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BREL1| Publicado el 17 febrero 2016
La crisis fiscal de Puerto Rico ha servido de excusa para que varias agencias gubernamentales sean sometidas al escrutinio de consultores externos con el fin de analizar su solvencia económica y proveer recomendaciones para la transformación de sus estructuras, políticas y funcionamiento. En la mayoría de los casos, estas reformas obedecen la priorización del pago de la deuda sobre los servicios esenciales que el gobierno tiene que por obligación proveer a la ciudadanía.
Por supuesto, la Universidad de Puerto Rico no ha sido la excepción. A petición de la Junta de Gobierno de la UPR, el grupo de consultores y consultoras de la Asociación de Juntas de Gobierno de Universidades y Colegios (AGB Consulting), basada en Washington, D.C. AGB Consulting realizó una investigación a través de todos los recintos y la Administración Central y redactó un informe que contiene recomendaciones relacionadas a cinco aspectos generales:
El informe presenta una visión empresarial de la Universidad e indica que el presidente de la UPR debe entenderse como CEO y la Junta de Gobierno como el cuerpo exclusivo de toma de decisión. Esta visión pone como norte el lucro antes que el acceso a la Universidad. Sugiere además el que el Estado deje de asumir su responsabilidad para con la universidad en términos económicos. Expresamente se indica que el Gobierno debe disminuir el dinero que le otorga a la universidad. Esto abre las puertas a la privatización y a que agentes externos a la universidad tengan injerencia directa en el proceso de definición de las prioridades de la universidad y su presupuesto.
Este resumen pretende darle una primera mirada al informe y hacer accesible la información a los diversos sectores de la comunidad universitaria sobre lo que se recoge en el mismo y las posibles implicaciones que podría tener para la Universidad. A continuación, los cinco aspectos contemplados en las recomendaciones:
Esta recomendación supone un cambio en los procesos de toma de decisiones de la Universidad, transformando la manera en la que la Junta de Gobierno y el Presidente (Administración Central) se relacionan con los recintos y los miembros de la comunidad universitaria (estudiantes, personal docente y no docente). De tal manera, que las y los representantes de la comunidad universitaria participarían como oyentes de las reuniones donde se toman las decisiones y luego serían responsables de convencer a sus pares.
Segundo, se recomienda eliminar el requisito de aprobación del Consejo de Educación Superior a la Universidad Pública y sus programas para que éste se concentre en las instituciones privadas. Esto implicaría que las transformaciones académicas de la universidad pública no tendrían que ser aprobadas por un ente fiscalizador público.
Por último, se recomienda una “despolitización” de la Universidad, sugiriendo términos definidos para los miembros de la Junta de Gobierno, el Presidente y las cabezas administrativas de cada sistema. Esta “despolitización” vendría acompañada de una reducción sustancial de la aportación estatal a la educación pública universitaria disfrazada de “autonomía”.
¿Qué podría implicar?
Estos cambios en la gobernanza universitaria institucionalizarían los procesos de consulta (vistas públicas y semi-públicas) como únicos espacios de participación en la definición de la política universitaria. Es decir, que las decisiones tomadas por la Junta de Gobierno y/o el Presidente no requerirán consensos ni muchos menos la aprobación de los cuerpos representativos ni lxs miembros de la comunidad universitaria en su carácter individual o colectivo. La Administración Central decidirá cuándo, cómo y qué asuntos serán discutidos y tomará acción independientemente de las reacciones que puedan emerger en el proceso de consulta. Esto implicaría la evidente exclusión de la comunidad universitaria en la toma de decisiones que nos afectarían a todos/as.
Por otro lado, la agenda de privatización es clara. Reducir la aportación del Estado implica una desvinculación del gobierno de su compromiso con la educación pública universitaria, abre las puertas para la privatización de servicios y vulnerabiliza la autonomía de los recintos. Aumentar la cantidad de fondos externos pondría a la universidad en una posición de vulnerabilidad, ya que estas fuentes financieras tendrían discreción sobre la utilización de dichos fondos y no garantiza la recurrencia de fondos.
