Un clima de persecución política y hostigamiento laboral mantiene detenidas labores importantes de la Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos (OATRH) del Gobierno de Puerto Rico. Este clima es el fruto de decisiones arbitrarias tomadas por el director Facundo Di Mauro, Rosemarie O’Connell Guzmán y funcionarios de confianza vinculados a la Gobernadora Jennifer González. Los afectados incluyen personas que en el pasado estuvieron vinculados al saliente gobernador Pedro Pierluisi, al PPD y no afiliados quienes han visto el daño sobre su salud física y emocional.
Imágenes suministradas a Bandera Roja muestran evidencia de una práctica de carpeteo, hostigamiento y persecución hacia los empleados de la agencia. Una de las afectadas dialogó con este medio e informó que “había una persona destinada a anotar en una bitácora hasta las visitas al baño de cada uno de nosotros”. En un escritorio de la agencia encontraron carpetas rojas identificadas con los nombres de cada uno de los empleados que se sienten hostigados. Estas carpetas contenían información privilegiada, como por ejemplo expedientes médicos privados y cartas de recursos humanos con información personal.
Los empleados han sido marginados de sus funciones y se encuentran sin tareas asignadas acorde con la descripción de sus puestos. Estos forman parte del personal asignado al Instituto de Adiestramiento y Profesionalización de los Empleados del Gobierno de Puerto Rico (IDEA). Rosemarie O’Connell Guzmán, directora de IDEA, ha permanecido en su puesto a pesar de ser uno de confianza y no mediar un nombramiento formal bajo la nueva administración.
La ley 8 de 2017 en su sección 6.5 instruye a la OATRH a crear un programa de adiestramiento continuo de los empleados del gobierno en coordinación con la Universidad de Puerto Rico. Este conflicto ha detenido el funcionamiento ordinario de esta división lo que ha implicado que los adiestramientos en las agencias están siendo administrados por entes privados lo que representa un incremento en los costos de operación de todo el gobierno.
La OATRH es la agencia destinada a atender los recursos humanos del gobierno, y entre sus funciones establecidas por la ley número 8 del 2017 está velar por el cumplimiento del plan de clasificación de todo el gobierno y garantizar nombramientos libres de discrimen político, de raza, sexo, origen, condición social, etc. Resulta contradictorio que las prácticas laborales internas de la agencia de recursos humanos del gobierno contradigan los principios éticos y legales por los que se deberían regir.
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