En Puerto Rico, como en el mundo, la situación ambiental es crítica debido al cambio climático y la explotación desmedida de recursos naturales. El capitalismo nos lleva a un callejón sin salida, priorizando sus ganancias sobre la protección del medioambiente y la salud de las comunidades, particularmente las más pobres.
Aumentos en las emisiones de CO2 y gas metano han provocado un efecto invernadero y el deterioro de la capa de ozono. También las empresas capitalistas extraen desmedidamente petróleo, gas natural, litio, coltán y tierras raras. Esto ha provocado desastres ambientales y el desplazamiento de comunidades. Incluso enfermando a sus habitantes con desechos que contaminan su agua, suelos y aire. En el Delta del Níger más de 13,500 residentes de las comunidades de Ogale y Bille han demandado a la Shell por derrames de petróleo que han destruido sus medios de subsistencia y contaminado sus recursos básicos de agua, tierra y pesca. Este es solo uno de múltiples casos.
En medio de esto, científicos ambientales a nivel mundial impulsan la sustitución de combustibles fósiles por métodos de energía renovable, como placas solares, molinos de viento e hidroeléctricas. Pero esto presenta una grave contradicción. Por ejemplo, el “Triángulo del litio», zona transfronteriza entre Argentina, Bolivia y Chile, la cual constituye la reserva de litio más grande del mundo, enfrenta fuertes protestas de pueblos originarios por el uso desmedido del agua por parte de corporaciones alemanas, chinas y norteamericanas para el uso de baterías de autos eléctricos, de celulares y de sistemas solares.
En el caso de Puerto Rico, la implementación de la energía renovable también se lleva a cabo como una mercancía individualizada, sin planificación ni consideración por el impacto ambiental, económico y accesible a la mayoría de la población. Para marzo del 2024 se calcula en más de 117,500 la cantidad de sistemas de placas solares en los techos de casas, comercios, industrias y la agricultura. Un desembolso multimillonario a la importación de estos equipos. Y contrario a lo que se suele decir, los sistemas fotovoltaicos son costosos y requieren un conocimiento básico para manejarlos que para mucha es complicado. No es accesible a todes.
Por otro lado, no se conoce un plan gubernamental para el manejo de millones de estos paneles fotovoltaicos que serán desechados pues su vida útil promedia los 25 años. Las baterías de ácido/plomo duran como mucho 5 años, las de litio poco más de 10 años y a nivel gubernamental no se ha difundido un programa responsable para su reciclaje o disposición.
La energía renovable bajo el capitalismo no puede solucionar el grave problema ambiental que enfrentamos
Qué podemos proponer:
La independencia política y socialista nos permite decidir con mayor libertad impulsando un plan integral para:
Cambiar el sistema y priorizar la protección del medioambiente y la salud de las comunidades es la máxima prioridad. La energía renovable debe ser un derecho humano, no una mercancía.
Replantearnos un uso de la energía armonioso con el ambiente puede requerir cambios en los patrones de uso desmedido de la energía que podemos abordar en otro momento.
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