Como parte de la reforma en el liderato ejecutivo, la propuesta redunda en que la Junta de Gobierno poseerá la autoridad absoluta en la definición de política universitaria, siendo así el cuerpo que define el camino a seguir y las prioridades estratégicas. A su vez, las rectoras y rectores serían los responsables hacer cumplir los acuerdos de la Junta. El informe compara estas funciones con las correspondientes a un CEO (Chief Executive Officer) o director ejecutivo de una empresa, quien no interfiere en la definición de la política institucional sino que implementa y asegura el cumplimiento de dicha política.
Además, las recomendaciones apuntan a una reducción sustancial de la plantilla de servicios y el recurso humano de la Administración Central, enfocando su trabajo en el cumplimiento efectivo de sus funciones básicas. Esto resultaría en una reducción del 25% de sus costos operacionales.
¿Qué podría implicar?
Estos cambios en el funcionamiento de la Universidad establecerían una jerarquía sumamente elitista con relación a la toma de decisiones, excluyendo la participación de los miembros de la comunidad universitaria en los asuntos que nos afectan a todos y todas. Según esta transformación las figuras representativas serían sellos de goma y su función, acatar los acuerdos que vengan de arriba.
La propuesta de reforma estructural del sistema consta de dos partes: reducir la aportación estatal en los recintos grandes (Mayagüez, Río Piedras y Ciencias Médicas) para promover su “autonomía” y reestructurar los recintos pequeños (Aguadilla, Arecibo, Bayamón, Carolina, Cayey, Humacao, Ponce y Utuado) mediante afiliación a los recintos grandes o consolidación.
Los tres (3) recintos más grandes establecerían un acuerdo contractual de cinco años a través del cual se comprometerían con la Junta de Gobierno en cumplir con los niveles de desempeño establecidos por la misma y en establecer mecanismos de allegar fondos externos. Dichos acuerdos serían evaluados al cuarto año por auditores externos para conocer si el recinto cumplió con lo estipulado. A su vez, el informe propone dos alternativas para la reestructuración de los recintos más pequeños: la afiliación de los ocho recintos pequeños a los recintos de Mayagüez y Río Piedras (según proximidad, afinidad de programas, costo-efectivad, etc.) o la consolidación administrativa de recintos, ya sea en una, dos o cuatro instituciones que agrupen a ocho, cuatro o dos recintos respectivamente. Estas instituciones serían encargadas del cumplimiento con los procesos de acreditación y el manejo administrativo de los recintos afiliados.
¿Qué podría implicar?
Bajo este concepto, los recintos grandes tendrían la necesidad de aumentar la cantidad de asignaciones provenientes de fuentes externas de financiamiento. Esto disminuiría grandemente las partidas de fondos recurrentes y vulnerabilizaría las arcas de estos recintos ya que una cantidad menor de su presupuesto estaría garantizado por ley. Además, la discreción en cuanto a la utilización de dichos fondos estaría definida por las fuentes de donde provienen. Es decir, entes privados tendrían poder en la determinación del monto que se reciba, las prioridades presupuestarias. Por consiguiente, tendrían la capacidad de incidir en la política universitaria y en la definición de la oferta académica.
Por otra parte, la consolidación de recintos pequeños pretende reducir los costos operacionales relacionados al funcionamiento de estos. Sin embargo, esto podría resultar en una invisibilización de las necesidades particulares de cada recinto y del estudiantado. Además, supondría una transformación de la cultura organizacional de todos los recintos sin distinción, asunto que no queda contemplado en el informe.
Finalmente, esto representaría un impacto adverso en el acceso que tengan los sectores más empobrecidos del país a una educación pública universitaria.
Las propuestas relacionadas a una reforma fiscal universitaria apuntan a la reducción de costos operacionales a través de la privatización de servicios no académicos y la maximización de los activos mercadeables.
