento[2]. Su plan de transición detalla el número de empleos estimados que supondría esta transición, y cómo la nueva industria energética puede recibir sin problemas el número de empleados que quedarían vacantes al clausurar todas sus plantas de carbón en Australia del Sur. Además, explica por qué en términos de costos y de empleos, el gas natural no es una opción para su país. Esto aún cuando Australia produce localmente gran parte del petróleo y gas natural que allí se consume. En Puerto Rico, se ha iniciado el desarrollo de la gestión energética comunitaria. Entendemos que impulsando ese enfoque de participación colectiva, junto al concepto de la energía eléctrica como un derecho humano, se lograrán verdaderos avances en la calidad de vida y la conciencia política de la clase trabajadora.

Entre la complejidad del tema energético, podemos ver mas claramente el retraso por demasiados años y demasiadas vidas que acabaron a destiempo, de una acción ética y efectiva del gobierno sobre las preocupaciones de salud reseñadas. Para sobrepasar las citadas barreras que, más allá de atrasar, estancan el verdadero progreso en la calidad de vida colectiva, y, con el objetivo de brindar un panorama más completo y detallado de las comunidades afectadas por la quema de carbón, urge divulgar el grave daño a la salud y la vida que, junto a la indiferencia gubernamental, causa la quema de carbón en Puerto Rico. Un amplio sector del país reconoce que es el momento para detener los abusos de los capitalistas, y promover el bienestar colectivo sobre el de unos pocos individuos. Es parte indispensable de ello promover proyectos comunitarios de energía renovable, cerrar la carbonera, y exigir una prohibición a firmar contrato nuevo alguno con la AES o con empresas con las cuales ésta se asocie.

 

 

 

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[1] Task Force: Just Transition for Canadian Coal Workers and Communities, https://www.canada.ca/en/environment-climate-change/services/climate-change/task-force-just-transition.html, 2018-04-25

[2] Repowering Port Augusta, A Blueprint to replace Northern and Playford B coal power stations with renewable energy, Beyond Zero Emissions, www.bze.org, 2013