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Yolanda Rivera| Publicado el 7 septiembre 2019
Las imágenes de las playas erosionadas de la isla nos preocupan. Las noticias que salieron de los fuegos en el Amazonas que incendiaron los ganaderos de McDonald’s y el informe de contaminación de la carbonera AES nos preocupan también. Y es que todo es parte del mismo mal: la destrucción de los recursos naturales por los desarrolladores y los ricos para hacer dinero.
Poco a poco, con proyectos de construcción, fábricas contaminantes y otros proyectos de «desarrollo económico», el gobierno les ha regalado en bandeja de plata a los ricos las tierras y recursos de la isla.1 El «nuevo» Plan de Clasificación de Terrenos es la joya de la corona, el permiso para la destrucción de los recursos naturales sin restricciones.2
El gobierno del PNP, como lo han hecho administraciones populares, junto a la Junta de Control Fiscal, han creado un plan de destrucción del país para entregarlo a los especuladores, desarrolladores y buitres de la industria de los hoteles. El Caribbean Business del 21 de agosto, canta victoria ante la inversión de 600 millones de dólares en hoteles, ya que el gobierno ha designado el 98% de la isla como zona de oportunidad.3
¡El 98%¡ Estas movidas, junto al nuevo Plan de Clasificación de Terrenos, más varios tipos de incentivos y exenciones, preparan al país para un saqueo de grandes proporciones. Por ejemplo, la nueva ley de incentivos contributivos, le da a los ricos:
1. Desde un 0% de impuestos hasta un impuesto fijo de 18%, cuando los mismo ciudadanos de este país pagamos hasta 30% de impuestos.
2. Un crédito de 25% por invertir en un fondo de oportunidad. O sea, si usted pone su dinerito en una cooperativa, puede recibir entre 1.5-3%, pero los ricos reciben 25% por invertir en este fondo.
3. Desde 25% a 75% de exención de impuestos.
4. Desde 25% a 75% de exención de impuestos del CRIM, lo cual empobrecerá más a lo municipios. los que probablemente tengan que pagar las pensiones gracias a la jueza Taylor Swain.
5. Un proceso expedito de uso de terrenos. O sea, sin consulta ciudadana, sin tiempo para oponerse.
Los crímenes contra el ambiente que el Plan de Clasificación de Terrenos y estas leyes permiten se comparan con la quema del amazonas. Para aquellos que se preguntan cómo esto afectará a nuestra isla, resumimos las consecuencias de este plan. Porque este es el futuro que nos espera sin hogar, sin playas, sin bosques, sin agua y sin comida.
El Plan de Clasificación de Terrenos, junto a cambios en la leyes de expropiación, permite la expropiación forzosa de propiedades de los pobres, el uso de áreas protegidas para la construcción y el traspaso de propiedades del gobierno a manos privadas. Por ejemplo, recientemente (El Nuevo Día, 23 de agosto de 2019), informó que la Autoridad para la Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf) hizo una solicitud de propuestas para privatizar las propiedades industriales del gobierno, de la Compañía de Fomento Industrial (PRIDCO), con cuyos ingresos se pagan los bonos de PRIDCO.
También, la legislatura PNP aprobó una nueva ley de expropiación forzosa en marzo de 2018, aprovechando la situación tras el Huracán María.4
Con esta ley, cualquier compañía privada tiene más derechos a las tierras que los habitantes de un área. El gobierno, antes de esta ley, tenía que justificar al uso público para hacer una expropiación. Ahora, eso no es necesario, sino que proyectos para la reconstrucción económica de la isla, o sea, proyectos de inversionistas, son una justificación para expropiar:
A los efectos de esta sección, todas las obras y proyectos que deban llevarse a cabo dentro de cualquier plan general de reconstrucción económica para Puerto Rico, o de cualquier plan de siembras de productos alimenticios en caso de necesidad pública o emergencia, y especialmente a los fines enumerados en los párrafos que preceden, se declaran de utilidad pública, y asimismo todos los bienes muebles e inmuebles y sus accesiones, y el uso, usufructo, arrendamiento, derecho o interés en la propiedad de dichos bienes inmuebles y muebles anteriormente enumerados, que sean necesarios para llevar a cabo los fines enunciados, son por la presente también declarados de utilidad pública y podrán ser expropiados sin la previa declaración de utilidad pública prevista en la sección 2 de esta ley.
No es casualidad que se hicieran cambios a las leyes de expropiación y luego se rediseñara el Plan de Uso de Terrenos (2015), junto a incentivos para que los ricos inviertan y se designara el 98% del país como zonas de oportunidad. La burguesía vio en la crisis de Puerto Rico la oportunidad para el saqueo de los recursos naturales. Si este plan se aprueba, cualquier compañía, junto al gobierno, puede quitarles las casas a los que vivan en un barrio para construir sus proyectos. Tanto el gobierno estatal como los municipios pueden quitarles las casas a los pobres. El gobierno aprobó la Ley #83 del 2017 le permite a los municipios disponer de propiedades para el llamado «fin común».