Lo primero sugiere la subcontratación de todos los servicios no educativos a compañías privadas, tales como las cafeterías, las residencias estudiantiles y los servicios de transportación, limpieza y seguridad.
Por otro lado, lo segundo sugiere en primer lugar realizar un análisis de todos los activos de la Universidad con el objetivo de identificar potenciales fuentes de fondos. Como una de las posibles fuentes de ingreso se presentan los espacios de estacionamiento, los edificios en desuso y el equipo disponible (para alquiler o venta).
En adición, el informe presenta una propuesta que incluye una redefinición de los programas (denominados “esenciales”) que debe ofrecer el sistema universitario. Este análisis incluiría criterios de costo-efectividad para evaluar qué programas deberían seguir ofreciéndose.
Por último, la propuesta plantea una reclasificación del recurso humano. Como parte del proceso, se consideraría la programación de retiros tempranos, la proliferación de prácticas como el “job sharing” (es decir, convertir una plaza a tiempo completo en dos a tiempo parcial con el fin de no otorgar beneficios marginales y reducir costos) y la institucionalización de la práctica de congelación de plazas y otorgación de plazas a recursos previamente contratados.
¿Qué podría implicar?
El gobierno lleva apostando a la privatización desde hace décadas. Los mejores ejemplos son los servicios de salud, la telefónica y servicios dentro del Departamento de Educación. Sabemos que la privatización de los servicios afecta la calidad de los servicios ofrecidos y la calidad de vida de quienes trabajan para ofrecerlos.
La privatización de los servicios no académicos podría implicar la desaparición de los gremios que agrupan al sector no docente mediante la subcontratación de estos servicios a compañías privadas que ofrecen plazas de empleo más precarizadas con sueldos mucho menores y beneficios laborales inexistentes. Además las privatizadoras se llevan gran cantidad de dinero, dándole a su alta gerencia sueldos jugosos que contrastan grandemente con los sueldo de sus trabajadoras y trabajadores.
Otro aspecto considerable de la privatización es que la universidad no tendría pleno control del costo de los servicios ofrecidos. Por ejemplo, la universidad no tendría autoridad en el establecimiento de los precios de residencias estudiantiles, lo que muy probablemente implicaría un aumento en el costo de alojamiento, afectando directamente al sector más pobre del estudiantado en contradicción a las recientes políticas de mayor acceso a la universidad pública. De igual manera, esto podría suceder con la subcontratación del manejo de espacios como estacionamientos u otras facilidades públicas.
Por otra parte, según la transformación propuesta la UPR no tendría que responder a las necesidades del país sino que, como cualquier empresa, funcionaría según las leyes de mercado. En ese sentido, la oferta académica de las disciplinas que no se consideren rentables (como las artes y las humanidades) sería reducida o hasta eliminada.
En resumen, esta reforma fiscal obedece el patrón de desmantelamiento del sistema público universitario, validando e institucionalizando las prácticas asumidas como resultado de la Ley 7 y la Ley 66: congelación de plazas, precarización de los empleos, etc. Esta propuesta favorece la privatización de la Universidad de Puerto Rico para desvincular al gobierno de su compromiso económico con la educación pública universitaria.
Según el informe, es imperante que el gobierno reduzca sustancialmente su aportación a las arcas de la Universidad de Puerto Rico. Para que esto suceda, sugiere la adopción de una serie de “estrategias de crecimiento” que conviertan a la UPR en una institución más competitiva con relación a las principales instituciones privadas (que actualmente sostienen una matrícula mayor). Es decir, el crecimiento de la UPR visualizado a través de su privatización.
Como parte de las estrategias de crecimiento se recomienda aumentar las tasas de retención y graduación con el fin de mantener estándares aceptables para las agencias acreditadoras y asegurar un flujo de partidas de ingreso recurrente. Sin embargo, con un presupuesto limitado se hace casi imposible mantener programas y servicios que garanticen el aprovechamiento académico de las y los estudiantes. Por ejemplo, la privatización de servicios psicológicos muy probablemente haría inaccesible estos servicios para aquellos/as estudiantes más pobres que los necesiten.
