El Secretario del Departamento de Educación, Eliezer Ramos Parés, admitió ayer en todos los rotativos y medios noticiosos del país que no respeta la ley. En declaraciones públicas el Secretario de Educación admitió que «no ha identificado lo más de $90 millones adeudados a por lo menos 5,850 maestros por concepto de la carrera magisterial». Evidentemente se trata de un desprecio al respeto a las leyes que otorgan algo de justicia salarial al magisterio, y un intento de comprometer los fondos del Departamento de Educación para las agencias privatizadoras y los contraros a los miembros del partido político en el poder.
El presupuesto del Departamento de Educación ronda los 5,200 millones de dólares para el año fiscal 2025-2026, y su principal función es brindar educación a través de nuestras escuelas públicas. Si los estudiantes son la razón de ser del Departamento, los maestros son la primera línea de servicios. La prioridad del Departamento de Educación debe ser brindar justicia salarial y fomentar el estudio y la capacitación del magisterio.
La ley 9 del 7 de marzo de 2022 estableció fechas límites para los trámites de evaluación, identificaciónd e fondos y pago del dinero retroactivo a las maestras y maestros que realizaron estudios universitarios, recibieron capacitación profesional y fueron evaluados satisfactoriamente en su desempeño. En las secciones 4,5,6,7 y 8 indica que el DE identificaría y realizaría los pagos adeudados por los años fiscales 2014 al 2024. Las expresiones del secretario demuestran que no sólo no se cumplió con la ley, sino que no hay voluntad de los gobiernos para cumplir con la deuda. De la misma forma, el Secretario de forma oportunista mezcla dos asuntos que son separados: La reclamación de los aumentos de salarios es independiente de si el DE paga o no. El Departamento de Educación no tiene la facultad en ley para poner en pausa el proceso de Carrera Magisterial y mientras no permita a los maestros radicar sus solicitudes de revisión de salario aumenta la deuda y la cantidad de maestros a los que les debe.
Es importante recordar que la reactivación de la carrera magisterial ocurrió producto de un proceso de lucha en la calle, dónde miles de maestras comenzaron paros autogestiondos y apoyados por las uniones magisteriales como la Federación de Maestros, Educamos y Únete. Las maestras y maestros comenzaron a ausentarse y tomar días por enfermedad, culminando en una numerosa marcha que consiguió garantías de aumentos de salario, reactivación de la carrera magisterial, la entrada de los docentes al seguro social entre otros importantes logros.
La ley de Carrera Magisterial es considerada por muchos sectores como una ley injusta, ya que burocratiza lo que debería ser un trámite automático y libre de arbitrariedades. Por medio del poder burocrático el DE utiliza la carrera magisterial como mecanismo de chantaje, a la vez que dificulta el cumplimiento. Maestras y maestros con estudios de doctorado y maestría tienen que esperar años, pasar por criterios que no están claros, cuya aplicación es ambigüa y que no necesariamente redunda en el efecto esperado. El reclamo de las uniones magisteriales ha sido la de crear una escala salarial que considere por un lado los años de experiencia y también los estudios, sin la necesidad de procesos burocráticos.
La justicia salarial para el magisterio ha sido uno de los reclamos históricos de este sector social, que brinda lo que se considera un servicio esencial.
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