El profesor Jack Morelock, del Departamento de Ciencias Marinas de la Universidad de Puerto Rico, en Mayagüez, indica que la construcción a la orilla de la playa y la destrucción de las dunas han agravado la erosión en nuestras playas. La destrucción de la dunas cerca de la playa (para más construcción), el huracán María, la subida en los niveles del océano por el calentamiento global y el dragado de arena que hacen compañías para el lucro propio todos contribuyen a la pérdida del área costera. Hasta el Municipio de San Juan ha sido acusado de remover arena del área de Ocean Park. Además, la construcción nos quita el acceso y el derecho a disfrutar las playas públicas. ¿Cuántos no tienen que pasar por caminos estrechos y hasta pedir permiso para entrar en la playa? Ese es el caso de Playa Azul, en Mayagüez. Esta situación se va a poner peor con el Plan de Clasificación de Terrenos.
De darse este plan, nos quedaremos sin playas. Por ejemplo, inversionistas de Blue Water planean construir un mega hotel y casino en Rincón justo al lado de la playa. Esto se da a pesar que existen ya muchos hoteles en el área y no hay carencia de espacios de ocupación.5
Otro proyecto es el de John Paulson & Co. en Río Grande para construir casas de lujo en la cuenca del Río Espíritu Santo. Ya han arrasado con cuerdas de áreas naturales para este proyecto.
La construcción en áreas de bosques causa la destrucción del bosque en sí y a violación de derechos de sus habitantes. En Latinoamérica, las compañías han asesinado a más de doscientos activistas que protegen los bosques en el 2017 y se esperan que sean más este año. En Puerto Rico, cuando una compañía quiere construir en un área natural, el gobierno expropia la propiedad de los miembros de comunidades pobres y le paga una miseria al habitante para sacarlo de su residencia. Otros recursos en áreas naturales que han querido explotar son los minerales. La minería, una de las actividades más contaminantes que hay, fue rechazada masivamente por los puertorriqueños entre los años 80 al 95, en las grandes protestas contra las minas de cielo abierto en Puerto Rico.
En los años 90, se hacían viajes turísticos para inversionistas que quisieran explotar níckel, plata, oro y otros minerales en el centro de la isla.6 Bajo la lupa de las grandes compañías, y muchos han dicho que bajo la lupa de la Junta de Control Fiscal están los depósitos de cobre, plata, molibdeno y zinc en el área central de la isla. De hecho, el Plan 202, que el gobierno alegó había sido eliminado, separaba 37,000 cuerdas de terreno en el área central para la explotación del cobre, plata, molibdeno y zinc y 11,000 cuerdas para el níquel, cromo y cobalto en el oeste. Indica la economista Martha Quiñones, en el periódico Claridad, que «el gobierno de Estados Unidos, a través de la Junta de Control Fiscal (JCF) está en realidad aplicando el Plan 2020 que se reveló en la década del 1980».
Finalmente, ¿por qué pasan todas estas barbaridades? Porque unas pocas compañías quieren hacer dinero con las playas, con la construcción, con las minas y ahí está la Junta y el gobierno de turno para regalarles nuestros recursos naturales.
Al destruir los bosques, las fuentes de renovación de los acuíferos se destruyen. Una de las grandes amenazas para la región del karso, que alberga una gran cantidad de acuíferos, son los proyectos de construcción de carreteras. Una de la prioridades del gobierno y la Junta para el desarrollo del país es la construcción de más carreteras. El desarrollo de la infraestructura, alegan, es vital para el desarrollo económico. Otro proyecto potencialmente destructivo y contaminante para las fuentes de agua, es la expansión del vertedero de Fajardo, que la Junta de Control Fiscal designó como un proyecto crítico de infraestructura, con evaluación ambiental y de permisos expedita.
A medida que construimos más y destruimos nuestros recursos acuíferos, menos terreno tenemos para una agricultura no destructiva, para una agricultura sustentable. Al gobierno y a la Junta solo les interesa la agricultura masiva y destructiva de Monsanto.
La Junta de Planificación, con su directora María del Carmen Gordillo, Aafaf y el gobierno de Puerto Rico junto a la Junta de Control Fiscal, no solo han modificado la clasificación de terrenos para permitirles a los inversionistas el saqueo de nuestros recursos, sino que han aprobado leyes y trato especial para los ricos, así como reglamentación para facilitar que se apropien de todo lo que sirve al país para generar ingresos.
Como socialistas y como puertorriqueños, debemos oponernos a los planes de la Junta de Planificación de reclasificar los terrenos de la isla para beneficiar a los inversionistas a costa de nuestros hogares, nuestra salud, nuestro bienestar y nuestro futuro. Debemos protestar el uso de nuestros recursos, así como la destrucción en áreas como la cuenca del Río Espíritu Santo y el proyecto Blue Water en Rincón.
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