Los últimos nunca serán los primeros

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| Publicado el 19 agosto 2004

El trabajador de la empresa privada en la economía neoliberal puertorriqueña

Leonor Rodríguez

Bandera Roja
www.bandera.org

En los pasados meses tuvimos la oportunidad de ver (una vez más) en vivo y a todo color como el gobierno de turno protegió a los grandes intereses económicos a costa de la siempre desventajada clase obrera. Esta vez no hablamos de los empleados públicos sino de otra porción grande de la clase obrera que vive bajo el yugo de lo permisible por la libre economía de mercado. Claro está, nos referimos a la muy comentada controversia sobre la restitución del derecho, de los empleados a tiempo parcial de la empresa privada, a tener beneficios marginales.

Digo restitución porque la administración pasada del ex-gobernador Pedro Rosselló eliminó la Ley 180 que, entre otras cosas, le reconocía el derecho a los empleados a tiempo parcial a acumular días por enfermedad y vacaciones.

Pero como siempre ocurre en el escenario político bipartitas de este país, el cambio de gobierno resultó ser más un cambio de cara que de enfoque. La gobernadora Sila M. Calderón le dio un claro espaldarazo a la mala práctica laboral del libre mercado, que ya Rosselló había delimitado, vetando proyectos legislativos que hasta los periódicos de gran circulación aseguraban que eran proyectos presentados por asesores de la Fortaleza.

Mientras tanto, la Gobernadora alegaba que tales proyectos venían en mal tiempo y con efectos contrarios a su “primera prioridad” de gobierno: la generación de empleos y desarrollo económico. Interesante aseveración, primero por venir en contradicho con su propuesta de campaña de restituir derechos a los obreros eliminados por la administración anterior, reclamada recientemente por el sector sindical. Segundo, por armonizar perfectamente con su otra promesa de campaña de reducir los costos de hacer negocio en Puerto Rico, claro a cuesta de los trabajadores y sin que el gobierno tenga que incurrir en gastos.

Por otro lado la directora de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, en defensa de Calderón, asegura que esta administración es la que más ha tratado directamente con la clase obrera, mencionando además la reducción de las tasas contributivas, aumentos salariales y beneficios marginales a los empleados públicos. El problema es que no sé esta cuestionando las prácticas laborales del Estado como patrono, eso es tema para otro articulo, si no el papel que el Estado tiene que asumir como ingeniero social.

No es secreto que más del 80% de los empleados en el sector privado son empleados a tiempo parcial. Estamos hablando en su gran mayoría de estudiantes, madres solteras, personas que no pudieron terminar una carrera profesional y hasta el que terminó una pero no encontró empleo por lo abarrotado que esta el mercado laboral en algunas profesiones. Para culminar el cuadro, es una practica empresarial popular contratar más empleados a tiempo parcial para no tener que dar beneficios marginales ni aumentos salariales altos, disminuyendo así los “costos operacionales” y tener así mayor rendimiento.

Históricamente, el Gobierno lleva una filosofía ya cuestionada mundialmente de “Laissez Faire” al tomar posturas de no-reglamentación del sector privado. Se evidencia, no sólo ante el problema de los empleados a tiempo parcial, si no en la negativa de la Sra. Calderón a una nueva Ley Anti-monopolio que recibió sus más severas críticas del sector empresarial que apoyó la fusión de Walmart y Amigo, acción monopolista de la cual todavía sufrimos sus consecuencias. Finalmente, tenemos el veto ejecutivo al proyecto que le daba el derecho al empleado despedido injustamente, de exigir el pago de dos meses de sueldo por la acción ilegal; y sin dudas seguirán surgiendo más situaciones similares. Pero todo sea por la “generación de empleos” y la “competitividad económica” de la isla.

Hasta los mismos economistas del patio, que promueven cambios en tácticas pero no de enfoques, han expuesto con evidencia empírica cómo el sector empresarial sigue en crecimiento con respecto a su proporción de ingreso bruto en contraposición a la del sector asalariado que está en retroceso proporcional. Estos mismos analistas económicos han expuesto estrategias en costos tecnológicos y contributivos que son las seguidas en otros países donde la reducción en el salario de los trabajadores no es un tema a discutir.

La política pública del gobierno de turno no es de extrañar, no sólo por ser la Sra. Gobernadora otro miembro más de una clase social burguesa y hasta con aires de aristocrática, sino porque ninguno de los partidos políticos participantes de las elecciones postulan ideas progresistas de incluir a la clase obrera y su condición social como primera prioridad. No hay porque engañarse con promesas políticas que sólo buscan ocultar la clara realidad de que para mantener el sistema que tenemos la clase trabajadora siempre será la que tendrá que esperar el “momento adecuado” que nunca llega.

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