Cuestionada la ética y moral del gabinete gubernamental

Maltratantes de mujeres, corruptos y evasores contributivos

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Detrás del espectáculo sobre los nombramientos del gabinete gubernamental y la pelea interna entre bandos del Partido Nuevo Progresista (PNP) trasluce una señal aterradora: están tan arraigados al poder que operan fuera de la ley con impunidad y sin esconderse. Cual si fuera una ganga criminal de cuello blanco, los principales miembros del gabinete enfrentan acusaciones que minan la confianza en la moral del equipo de trabajo de la gobernadora.

La nominada secretaria de justicia, Janet Parra, quien dirigía la División de Crimen Organizado y Drogas en el Departamento de Justicia renunció a dicho cargo con la intención de pasar a defender un acusado de pertenecer a una organización dedicada al trasiego de drogas. El designado secretario de salud enfrenta acusaciones del Colegio de Médicos por malos manejos de los $1.4 millones destinados a iniciar un plan médico. La nominada a secretaria de estado, Verónica Ferraiouli, aceptó públicamente ser una evasora contributiva, hasta que tuvo la oportunidad de ostentar un puesto gubernamental bajo la gobernación de Jennifer González. Francisco Doménech, secretario de la gobernación, enfrentó un caso de violencia doméstica por un patrón de maltrato contra su esposa Ferraiouli. 

Independientemente del resultado de las acusaciones, el mensaje que envía el gobierno de Jennifer González es que los maltratantes de mujeres, los corruptos y evasores contributivos son bienvenidos en su gobierno. En todos los casos la impunidad es la palabra clave. ¿Cómo es posible que durante tres años una persona no radique planillas y no sea investigada? ¿Acaso la relación entre Parra y la organización criminal que pretendió defender no es motivo de una investigación que al menos, detuviera su nombramiento?

Si alguien tenía dudas que el PNP es la principal organización criminal de Puerto Rico ahí está la prueba.