América Latina

Publicado en 15 de diciembre de 2017 | por BREL1

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Quiebre institucional y resistencia en Honduras

Abner Yarib
Colaboración
Bandera Roja

En Honduras nuevamente se grita fraude electoral. Este país centroamericano con alrededor de 9 millones de habitantes es gobernado por una oligarquía terrateniente y empresarial que le aterra la democracia, incluso la débil democracia partidista de Honduras. Un puñado de familias controla todos los sectores estratégicos de la economía. Cualquier desafío a su autoridad es invisibilizado, encarcelado, asesinado, desaparecido. Esa oligarquía y su partido intentan nuevamente falsificar los resultados de las elecciones generales. Tan acostumbrados a la impunidad, no temen las repercusiones. No contaban, sin embargo, con la movilización masiva de la gente.

Los sucesos. El domingo 26 de noviembre de 2017 en todo el territorio hondureño se celebraron elecciones para decidir la presidencia, los diputados al congreso y las alcaldías. La presidencia es disputada por dos candidatos principales, el oficialista y actual presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, y el opositor Salvador Nasralla. Las elecciones se llevaron a cabo en un ambiente cargado de miedo ante otra posible intervención de los militares y desconfianza generalizada en las instituciones, pero también con mucha esperanza de que una nueva fuerza política le otorgue una nueva dirección al país.

Juan Orlando quiere ser nuevamente presidente. Quiere renovar su cargo aunque esto signifique que al buscar la reelección esté violando la propia constitución de Honduras, que prohíbe claramente que ninguna persona puede estar por dos términos consecutivos en el poder ejecutivo. Pero a Juan Orlando no le importa pues a través de la maquinaria del Partido Nacional controla el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial, incluyendo los tribunales que certificaron la legalidad de su postulación. Honrando sus orígenes oligárquicos, Hernández dejó claro que las leyes aplican a sus adversarios, no a ellos mismos. No obstante, el problema para la clase dominante hondureña y su deseo de continuar con el saqueo de las riquezas del país es que la elección y sus consecuencias se les fueron de las manos.

La noche del 26 de noviembre ya Juan Orlando proclamaba ser ganador, a pesar de que los primeros resultados oficiales le daban una ventaja considerable a Nasralla. La alarma y el miedo invadieron el oficialismo. De ahí en adelante el aparato político detrás del candidato oficial y el Tribunal Electoral enmudecieron. Una inmensa incertidumbre se apoderó de los hondureños. ¿Otro fraude electoral? ¿Un golpe militar? Victorias proclamadas, rumores de fraude, silencio mediático, activación de soldados en las calles. Parecía que la democracia representativa era nuevamente inaceptable en Honduras.

Cuatro días después, ante el silencio oficial y lo que a la vista de todos era un intento de robarse las elecciones, la furia de la gente conquistó las calles. Dispuestos a defender su voto castigo contra una oligarquía que ha hundido a Honduras aún más en la pobreza y en la desigualdad social, el pueblo comenzó a levantar barricadas. Miles de hondureños salieron de sus hogares espontáneamente. Los grupos opositores hicieron un llamado a la resistencia. El país se tambaleaba. Ante el atrevimiento de las organizaciones populares al gobierno no le tembló la mano al declarar un toque de queda por diez días y suspender varias disposiciones constitucionales. La orden fue emitida y la policía y las fuerzas armadas agarraron sus armas para combatir al pueblo. ¡Nadie en la calle, todo el mundo para sus casas a esperar los resultados oficiales! Fieles a su largo historial de golpes de estado y asesinatos, la policía y los militares salieron a castigar y a matar.

La represión tuvo un efecto totalmente contrario al deseado. El toque de queda y la militarización electrificó a un movimiento que ya ardía en indignación y desafío. Las manifestaciones se esparcieron por todo el país. No solo los barrios populares, sino que incluso sectores de clase media comenzaron a cortar carreteras y a participar de las marchas. Los enfrentamientos no se hicieron esperar. Algunas avenidas pasaron a ser campos de batalla. La muerte hizo presencia. Al momento se reportan 14 muertos y alrededor de 800 detenidos.

