Escuelas y Ciudadelas: De la gentrificación a las chárter

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| Publicado el 24 enero 2020

Conexiones sospechosas rodean el arresto de Julia Keleher

Hugo J Delgado-Martí
Bandera Roja

Entre el mes de mayo y junio de 2018, apenas meses después del huracán María, Ariel Gutiérrez Rodríguez, un exconvicto federal por fraude bancario, le entregaba una carta a la Directora Escolar de la Escuela Bilingüe Padre Rufo dirigida a Julia Keleher solicitando cediera alrededor de 1,030 pies cuadrados de ese plantel para ensanchar una carretera y construir una acera en Santurce. Estas fechas coinciden con el cierre de un tortuoso semestre caracterizado por la lucha de las comunidades escolares en defensa de la reparación y apertura de las escuelas públicas. La orden de arresto del Buró Federal de Investigaciones, FBI por sus siglas en inglés, da cuenta de lo sucedido y añade que a cambo de dicha cesión la infame Secretaria de Educación, Julia Keleher, obtuvo no sólo un trato favorable de recibir en alquiler por un dólar un apartamento en el exclusivo residencial de Ciudadela en Santurce, sino que le facilitaron la opción a compra de dicho apartamento. Como si eso fuera poco, los dueños de Ciudadela le concedieron a Keleher un jugoso bono de $12,000 para incentivar la compra.

Bandera Roja intentó, infructuosamente, conseguir el contrato de venta de los terrenos de la escuela, pero en su lugar lo que encontramos fue un entramado de personajes sospechosos e intereses económicos y políticos detrás de esta transacción. Esta historia nos deja con un sin número de interrogantes en torno a la relación económica entre Keleher, Rosselló, Nicholas Prouty, el Partido Demócrata, y hasta la excandidata presidencial Hillary Clinton. El complejo residencial Ciudadela es un proyecto que comenzó a principios del nuevo milenio por parte de un arquitecto vinculado al Partido Popular Democrático, López de Azúa, con la ayuda de la entonces Gobernadora Sila María Calderón. Por medio del mal llamado proyecto de revitalización de Santurce desalojaron la comunidad de San Mateo de Cangrejos. “El Gobierno de Puerto Rico ha vendido nuestros terrenos en una pérdida millonaria para el beneficio de los Zalduondo y los Padró, et. Al. Han traicionado al pueblo. Trabajan para los que están saqueando a Puerto Rico canto a canto, creando problemas ambientales y sociales profundos de discrimen craso y de injusticia social. Que no queden dudas que la corrupción es el motor y la especulación es el norte detrás de todo el “plan” de desarrollo de Santurce. El verdugo es el Departamento de Vivienda” denunció en el 2005 Mary Anne Hopgood, teatrera y portavoz de una de las comunidades en resistencia.

En el año 2014 el gobierno de Alejandro García Padilla anunciaba con bombos y platillos la construcción de la tercera fase del proyecto de Ciudadela en Santurce: “El principal oficial ejecutivo de Putnam Bridge, Nicholas Prouty, anunció recientemente la construcción de la tercera fase de Ciudadela como parte de un plan integrado de desarrollo económico y mejoramiento a beneficio de la comunidad santurcina. Este proyecto, el cual cuenta con una inversión de $108 millones, creará 1,000 empleos directos e indirectos. Además, entre las mejoras al área se incluyen las calles que rodean el complejo de apartamentos, con el compromiso de crear un parque público para el disfrute de todos los vecinos y visitantes de la zona.” según comentó el Periódico Metro en un artículo de encargo de la Sección de Negocios. En el año 2016 el mismo magnate y especulador de bienes raíces, Nicholas Prouty, entraba en acuerdos con la Autoridad para el financiamiento de la Vivienda (2017- PRH106) para la construcción de un parque aledaño al complejo de viviendas que conectara con el Museo de Arte. La alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, sometió un proyecto de administración autorizando la permuta de las carreteras municipales aledañas al complejo de vivienda para la construcción de un parque pasivo que formaba parte del proyecto original. Este parque había enfrentado múltiples obstáculos, el más grande de ellos siendo dos residentes que se negaron a ser expropiadas a pesar de las consecuencias que estaba teniendo para su salud.

