Luego de una fallida campaña publicitaria pagada con fondos públicos en la que prometió que Luma se iba, la gobernadora Jenniffer Gonzalez firmó a favor de las enmiendas al PS 63, mientras que vetó el PS 752. Las enmiendas al PS 63 dificultarán el acceso a la información pública mientras que el veto por parte de la primera ejecutiva garantiza mantener el privilegio de escoltas a ex funcionarios políticos.
El derecho por ley de obtener información, documentos, permisos, contratos, entre otros dentro de un tiempo razonable se ve directamente afectado con las enmiendas. Ahora las agencias de gobierno pueden tardar tanto como un mes en entregar información. El tiempo en cuanto a procesos de permisología es fundamental y, en la mayor parte de los casos por ejemplo, una vez el permiso es aprobado es más difícil apelar y fiscalizar trámites que no cumplen con el debido proceso de ley.
A su vez la gobernadora vetó el PS 752, una medida que buscaba eliminar el privilegio de escoltas a exfuncionarios públicos. El derecho del pueblo a mantenerse informado y a tener un gobierno que lleve a cabo procesos con transparencia es obstaculizado mientras que se protegen los privilegios de personas con poder político.
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