¿Cómo se llega a esta situación tan crítica en Honduras?

Dos fuerzas políticas pelean en estas elecciones, una por retener el poder en el que ha permanecido anquilosado por más de cien años, otra por tomar por primera vez las riendas del estado. Por un lado, el Partido Nacional y su candidato Juan Orlando Hernández, actual presidente de la república y anterior presidente del congreso. El Partido Nacional, fundado en el 1902, es el partido que representa los intereses de la oligarquía hondureña. Hernández es dueño de varios hoteles, aunque antes de ser congresista se dedicaba primordialmente al negocio de la siembra de café. En Honduras la agricultura en uno de los sectores principales de la economía, dominada por varias familias terratenientes que influyen grandemente en la política. No es casualidad que el anterior presidente, Porfirio Lobo, también se dedicara a las empresas agrícolas de su familia. Juan Orlando Hernández pareció malhumorado durante su presidencia al momento que tuvo que reaccionar ante la prensa cuando en un tribunal de Nueva York un reconocido narcotraficante hondureño testificó que se reunió con su hermano y también congresista, Antonio “Tony” Hernández, para acordar el pago de los contratos que el gobierno pagaría a una compañía inscrita por los carteles de la droga para lavar dinero. En ese mismo caso se declaró culpable de conspirar para distribuir cocaína en los Estados Unidos Fabio Lobo, hijo del expresidente Porfirio Lobo. El narco, la oligarquía y el estado se dan la mano. Honduras, como otros países, parece dirigirse, si no lo es ya, a ser un narcoestado, donde los políticos responden a los intereses de los carteles mientras que las instituciones de justicia y seguridad los protegen.

Las fuerzas de la oligarquía son respaldadas por el gobierno de Estados Unidos. Muchos de los oficiales de las fuerzas armadas son entrenados por oficiales estadounidenses. Estados Unidos siempre ha permitido que en Honduras solo ocurran pequeñas reformas, que las instituciones vigentes cambien lo menos posible. Y esto es así porque Honduras tiene una posición estratégica en la geopolítica de Washington para dominar la zona. En el país hay varias instalaciones militares con presencia y/o apoyo de EU. La más emblemática y conocida es la base aérea José Enrique Soto Cano, que opera desde el 1981 y cuya función en aquel momento fue coordinar los esfuerzos para detener, por medio de los servicios de inteligencia e intervenciones militares, el avance de las izquierdas revolucionarias en el área. En la década de 1980 Centroamérica estallaba en luchas sociales armadas. El continente parecía írsele del dominio a Washington. Desde Soto Cano se coordinó el respaldo a la dictadura militar salvadoreña en su lucha sangrienta contra las guerrillas campesinas, dictadura que ordenó la masacre de 800 personas en El Mozote, departamento de Morazán, y que a las manifestaciones de miles de personas en San Salvador las recibía con fuego de ametralladoras desde las azoteas. Desde esa base se organizó las agresiones contra el gobierno sandinista que logró derrocar la dictadura de la familia Somoza, aliados de Washington, creando milicias de los remanentes de la Guardia Nacional de Somoza y mercenarios que operaban desde Honduras e incursionaban por la frontera hacia Nicaragua para atacar poblados y destruir infraestructura. Desde ahí también se ofreció apoyo logístico a los militares fascistas de Guatemala en su guerra total contra guerrillas de campesinos e indígenas y en donde las masacres de pueblos enteros eran práctica común. Tres décadas después, tan reciente como en el 2011 y tomando como excusa la llamada guerra contra el narcotráfico, se construyó en el norte del país otra base militar estadounidense. Honduras, para Washington, es territorio militar estratégico.