El periódico digital Noticel relata la historia de estas familias en un emotivo artículo: “La lucha contra lo que se conoció como el proyecto de Revitalización de Santurce ha afectado emocionalmente a este trío de mujeres al punto de que una de ellas, Juana Laura Lasanta, quedó en estado catatónico para el 2006 provocado por los temores y miedos ocasionados por el proceso de expropiación. Su hija, Amarilys Lasanta, es cuadripléjica y vive sus días postrada en una cama. Ambas están bajo el cuidado de Laura Lasanta, quien se retiró de maestra para cuidarles.” El artículo exonera al desarrollador Nicholas Prouty de los desalojos y lo pinta como otro filántropo dispuesto a ayudar a las residentes.

Sin embargo, el desarrollador Prouty dueño de Putnam Bridges, un entramado de corporaciones de especulación de bienes raíces, lejos de ser inocente está vinculado al Partido Demócrata y a la excandidata a la presidencia Hillary Clinton. En octubre de 2015 la entonces candidata a la presidencia de los Estados Unidos buscaba fondos en el país de varios inversionistas entre ellos Prouty. Según el website campaignmoney.com el inversionista ha donado cuantías considerables a diferentes candidatos del Partido Demócrata a través de sus comités de campaña. En esa lista podemos mencionar Hillary For America, Hillary Victory Fund, y Todos Con Jenniffer González. El tesorero y administrador en Puerto Rico de varias de las corporaciones bajo la sombrilla de Putnam Bridges (Putnam LAC Holdings, Putnam Administration Services, y Putnam Stop 22 Holdings) también es donante directo al Partido Demócrata, a Hillary Clinton y a varios candidatos regionales. Entre Nicholas Prouty y Jeremy Griffiths juntos donaron por lo menos $63,550 en la elección de 2016 a diferentes candidatos demócratas y Jennifer González.

En el 2018 la Fundación Clinton y su Iniciativa Global declaraban en su página la más reciente hazaña de Prouty, la instalación de un sistema de energía solar en su recién adquirida Marina Puerto del Rey en Fajardo. En lo que parece ser una campaña mediática de parte de Putnam Bridges los ahorros que generase dicha instalación serían donados a la escuela Padre Rufo en Santurce, contigua al principal proyecto de vivienda del magnate. ( Reinvesting in Urban Sustainability Education) Se estableció un compromiso de invertir $100,000 dólares anuales a dicha escuela por un período de tres años con el objetivo de mejorar la instalación eléctrica de la escuela, desarrollar el huerto escolar y suplir de tecnología y aires acondicionados los salones. Según el artículo la tercera fase del proyecto es el desarrollo del parque pasivo contiguo a la escuela. El documento enfatiza en el desarrollo de currículo para cada una de las fases.

Personas de la comunidad escolar Padre Rufo pintaron a Bandera Roja un cuadro incierto. Si bien algunos de los arreglos prometidos ocurrieron, en todo momento se sospechó de una intención de parte de los desarrolladores de convertir la escuela en una chárter. Cuando menos la inversión y el reciente caso de Julia Keleher demuestra que Prouty estaba destinado a construir el parque y el ensanchamiento de la acera a como dé lugar. Sospechamos que estos cambios aparentemente cosméticos conllevan algún tipo de ventaja económica en la valoración del complejo de vivienda y que se trata más que de un caso de altruismo, otro caso más de especulación financiera y gentrificación. La Fundación Clinton ha sido históricamente una gestora de proyectos de escuelas chárter en los Estados Unidos y hasta en la India. “Y el presidente Bill Clinton, quien fue un poderoso defensor del movimiento chárter desde su comienzo, jugó un papel crucial en ayudar al movimiento a revolucionar la educación K-12 en todo el país.” dice un artículo de la página de la fundación del 7 de septiembre de 2012.

Cabe destacar que la Ley 85 de 2018 se creó con el objetivo de facilitar el surgimiento de escuelas chárter, el cierre de escuelas y la privatización de todos los servicios además de trastocar el concepto de autonomía escolar. Este proyecto de ley se aprobó luego de meses de lucha ardua por la reapertura de las escuelas en donde Julia Keleher fue protagonista en obstaculizar la normalización del año escolar. El Partido Demócrata y sus representantes en Puerto Rico, tanto del PPD como del PNP tienen en agenda la privatización de la energía y de la educación, así como lo hicieron con la salud. No sabemos qué otras cosas están en juego detrás del caso de Keleher, pero nos parece sospechoso que todo el asunto trate de apenas unos mil pies cuadrados de verja.