El 22 de abril el Senado de Puerto Rico aprobó el Proyecto 430 que enmienda la Ley de Alianzas Público-Privadas (APP, Ley 29-2009) para incluir “la construcción, mantenimiento u operación de estructuras cuyo único propósito sea albergar a mujeres víctimas de algún delito de violencia doméstica en Puerto Rico”. Este proyecto va de la mano con el P. de la C. 415 y es un refrito de 2009 cuando la gobernadora era presidenta de la Cámara de Representantes.
La Red Nacional de Albergues de Violencia de Género de Puerto Rico (una coalición compuesta por 7 organizaciones que administran 9 albergues especializados para sobrevivientes de violencia doméstica) ha expresado reiteradamente su preocupación y oposición a dicho proyecto. Haciendo claro que los servicios para sobrevivientes requieren un enfoque centrado en los derechos humanos, la confidencialidad, la atención psicosocial y el acompañamiento integral, no sólo en proveer un techo físico. La idea de usar APPs para brindar estos servicios es un error garrafal, ya que estos no son mecanismos adecuados para atender necesidades que se generan en momentos de crisis y que requieren un enfoque sensible y especializado. Además, existe una preocupante falta de claridad sobre cómo se financiarán estos proyectos en un país en quiebra y si las entidades que los operen contarán con la capacidad y el peritaje necesario. La pregunta obligada es ¿a qué amigo del alma beneficiará esta movida del gobierno?
Por más de 40 años las organizaciones que componen la Red de Albergues han demostrado una capacidad administrativa sólida, transparente y resiliente (recordemos el Huracán María y la Pandemia de COVID19). La verdadera crisis de los albergues no radica en la falta de infraestructura física, sino en la inestabilidad de los fondos estatales, los retrasos en los pagos por reembolso y la ausencia de una política pública coherente. La solución no está en construir más estructuras, sino en invertir en prevención, educación con perspectiva de género, vivienda permanente y programas de seguridad económica. El problema de la violencia de género no se resuelve solamente construyendo infraestructura y privatizando servicios, tampoco es un negocio, aquí estamos hablando de la vida de las mujeres. La violencia de género es un problema profundo arraigado en nuestra sociedad que requiere transformar las concepciones sociales, políticas y educativas.
Es hora de detener la corrupción, el favoritismo político y de estar comerciando con el dolor y las crisis de las sobrevivientes y sus familias. Hay que priorizar esfuerzos y trabajos organizados que vayan a la raíz del problema de la violencia machista, que respeten y garanticen los derechos y la dignidad de las sobrevivientes.
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