Del otro lado está la Alianza de Oposición Contra la Dictadura, pacto entre tres agrupaciones principales, el Partido Libertad y Refundación (Libre), el Partido Innovación y Unidad Social Demócrata (PINU-SD) y el candidato presidencial de la Alianza Salvador Nasralla. Este último es ingeniero y fue durante más de treinta años presentador de eventos y programas de televisión y se lanzó como candidato a la presidencia en el 2013 por un nuevo partido fundado por él y sus seguidores. El PINU-SD es un tradicional y pequeño partido socialdemócrata fundado en los 70 como respuesta a la monopolización de la política por parte del régimen militar. Para entender al primero, el Partido Libre, tenemos que considerar el golpe de estado del 2009, golpe cuyas consecuencias definen la política hondureña actual.

La madrugada del 28 junio de 2009, y siguiendo órdenes del tribunal supremo, alrededor de 200 militares encapuchados entraron a la casa del entonces presidente José Manuel Zelaya (Mel Zelaya), lo sacaron en pijamas y a punta de cañón lo montaron en un avión con destino a Costa Rica. Zelaya, hijo de un terrateniente productor de madera, era miembro del Partido Liberal, partido que en conjunto con el Partido Nacional había dominado la política hondureña por todo el siglo XX. A pesar de sus credenciales liberales su presidencia asustó a la oligarquía y a la clase política, incluyendo la de su mismo partido, primordialmente por dos razones, su viraje hacia posiciones políticas más a la izquierda y sus acercamientos con el chavismo. Bajo su presidencia, por ejemplo, en respuesta a las presiones de varias organizaciones obreras hubo dos aumentos del salario mínimo, medidas sumamente detestadas por la clase empresarial. Por otro lado Honduras ingresó a la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), organismo internacional fundado en el 2004 por Venezuela y Cuba con el propósito de servir como alternativa al Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), organización impulsada por Estados Unidos que buscaba expandir los tratados de libre comercio por toda Latinoamérica.

El detonante de la ruptura entre Zelaya y la clase dominante fue su convocatoria a un referéndum no vinculante en junio 2009 para consultar si la gente estaba de acuerdo en que se organizara un referéndum vinculante en las elecciones generales de noviembre 2009 en el que se preguntaría si estaban de acuerdo o no en convocar una asamblea constitucional (la llamada cuarta urna). El mero hecho de convocar a una consulta para saber si la gente deseaba hacer otra consulta para decidir si querían cambiar la constitución desató la furia de los gobernantes. Los tribunales determinaron que el referéndum era ilegal pues, entre otras cosas, la constitución de Honduras claramente estipula que algunos de sus artículos no pueden ser enmendados bajo ninguna circunstancia. Esas secciones dinosáuricas de la constitución hondureña reflejan la herencia del régimen militar de los 70, que protegió sus intereses y los de la oligarquía a través de artículos como estos.

En respuesta al golpe de estado miles salieron a las calles y protagonizaron enfrentamientos con la policía. Se trató de un movimiento popular masivo como no había existido en Honduras por décadas. Marchas de miles de personas, tomas de carreteras, barricadas, paros sindicales. Había un ambiente de insurrección en muchas zonas del país. Para muchos esa primera jornada de lucha contra el golpe marcó una ruptura política, un antes y después. Ante las elecciones de noviembre de 2009 mediante las cuales el Partido Nacional buscaba restablecer el orden y su legitimidad internacional, el movimiento convocó a un boicot, a la no colaboración con la farsa de los golpistas. No obstante, a pesar del vigor del movimiento el gobierno logró superar la crisis. Por medio de unas elecciones atropelladas los golpistas instalaron en la presidencia a Porfirio Lobo. Durante los meses antes de las elecciones y durante la presidencia de Lobo la represión fue cruel y amplia. Fueron muchos los heridos y encarcelados en las manifestaciones. Fueron también muchos los asesinados.

