Maltrato infantil y pobreza

Por

Hugo J. Delgado Martí

| Publicado el 5 marzo 2026

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En semanas recientes, han sido noticia múltiples casos en los que se alega que menores viven en condiciones infrahumanas: negligencia severa, desnutrición, maltrato e incluso cautiverio. Con toda razón, estos hechos provocan alarma y rechazo social; nos muestran la cara cruda de la violencia intrafamiliar y el abandono. Sin embargo, es importante recalcar que estas situaciones no pueden analizarse como hechos aislados ni como simples fallas individuales de los progenitores. Son expresión de una violencia estructural que se reproduce en la pobreza, la exclusión y la ausencia sistemática de servicios esenciales. Cuando un niño o una niña es hallado en estado de abandono, sin acceso a alimentación, salud o vivienda digna, se evidencia el fracaso acumulado de los sistemas de protección.

Desde una lectura crítica, estos casos no pueden desligarse de un sistema capitalista que administra la miseria mientras protege la acumulación. En Puerto Rico, cerca del 55 % de la niñez vive bajo niveles de pobreza, lo que contradice cualquier discurso de protección a la niñez. Las prioridades presupuestarias están invertidas: se recortan y privatizan servicios esenciales, se prioriza el pago de la deuda pública y se ofrece un paraíso fiscal a inversionistas extranjeros. A la vez, los programas de apoyo familiar y de salud mental operan con recursos mínimos. Además, se intenta limitar la capacidad de decisión de las personas gestantes, prácticamente obligándolas a parir, sin que el Estado garantice condiciones seguras para la niñez que nace.

Para quienes atienden estas situaciones en las escuelas y en el Departamento de la Familia, la carga es insostenible. Se trata de un sistema quebrado y abandonado, con sobrecarga laboral y condiciones de trabajo inseguras que evidencian ese abandono institucional. Proteger la niñez exige justicia laboral y condiciones dignas para esa primera línea de respuesta. Denunciar esta realidad no exime las responsabilidades familiares; señala, también, la responsabilidad del Estado y del sistema que precariza la vida.