El golpe económico de los aumentos excesivos en las facturas afecta de manera desproporcionada los hogares dirigidos por mujeres solteras, quienes enfrentan mayores restricciones en sus ingresos y estabilidad. Este impacto acentúa las desigualdades existentes y limita sus opciones para satisfacer necesidades básicas.
Según la Oficina de la Procuradora de las Mujeres, el 95% de las mujeres en el país cuenta con uno o más empleos; muchos de estos son desde el hogar, produciendo artículos para la venta o trabajando de forma remota. Del sector de mujeres que no tienen y no están buscando otro empleo, un 31% no quiso dar sus razones; un 28% ya están en edad de retiro; un 7% no puede más por motivos de salud; y un 19% es porque son cuidadoras.
Las interrupciones del servicio afectan el funcionamiento diario del hogar, aumentando la carga laboral y casera. A esa carga se le suma, en muchos casos, el peso del cuidado de dependientes menores y mayores de edad, considerando que el rol de cuidadoras tiende recaer sobre las mujeres. Con los apagones, también se ve afectado el acceso al agua potable y, en las temporadas de calor intenso de los últimos años, la falta de energía eléctrica pone en riesgo la salud de familias enteras. Aunque también se ha visto el impacto en padres solteros y familias con dos fuentes de ingresos, son principalmente las jefas de familia quienes sacrifican su cuidado de salud y sus medicamentos con tal de poder pagar las facturas para mantener el servicio eléctrico del que dependen sus familias.
A casi 5 años de que Luma Energy entrara en funciones de la transmisión y distribución del sistema eléctrico de Puerto Rico, se estima que la cantidad de apagones llega casi a 300. Las decenas de aumentos del costo precarizan el día a día, la economía y la seguridad de toda la clase trabajadora. Sin embargo, suele tener un impacto más agudo en las mujeres.
La inestabilidad de servicios esenciales y el aumento en los costos de vida tiene un impacto desproporcionado en las tareas del hogar, el cuidado de personas dependientes y la operación de los pequeños negocios, generando un aumento de carga mental y financiera en las mujeres puertorriqueñas. Las políticas actuales relacionadas con el acceso a servicios esenciales, el reparto desigual de tareas de cuidado y la precarización del trabajo casero refuerzan las brechas de género ya existentes, perpetuando un ciclo de desventaja. Abordar estas situaciones requiere implementar cambios estructurales que eliminen barreras, promuevan la equidad y garanticen condiciones dignas para todas las mujeres.
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