Al calor de estas luchas de resistencia contra el golpe surge una nueva fuerza social y política, el Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP), organización de aglutinó no solo a los seguidores de Zelaya y ex miembros del Partido Liberal, los llamados liberales en resistencia, sino a diversas organizaciones sindicales, políticas, estudiantiles, comunitarias, indígenas y feministas. En poco tiempo pasó a ser una organización con poder de convocatoria a nivel nacional circunscrito a dos exigencias fundamentales, la restitución de Zelaya y una convocatoria a una asamblea constituyente. En el Frente coexistieron diversas tendencias políticas que reflejaban el carácter policlasista y multisectorial del mismo. Esto resultó en diferencias conflictivas al interior de la organización. En primer lugar, existían claras diferencias políticas entre aquellos que pertenecieron al Partido Liberal y que solo después del golpe articularon una oposición al tradicional bipartidismo partidista y sectores de la izquierda hondureña que intentaban adelantar posturas más radicales. Los primeros solo recientemente habían sido expulsados del poder por la oligarquía, pero poseían los números, la experiencia y los recursos suficientes como para dominar las estructuras del Frente. También surgieron tensiones entre organizaciones que provenían de un trasfondo de movimientos de base, que resaltaban los procesos democráticos y de horizontalidad, y los que traían consigo concepciones más partidistas acostumbrados a prácticas políticas jerárquicas.

El movimiento de resistencia contra el gobierno golpista sobrepasaba las fronteras del FNRP, pero fue este quien consiguió articular una respuesta política clara. Y dentro del Frente dominó la propuesta de crear un nuevo partido electoral, por encima incluso de respaldar con todos los recursos disponibles las luchas sociales que iban dándose ante las medidas violentas del estado, como la huelga del magisterio, la lucha de los estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), la lucha contra la explotación minera y en protección de los recursos naturales y los territorios indígenas, y las diversas huelgas obreras. La propuesta del partido electoral pasó a ser realidad, naciendo entonces el Partido Libertad y Refundación (Libre). Libre postuló a sus candidatos en el 2013, unas elecciones en las que también hubo acusaciones de fraude electoral contra un Partido Nacional que controlaba todas las instituciones estatales. La candidata presidencial lo fue Xiomara Castro, esposa de Mel Zelaya, que fue derrotada por el actual presidente Juan Orlando Hernández.

Mientras tanto el régimen golpista continuó imponiendo sus políticas draconianas. El gobierno hondureño ha continuado aumentando la brecha entre ricos y pobres provocando, entre tantos males, una emigración masiva hacia los Estados Unidos. Son miles y miles los hondureños que deciden correr el riesgo de hacer la gran marcha para cruzar la frontera de Estados Unidos. Son también cientos y miles los que son deportados. El narcotráfico también es cada vez más poderoso e impune. De hecho, Honduras es uno de los países con mayores índices de criminalidad. Se estima que solo en el 2016 hubo alrededor de 5,100 asesinatos. En la agricultura, familias terratenientes mantienen grandes extensiones de tierras cultivables donde promueven dañinos monocultivos y marginan a los campesinos dejándolos sin tierra. La explotación minera a cielo abierto y la destrucción y contaminación de los recursos naturales transcurren con poca o ninguna supervisión. Uno de sus corolarios ha sido el desplazamiento de los pueblos originarios de Honduras, pueblos que constituyen alrededor del diez por ciento del total de la población hondureña. Las políticas neoliberales en Honduras lo mantienen como uno de los países más pobres de América Latina.