Además, se propone un aumento escalonado de matrícula como recomendación para contrarrestar la reducción de fondos provenientes del estado. Según AGB Consulting, los partidos PNP y PPD “han sido muy generosos” con la UPR y la fórmula del 9.6% del presupuesto general ya no es rentable para el gobierno. La universidad sería responsable de conseguir sus propios fondos. Para esto, se propone la diversificación y expansión de la oferta de educación continua, aumentar la oferta de educación en línea, maximizar las fuentes de fondos externos designados a actividad de investigación y aquellas estrategias contenidas en la propuesta de reforma fiscal.
¿Qué podría implicar?
Estas nuevas estrategias de crecimiento visualizan a la UPR como una empresa lucrativa distanciada totalmente de su función social de proveer oportunidades académicas universitarias a los sectores más marginados del país para el bienestar de la sociedad puertorriqueña. En ese sentido, la educación pública universitaria no sería vista como un bien público. Sólo los sectores más privilegiados tendrían acceso a la UPR.
Por otro lado, la propuesta de aumentar las tasas de retención y graduación suena muy bien. Sin embargo, en la práctica esto se ha traducido en la reducción de la cantidad de personas admitidas y, por consiguiente, una elitización del perfil del estudiantado ya que entran aquellas personas que han tenido acceso a un número mayor de oportunidades educativas (formales e informales). Esto afecta profundamente el acceso de los sectores más empobrecidos y marginados a obtener una educación pública universitaria.
El llamado es a la organización y a la movilización
No todo cambio que se propone es un cambio positivo. Quienes crearon este informe dicen explícitamente que desean aprovechar la crisis que hay en el país para impulsar cambios que han intentado establecerse en otros momentos y en los que han encontrado resistencia por parte del estudiantado y otros sectores.. Utilizan la crisis como puerta para mercantilizar la UPR.
El Movimiento Estudiantil lleva años planteando la necesidad de reformas y reestructuraciones dentro de la UPR, pero estas propuestas de cambio no pueden hacerse a escondidas y en cuartos oscuros. Estas propuestas no puede servir para abrir las puertas de la UPR al neoliberalismo. Las propuestas de cambio deben ser construidas por la comunidad universitaria. Estos procesos deben ser amplios y democráticos; que busquen la participación, la democratización y la ampliación del acceso a la educación.
Aspiramos a que la toma de decisiones en la universidad sea una democrática, con participación de los diversos sectores universitarios, donde estos procesos sean transparentes y estén expuestos a la fiscalización rigurosa de la comunidad universitaria. La reestructuración a la que aspiramos debe ser una que garantice estos procesos, no que los reduzca.
El llamado es a la organización y a la movilización. La aceptación de nuestra realidad no puede venir acompañada de la conformidad con la misma. Nos toca apostar a construir una nueva realidad.
Nos toca una vez más organizarnos para defender la Universidad. Pero no solo la UPR está en juego. Nuestro futuro como generación también lo está. Hemos sido sometidos y sometidas a la miseria y a la precarización y vemos como es cada vez más difícil nuestra sobrevivencia. Crecimos pensando que el estudio nos garantizaría un futuro y hemos visto cómo esa idea se nos ha desmoronado. Estudiar a pesar de estas condiciones se vuelve un acto de valentía, pero no es suficiente. Necesitamos opciones colectivas para salir a la crisis. Esas opciones no saldrán de la nada. Hemos visto como nos han puesto la carga de la crisis en nuestros hombros. Nuestro futuro depende de nosotras y nosotros. Nadie nos regalará nada. El futuro de nuestra generación depende de lo que construyamos hoy y de como reaccionemos ante la situación en la que vivimos. Si nos lo han quitado todo, no perdemos nada con luchar. Si nos han robado nuestros sueños, no dejemos dormir a los culpables de esta crisis
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