Innacesible la vivienda

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| Publicado el 6 marzo 2026

Agustín Carrasquillo Pinet, viudo de Adolfina Villanueva, recuerda aún la amenaza de la fuerza policiaca y de la Unidad de Operaciones Tácticas: “De aquí los vamos a sacar vivos o muertos…”. Sesenta y seis años después, se escuchan los ecos de esta amenaza sobre todo el pueblo pobre y trabajador. Es una realidad evidente y constatable la ola migratoria de los últimos 20 años. Cientos de miles de familias han sido “sacadas” del país: simplemente se les ha hecho imposible sobrevivir aquí. El paso del huracán María desnudó nuestra vulnerabilidad: una infraestructura deteriorada, la dependencia de las importaciones y una negligencia gubernamental que directamente asesinó a 4 645 personas (contabilizadas) y expulsó a miles que —sin escuelas, sin techo, sin trabajo y sin red de apoyo— tuvieron que refugiarse en EE.UU.

Tras el huracán María, más de 700 000 hogares reportaron daños. Aunque se asignaron fondos CDBG-DR, el proceso de reconstrucción fue lento, con querellas por trabajos incompletos y criterios restrictivos que dejaron fuera a muchas familias sin titularidad formal. Del total de 85 escuelas afectadas por el huracán María, sólo una ha iniciado sus labores de reconstrucción. Si a esto sumamos los cierres de escuelas y las que fueron afectadas por los terremotos del 2020, el panorama de la infraestructura de nuestro sistema educativo es alarmante y desolador. Por último, la escasez de profesional médico y la debilidad del sistema eléctrico empujan a la población con condiciones crónicas de salud a embarcarse hacia el extranjero.

A nivel público, el gobierno ha anunciado, con “bombos y platillos”, programas para la compra de viviendas (primeros compradores): Pronto pa’ tu casa (Vivienda Joven). Sin embargo, los incentivos contrastan con el mercado de bienes raíces; un mercado sin suficiente inventario accesible, donde priman las ventas en efectivo y losl precios superan los valores de tasación. Los proyectos de ley dirigidos a regular el alquiler de propiedades fueron derrotados, y la protección a inquilinos ante los aumentos de renta es inexistente. En efecto, la política pública no promueve la permanencia de las familias trabajadoras. En contraste, el proyecto Esencia en Cabo Rojo avanza como desarrollo residencial y turístico de alto costo, apoyado por incentivos contributivos. Mientras la reconstrucción de hogares vulnerables enfrenta burocracia y subejecución, Esencia moviliza capital para un mercado de altos ingresos. La asimetría es clara: recursos públicos limitados para garantizar una vivienda digna y resiliente frente a beneficios fiscales para imponer una expansión inmobiliaria de lujo.