Los trabajadores que permanecen en el servicio público después de los despidos masivos tienen muchas razones para luchar en contra de los despedidos y apoyar a los cesanteados. La solidaridad con los que fueron sus compañeros en el centro de trabajo y/o en el sistema de agencias públicas es y debe de ser el motivo fundamental de la resistencia. Todos forman parte de una misma clase social, la clase obrera.

La Ley 7 no sólo afecta a los que se fueron y/o se van a principios del año próximo. Incluye disposiciones cuyas consecuencias son nefastas para los que se quedan. Le asesta un golpe duro al sector de los trabajadores organizados, le resta funciones a los sindicatos, violenta derechos adquiridos y lesiona conquistas logradas.

Los empleados públicos estarán tres años sin aumento de salarios mientras el costo de vida cabalga desbocadamente. Los artículos y bolsas en la compra se reducen constantemente si se mantiene fija la partida de comida del presupuesto del hogar. Si se aumenta esta partida tendremos habría que disminuir otra ya que el ingreso se mantendría igual. Si hoy los salarios no dan para nada, a medida pase el tiempo darán para menos.

Esta situación contrasta con las ventajas de las que disfrutan los legisladores, alcaldes y las batatas políticas colocadas en puestos de confianza. Por ejemplo, a los cobijados bajo la Ley de Municipios Autónomos, en el artículo 3.012 se les faculta a justificar sus aumentos utilizando el índice de precios. Bajo la Ley 7 los puestos de confianza fueron protegidos para que los que ocupaban estos no fueran cesanteados.

Es un grito a voces los aumentos de sueldos otorgados a funcionarios de confianza; que estos puestos fueron utilizados como mecanismos de protección para cesanteados potenciales; y que se han convertido en un mecanismo para reclutar y para otorgar aumentos en un momento en que se supone no se haga.

La Ley 7 contempla y propone privatizar tanto servicios como activos públicos. Lo que busca es viabilizarle al capital el incrementarse y expandirse a áreas que antes estaban fuera del mercado.
En este contexto neoliberal, la administración de Fortuño le garantiza a los dueños de los medios de producción más ganancias y le disminuye a los que menos tienen (los trabajadores) sus ingresos.

En los últimos años, estadísticas oficiales han evidenciado la cada vez más amplia brecha entre los pocos que poseen mucho y los trabajadores que poseen poco. Decisiones y acciones como las tomadas bajo la actual administración gubernamental abonan y profundizan más la magnitud e intensidad de estabrecha que es característica del sistema capitalista.

La Ley 7 viabiliza la posibilidad de trabajar más por menos paga. Si mantener igual salario mientras aumentan los precios es ganar menos, efectuar una mayor cantidad o más complejas tareas por igual salario es ganar aún muchísimo menos. La intensificación de la jornada de trabajo posibilita con la autorización de traslado entre clases de puestos, funciones y agencias que establece la Ley 7 en el Artículo 38.02 y cuyo procedimiento es reglamentado en la Carta Circular Núm. 2009- 14 con fecha del 20 de octubre de 2009.

Tampoco se niega la posibilidad de más despidos. La reorganización del gobierno, la reestructuración de agencias, la revisión de puestos y funciones, la potencial evaluación de la ejecución de los empleados pueden conllevar cesantías potenciales. La eliminación y/o consolidación de agencias, de corporaciones, de administraciones pueden desencadenar en un resultado similar.

La lucha de clases no comenzó con el neoliberalismo ni con la administración fortuñista, ambas evidencian e intensifican esta lucha milenaria. La identificación de esta administración con los grandes intereses no es cuestión de opinión o de percepción. Es cuestión de hecho y la Ley 7 y su implantación: al liberar mano de obra para su traslado al sector privado y al entregar al mercado lo que antes eran servicios públicos son evidencias claras de los intereses a los que esta representa. Tanto ahora, como bajo administraciones anteriores en las que nos opusimos al IVU, al cierre gubernamental y a la concesión de beneficios y alivios al capital comercial, financiero e industrial no podemos bajar la guardia y mantenernos en lucha por la defensa de nuestros intereses de clase. Ahora más que nunca cobran vigencia las consignas de: LUCHA SI, ENTREGA NO. OBREROS UNIDOS, JAMAS SERAN VENCIDOS.