Malabarismo populista la Reforma Contributiva

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La propuesta de reforma contributiva de la Gobernadora Jennifer González representaría un costo de sobre 500 millones de dólares contra el fondo general del gobierno. Si bien los altos costos de vida y la falta de salarios dignos para la gente trabajadora en este país nos coloca en un estado de miseria, la propuesta reforma podría implicar totalmente lo contrario que se pretende proyectar: una reducción de los servicios gubernamentales, mayor precariedad para la gente trabajadora y el desmantelamiento de programas sociales que atienden problemas fundamentales.

La historia ha demostrado que las reformas contributivas del PNP tienden a beneficiar a los sectores de más altos salarios por encima de las personas asalariadas o desempleadas. En esta reforma contributiva que aún está en discusión se habla de beneficios para las familias con ingresos entre 25,000 y 90,000 lo que incluye a amplios sectores de la clase trabajadora. Sin embargo, no se ha hablado de atender las inequidades regresivas que existen que benefician a las personas de altos ingresos y a las grandes corporaciones. Mientras el asalariado, en especial los empleados públicos, pagan contribuciones sobre todo lo que ingresan, son múltiples las excenciones contributivas, créditos y trucos contributivos para la burguesía.

En segundo lugar, la visión neoliberal de reducir el gobierno nos ha llevado al estado en que se encuentra el país hoy. La crisis que vivimos en las escuelas públicas, los hospitales, las carreteras, y otros servicios esenciales se debe a las políticas neoliberales de desmantelamiento del gobierno. Bajo la cantaleta del gobierno que era muy grande, nos han dejado sin las condiciones necesarias para vivir dignamente. La emigración en Puerto Rico es, en gran medida, una consecuencia de ese desmantelamiento y del despideo de miles de trabajadores del empleo público bajo las leyes impuestas por el PPD y el PNP. 

Por último, la Junta de Control Fiscal le ha denegado múltiples proyectos de ley al gobieno por “falta de financiamiento”. Sabemos que en ocasiones la propia Junta utiliza su poder dictatorial para imponer prioridades, independientemente de la capacidad de financiamiento, pero también el propio gobierno retraza la implantación de medidas de justicia social o salarial para “identificar los fondos”. 

Sin duda estamos ante un acto de malabarismo populista, que por un lado busca crear la impresión de brindar justicia económica, pero sabemos que detrás de esto se esconde el verdadero programa neoliberal de desmantelamiento de los servicios gubernamentales y de constricción del gobierno.