Para la clase dominante el asesinato selectivo se convirtió una de sus armas favoritas. Y muchas de las víctimas son de la ruralía donde existe una lucha de clases cruenta contra los megadesarrollos mineros y energéticos. Durante varios años comunidades del pueblo lenca al oeste del país le hicieron frente a la privatización de tierras sagradas para ellos y de ríos que serían desarrollados para construir una represa hidroeléctrica. El ejército hondureño hostigaba continuamente a las comunidades en lo que sin duda alguna era una especie de nueva invasión militar contra los pueblos originarios. Amenazas de muerte, de violación, encarcelamientos, crearon todo un clima de terror. El capital nacional y trasnacional deseaba explotar sin supervisión ni consulta alguna. Finalmente, tras una larga lucha, el proyecto fue paralizado, una victoria de un movimiento de escasos recursos contra una corporación poderosa. En ese ambiente hostil, la medianoche entre el 2 y 3 de marzo de 2016 desconocidos entraron a una casa en La Esperanza, Intibucá, ciudad originalmente del pueblo originario lenca, y dispararon contra una mujer de 42 años, madre de cuatro, matándola en el acto. La mujer se llamaba Berta Cáceres, líder indígena lenca, feminista y activista por el medio ambiente. Berta fue una de las portavoces más visibles contra la construcción de la hidroeléctrica. Berta también fue una de las fundadoras en el 1993 del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), organización defensora de los derechos de los indígenas en Honduras, del medio ambiente y fuertemente crítica del sistema de opresión hondureño. Su vil asesinato es quizás el más reconocido a nivel nacional e internacional por su trayectoria de lucha y por ser una figura clave en los movimientos sociales de Honduras. Los homicidios selectivos de líderes sociales y políticos aumentaron considerablemente desde el golpe de 2009, estimándose que más de 300 activistas han muerto a manos de la policía o de mercenarios a sueldo.

Estas elecciones, pues, venían cargadas de lucha social, de desconfianza y deslegitimación de las instituciones oficiales. El Partido Libre decidió articular una política de alianzas para aumentar sus posibilidades de alcanzar posiciones en el estado. De ahí surge la Alianza de Oposición Contra la Dictadura, cuyo programa de gobierno tiene como eje central la convocatoria a una asamblea constituyente para escribir una nueva constitución para Honduras, precisamente la exigencia primordial de la inmensa mayoría de las organizaciones sociales y políticas opuestas al régimen desde el golpe de estado del 2009.

Al contrario del 2009, en estas manifestaciones hubo un giro inesperado, un factor previamente insospechado que debe preocupar muchísimo a los gobernantes. Varios días después de que comenzaran los enfrentamientos callejeros y el toque de queda, una de las unidades más represoras de la policía nacional, el comando especial Cobras anunció que no lucharían más contra el pueblo y que desobedecían las órdenes del Secretariado de Seguridad. Una a una, como en efecto dominó, otras unidades policiales se unieron al paro. Un gran júbilo arropó a las manifestaciones, algunas de las cuales no tardaron en llegar hasta la policía para abrazarlos y llevarles víveres. Del lado contrario, el temor cubrió al oficialismo, tan así que recurrieron a aumentarle el sueldo a la policía para comprar su obediencia de vuelta. No obstante, los portavoces policiales respondieron que esto no se trataba de dinero y que dejarían que las manifestaciones continuaran. Este acontecimiento marca un punto crucial ya que el mismo representa un quiebre institucional como nunca visto en la historia contemporánea de Honduras. Si la clase dominante no cuenta con uno de sus brazos represores, ¿cómo logrará acallar al pueblo y robarse nuevamente las elecciones para perpetuarse en el poder?

A dos semanas después de las elecciones Honduras todavía no conoce los resultados oficiales. El silencio permanece en el Tribunal Electoral. Mientras tanto corren los rumores. Se habla de negociaciones secretas entre el Partido Nacional y la oposición para llegar a un acuerdo. ¿Cuál será la reacción de las fuerzas armadas? Si la crisis se extiende, ¿cómo responderá el gobierno de Trump? Al parecer es poco el espacio de maniobra que le queda al Partido Nacional para intentar sembrar a su candidato nuevamente en la presidencia. De ganar el candidato de la Alianza, Nasralla, Honduras tendrá un nuevo gobierno sumamente dividido, con una oposición creciente que busca reescribir la constitución pero con un Partido Nacional bien incrustado en la burocracia del estado.

Aquellos que buscamos una transformación social y política radical de la sociedad y que creemos en una América Latina unida debemos seguir de cerca los sucesos de Honduras. Estamos viviendo una nueva etapa en la historia de la lucha del pueblo hondureño contra sus opresores. ¡Que la solidaridad diga presente!

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