Recientemente, la jueza Taylor Swain revocó la ley de Reforma Laboral, dejando a miles de trabajadorxs a merced de sus empleadores. La anulación de esta “Nueva Reforma” muestra que la prioridad de la Junta de Control Fiscal y el estado corrupto es el bolsillo de sus buitres. Economistas han señalado que las medidas que intenta implementar la JCF en Puerto Rico son detrimentales para sus habitantes. Ni al PNP, ni al PPD, ni al gobierno de EE.UU. les importa el efecto que tiene la austeridad en las vidas de lxs puertorriqueñxs. Esto es particularmente cierto en el contexto de las mujeres trabajadoras.
El reclamo por salario, retiro y condiciones de trabajo dignas ha sido centro y corazón de la lucha de las trabajadoras en Puerto Rico. La desigualdad salarial es sin duda una expresión de los sistemas opresivos que convergen dentro del capitalismo. Las consecuencias de no contar con los medios económicos para garantizar el bienestar propio y de sus crías coloca a las trabajadoras en una situación de extrema vulnerabilidad. El Estado demuestra una y otra vez la poca voluntad que existe para atender las situaciones que afectan a las mujeres trabajadoras.
No es casualidad que sean las maestras y las enfermeras quienes laboran bajo las peores condiciones. El cuidado de familiares enfermxs y la enseñanza de lxs más pequeñxs han sido una labor asignada a las mujeres y personas feminizadas. Estas profesiones, históricamente ejercidas por mujeres, experimentan la explotación de manera más cruda. Esto se da por dos vías: por un lado, las mujeres laboran en trabajos de cuidado poco o no remunerados; y por el otro, las labores domésticas se relegan a las mujeres. De aquí la afirmación de que “el sistema explota doblemente a las mujeres trabajadoras”.
El gobierno ignora deliberadamente las condiciones de trabajo de lxs profesionales de enfermería. Las enfermeras llevan años reclamando mejores condiciones de vida y aumentos salariales, pero Pierluisi, Riquelme y Jennifer González sólo están interesadxs en reunirse con los dueños de hospitales y aprobar leyes para favorecer sus intereses. Así cometen todo tipo de violaciones a los derechos de lxs trabajores sin ninguna repercusión.
El personal de salud se ve particularmente afectado en un sistema de salud que está desregulado. Por décadas se ha denunciado la falta de este personal y las repercusiones negativas que tiene la carga excesiva de trabajo. Aunque la crisis que experimentan lxs enfermerxs es anterior a la pandemia, sin duda la COVID-19 ha exacerbado su situación. Son cada vez más lxs profesionales diestrxs que deciden abandonar su campo debido a los altos niveles de estrés que enfrentan. El desgaste, la despersonalización y la disminución del desempeño personal son consecuencias del agotamiento que viven lxs enfermerxs.
Al igual que las enfermeras, las maestras sufren un atropello similar. Ambos grupos han ido perdiendo derechos laborales de manera significativa frente al gobierno y la JCF. Las maestras quedaron despojadas de un retiro digno en medio de la crisis económica más brutal que vive el país. Estas se ven obligadas a sobrevivir la inflación, la escasez de vivienda, la inaccesibilidad a servicios de salud con pensiones de miseria o abandonar el país en busca de mejores condiciones laborales.
Las mujeres trabajadoras exigen un salario justo, un retiro digno y condiciones de trabajo que les sirvan para mejorar su calidad de vida. El Estado está llamado a atender el reclamo de las trabajadoras y a reducir las desigualdades que estas enfrentan dentro y fuera de sus escenarios laborales.
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