Millenium: ¡a demoler el soborno y el traqueteo!

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Ángel G. Quiles Vega
info@bandera.org
Bandera Roja
www.bandera.org

El pasado lunes 11 de noviembre la Comisión Independiente para evaluar Transacciones Gubernamentales divulgó su informe investigativo sobre las irregularidades que rodean la adquisición y posterior construcción del lujoso edificio Millenium a la entrada del islote de San Juan.

Desde la adquisición de este, por debajo del precio de tasación, hasta las violaciones a estatutos de la Administración de Reglamentos y Permisos (ARPE), el Millenium parece representar ejemplarmente la Política desarrollista irresponsable y de corrupción que el gobierno ha permitido y hasta fomentado en los últimos años.

ROCCA Development, compró estos terrenos por $1.2 millones, ($800 mil por debajo de su precio real) a la Compañía de Fomento Industrial. Otra serie de señalamientos, entre los que se destacan el que se construyeran 17 pisos en vez de 8, como se establece reglamentariamente, la reducción del área recreativa de 600 a 200 metros, en vez de 26 estacionamientos para visitantes hacer solo 6 y en adición, 4 estacionamientos para impedidos, cuando se exige 9, llevó a sospechar que este edificio se hizo «a empujones» con el solo propósito de enriquecer a sus inversionistas por encima del interés público.

El ingeniero César Cabrera, desarrollador del proyecto Millenium también ha sido señalado por la prensa como objeto de investigaciones a nivel federal por la forma en que se ha realizado está transacción y posteriores eventos. También se involucra al entonces Director de Carreteras Sergio González, a Juan Woodoffre y Morgan Stube ex titulares de la Compañía de Fomento Industrial además de José Caballero ex vicepresidente de la Junta de Planificación, entre otros.

El trato de paños tibios con que las agencias de gobierno han tratado este asunto, pone de manifiesto la doble vara cuando se trata de millonarios con influencias versus la gente humilde que necesita una vivienda decente. Obviamente se favorece al gran capital de constructores millonarios, inversionistas y banqueros sobre el bienestar de la mayoría de la sociedad. Permitir que se consuma impunemente está fechoría, abre más el camino al soborno y al traqueteo.

Ciertamente, debe penalizarse a los responsables de estas irregularidades y si hay que demolerlo, que le den pa’ abajo. Hay que detener el afán de lucro a costa del interés social y de nuestros recursos naturales. Si no lo implosionan, su destino debe ser para los pobres de este país y no para los riquitos llorones. Al fin y al cabo, se le debe dar una lección.