Ambientales

Publicado en 31 de julio de 2007 | por BREL1

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Toman Instalaciones en Paseo Caribe

Ambientalistas defienden Fortín San Gerónimo

Pedro Colón Almenas
Bandera Roja

A pasos de donde el cirquero Karl Wallenda perdió la vida. Un grupo de activistas ambientales se han apoderado de las alturas en elevadas grúas de construcción; pero está vez, lejos de entretenernos buscan parar la construcción del complejo turístico y residencial Paseo Caribe. Proyecto que de manera cuestionable ha recibido la permisología de construcción sin cumplir con las leyes de la zona marítimo terrestre y que percibe la privatización de la estructura histórica del Fortín de San Jerónimo del Boquerón. Cuyo valor arquitectónico es reconocido en el Registro Nacional de Lugares Históricos; sin embargo, ha sido donado por el ELA desde la década del 1990 al Hotel Caribe Hilton y éste a su vez al proyectista contribuyente del PPD, Arturo Madero.
Dicho complejo turístico, además de las miles de habitaciones hoteleras cuenta con miles de unidades de vivienda y cuyo pietaje comercial equivale a un «shopping mall» pretende establecerse apoderándose de espacios marítimos del pueblo. El mismo, además es de alto riesgo de desastres naturales al ser construido en espacios ganados por el mar por lo que se pone en alto riesgo a la zona en construcción y otros espacios adyacentes.
Las agencias reguladoras ha entregado estos terrenos de «bien de dominio y uso público» para enriquecer al sector de la construcción de la Isla pasando por alto el derecho del pueblo a gozar de las costas y de los recursos históricos. Terrenos que no son susceptibles de título privado son propiedad del pueblo de Puerto Rico, no son del gobierno y ni siquiera del estado político, son del pueblo. Un acto muy común en Puerto Rico que se ha convertido en una Isla sin costas donde los municipios planifican segregando las playas para clases sociales poderosas manteniendo a la deriva los valores históricos, culturales y estéticos de la supuesta Isla del Encanto.
La pregunta sobre el tapete es: ¿Qué hacer cuando supuestamente el setenta por ciento de la construcción se encuentra realizada? Las alternativas no sobran en un gobierno sumiso con la industria de construcción. Sin duda alguna, los permisos deben ser revisados, los accesos garantizados y los espacios invadidos deben ser devueltos inmediatamente al pueblo. Los daños realizados pueden ser todavía peor para el entorno costero. Asimismo, con el interés de quitar los ánimos de exclusividad cierto espacio residencial turístico puede ser cedido a los residentes desplazados de las barriadas humildes de Santurce y Puerta de Tierra, sectores donde la elitización de los espacios urbanos son la orden del día y los espacios hoteleros son prohibitivos para sus salarios. Pero para estás estrategias hace falta más que una buena planificación, es necesaria una voluntad política que no se le conoce al gobierno de Puerto Rico. Es bien fácil, para los gobiernos de turno tumbarles las casuchas a las comunidades pobres cuando rescatan terrenos privados o se establecen en las cuencas de cuerpos de agua. Movilizando batallones policíacos para perseguir a los pobres e inmigrantes. Pero en cambio, son unos blandengues para respetar los terrenos que le pertenecen al pueblo.

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