El acceso a la energía eléctrica no es un privilegio sino un derecho humano esencial. Derecho que ha sido despojado por el gobierno colonial de los ricos mediante la privatización. LUMA, Genera PR, AES, las compañías de placas solares, y de generadores eléctricos, se lucran de la venta del acceso a la energía eléctrica.
De 1893 a 1915 la industria eléctrica era privada y para unos pocos privilegiados en Puerto Rico. En ese último año se construye la central hidroeléctrica en Carite, comenzando la primera generación eléctrica pública. A principios de la década de 1940 se crea la Autoridad de Fuentes Fluviales sustituyendo a las compañías privadas y en 1979 cambia su nombre a Autoridad de Energía Eléctrica. Durante todo ese período, se construyó toda la red que dio acceso a la electricidad a prácticamente todo el país. La UTIER fue fundamental en ese proceso como sindicato comprometido con la clase trabajadora.
A principios de este siglo toma auge la privatización; la EcoEléctrica con la generación mediante gas natural y AES con la quema de carbón. Es harto conocido el desastre ambiental que provoca la Carbonera. Ambas empresas tienen contratos multimillonarios que pagamos en altas tarifas en nuestras facturas.
La imposición de la Junta de Control Fiscal, mediante la Ley PROMESA en 2016 es la culminación de la quiebra pública por los representantes de la burguesía puertorriqueña al servicio de los intereses económicos foráneos. Así se facilita que LUMA Energy y Genera PR asuman el control del sistema eléctrico y de paso destruir la UTIER como oposición. Dejando a la clase trabajadora golpeada con deudas multimillonarias a largo plazo.
Como si fuera poco, el ineficiente servicio eléctrico privatizado ha dado paso a compañías que venden sistemas fotovoltaicos, embrollando aún más a los consumidores. Cuando bien pudieran construirse redes comunitarias solares con la AEE a un costo mucho menor.
La falta de poder político impide la solución de este problema de accesibilidad a electricidad confiable que responda a las necesidades de la inmensa mayoría y a alternativas renovables públicas que reduzcan el impacto ambiental y su costo. Es a favor de esa inmensa mayoría a la que pertenecemos, que debe dirigirse la propuesta de independencia. Para que ésta responda a favor de quienes crean la riqueza y sostienen el país y no para lucro de los pocos que se apropian de ella.
