Ambientales

Publicado en 9 de abril de 2019 | por BREL1

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Socialistas responden a expresiones de Rosselló sobre AES

El Gobierno de Puerto Rico no tiene nada que conversar con AES. La contaminación ambiental es un delito tipificado por el Código Penal de Puerto Rico.

Comunicado de Prensa
Movimiento Socialista de Trabajadoras y Trabajadores

El Movimiento Socialista de Trabajadoras y Trabajadores (MST) tronó contra el comunicado de prensa emitido hoy por Fortaleza donde expresa que en conversaciones con Applied Energy Systems (AES), ha determinado el fin de la utilización de carbón para la producción de energía eléctrica para el 2020. Aunque a primera instancia, la noticia pudiera llevar a su celebración, la misma pretende encubrir una conducta criminal de esta empresa con la cual el gobierno ha demostrado complicidad.

“El gobierno de Puerto Rico no tiene nada que conversar con AES- expresó Ricardo Santos Ortiz”, portavoz del MST. Añadió: “La contaminación ambiental es un delito tipificado por el Código Penal de Puerto Rico. A la luz de los estudios más recientes que revelaron que los químicos en los acuíferos que se encuentran bajo la montaña de cenizas de carbón de AES en Guayama superan entre 4 y 14 veces los niveles máximos permitidos por EPA, el deber del gobierno es ordenar al Departamento de Justicia a que comience una investigación con miras de procesar criminalmente a la carbonera”.

La organización socialista instó a aumentar la presión y a no bajar la guardia por el historial de engaños por parte de la AES y sus colaboradores en el gobierno. Ambos, en complicidad, han causado un monumental desastre ambiental y de salud en Puerto Rico. No son poca cosa las cientos de miles de toneladas de cenizas tóxicas, así como a las cuantiosas emisiones venenosas. Estas se han vinculado a las condiciones graves de salud, como el cáncer, que imperan en las comunidades pobres de Guayama, donde está ubicada AES. Muy probablemente sean muchos más los daños causados al medioambiente.

“El envenenamiento de los acuíferos hay que detenerlo. Una salida negociada de la carbonera no puede pasar por alto este y otros crímenes ambientales que ya han cobrado vidas y comprometido la salud de las comunidades con cáncer y enfermedades respiratorias”, enfatizó Santos Ortiz.

Además de encausar criminalmente a la carbonera, a sus directivos, y a sus funcionarios y cómplices en el gobierno, el MST hace suyo el reclamo histórico de las organizaciones ambientales y comunales del sureste: la AES y sus cómplices (entre los que se destaca Alejandro García Padilla, quien autorizó que se depositaran las cenizas aquí) deben responder criminal y civilmente por los daños a la salud y al ambiente en el país. Los efectos dañinos deben cuantificarse y los responsables deben resarcir a los afectados. La organización socialista exige que se limpien de cenizas tóxicas todos los lugares en los que se hallan depositado y que estos se restablezcan a su condición original.

Por otro lado, Rosselló insiste en su comunicado el uso del gas natural como una alternativa energética, cuando su explotación se ha asociado a impactos graves al ambiente, como la contaminación de las aguas subterráneas de los lugares de los que se extrae. Este proceso también provoca grandes emisiones de CO2 y metano, lo que contribuye al cambio climático. El gas natural sigue siendo un combustible fósil que se exporta por las grandes empresas, por lo que no deja de colocarnos a merced de sus productores.

La transición del carbón o petróleo a fuentes de energía renovables –como la solar o la eólica– no puede darse con la condonación de crímenes ambientales ni tampoco poniéndola en manos de empresas como la AES, que ha demostrado un desprecio absoluto por la población puertorriqueña. Las opciones energéticas deben surgir de la participación democrática de las comunidades para que se ajuste a sus necesidades y no perjudiquen su salud ni al ambiente.

En Peñuelas, Salinas, Guayama, Humacao y en toda la Isla, miles se estuvieron movilizando en varias protestas que incluyeron acciones de desobediencia civil en los últimos años. La policía efectuó decenas de arrestos y agresiones a manifestantes y siempre protegió a la carbonera y la decisión del gobierno de depositar las cenizas tóxicas en Peñuelas. Es momento de que respondan la AES y los funcionarios de este y pasados gobiernos por sus acciones criminales.

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