Miguel Ángel González Varela, de 60 años, enfrenta cargos tras el asesinato de Whisler Jared Rancel Galarza, de 21 años. Los hechos ocurrieron el sábado, 5 de julio en horas de la madrugada en el Residencial Manuel Zenón Gandía de Arecibo tras enterarse que su hija recibió una brutal golpiza a manos de Rangel Galarza, quien fue su pareja. Vecinos de la comunidad alegan que existe evidencia de que el hombre de 21 años abusaba físicamente de la hija del presunto asesino, mejor conocido como “Don Miguel”.
El arresto de Don Miguel ha generado controversia en el país. Pero hablar solamente “del caso de Don Miguel” para quedarnos en el debate de determinar si estuvo bien o mal es ignorar por completo que el caso se trata de una joven víctima y sobreviviente de violencia de género, de una familia afectada y de un sistema cómplice.
La realidad es que el gobierno no logra atender los casos de violencia de género; tampoco protege a las víctimas, no ofrece recursos ni servicios de salud mental accesibles y no provee soluciones. La actitud del gobierno es irónicamente defensiva al reaccionar a reclamos de casos que captan la atención del país. Las agencias no aceptan que no logran articular política pública efectiva y no reconocen que las víctimas de violencia son víctimas del Estado porque el Estado les falla.
En este caso, la respuesta del gobierno ha sido la de apaciguar el juicio público que inmediatamente se dio en la calle y plataformas digitales. La gobernadora, Jennifer González, junto a la Secretaria de Justicia, Lourdes Gómez Torres, inmediatamente emitieron un mensaje oficial instando a la ciudadanía a mantener la calma y a confiar en el debido proceso legal. También hicieron un llamado a “no permitir que las redes sociales sustituyan los tribunales”. A su vez, la Procuradora de las Mujeres, Astrid Piñeiro, solo ha demostrado desconexión con la realidad que enfrentan las mujeres del país. Solo se ha limitado a actuar a favor de las recientes políticas racistas de los Estados Unidos y a continuar apariciones de campaña mediática huecas, sin asumir postura alguna en este caso. Y pese a que el debido proceso se debe dar, las palabras y acciones de estas funcionarias con puestos altos en las agencias pertinentes carecen de interés y de la debida reflexión: ninguna de ellas admite la responsabilidad e incompetencia del sistema ante un asunto urgente.
El debate que busca determinar si se trata de un caso de defensa o asesinato se queda corto cuando reconocemos que se trató de una traumatizante situación en la que se tuvo que tomar la decisión de romper un ciclo de violencia: de defender nuestra propia vida y la de las mujeres versus esperar y confiar “con calma” en el debido proceso de un sistema que actúa como si no le importasen nuestras vidas. Más allá de estancarnos en enjuiciar a Don Miguel y conformarnos con una justicia punitiva como si fuera siempre la única solución, necesitamos exigirle al Estado a tomar acción y reclamarle a: la policía, la Procuradora de la Mujer, los tribunales, la gobernadora, la legislatura que tarda en implementar una educación con perspectiva de género, y a un sistema que no trabaja las causas estructurales del problema.
Pretender castigar a un hombre que se vio en la obligación de defender la vida de su hija no resuelve nada, sino que perpetúa la crisis y el sufrimiento de las víctimas. Hay que reconocer que estos casos son complejos y que no podemos caer en la simplificación de hablar de un asesinato sin mencionar a la víctima de un Estado que es incapaz de atender y prevenir casos y tragedias de violencia doméstica. Tampoco podemos invisibilizar la realidad de que en cada caso uno de estos casos de violencia de género siempre hay víctimas colaterales que sufren, no solo durante sino posteriormente a la relación o al desenlace letal, y son afectadas en su integridad emocional y, en ocasiones, física también. Y esas víctimas se ven forzadas a tomar decisiones para protegerse. En este caso un padre escogió impedir un feminicidio y bregar con esa consecuencia después.
Dirigir el país con una consciencia feminista y socialista es urgente. Un gobierno de mujeres no es solo nombrar mujeres en un gabinete para tokenizar la inclusividad cuando en la práctica preservan el machismo y la indiferencia violenta del gobierno. Ante un sistema que nos mata, tenemos que escoger entre la autodefensa o ser parte de una estadística.
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