La privatización: por y para los ricos

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Ricardo Santos Ortiz

Bandera Roja
www.bandera.org

Las políticas de privatización de los servicios públicos han sido la receta principal de la mayoría de los gobiernos a nivel internacional en las pasadas dos décadas. En el caso de Puerto Rico, desde el gobierno de Carlos Romero Barceló se comenzó con la venta de ciertos hospitales públicos. Fue a finales del gobierno de Hernández Colón y sobre todo durante los ocho años de Rosselló que el gobierno promovió la privatización como la esperanza mágica para resolver los problemas de calidad de servicio, gigantismo gubernamental, eficiencia y crisis económica.

Desde la huelga de la Telefónica hasta el presente, el pueblo ha cobrado conciencia de que la privatización no es sinónimo de mejor servicio. Los tres fracasos más grandes de la política de privatización en el país son, sin duda, la venta de la Telefónica, con la consecuente alza de los precios y el deterioro del servicio; la privatización de la administración de la AAA y el desfalco de dinero que empresas extranjeras se han llevado dejando las cosas en peor estado del que las encontraron; y, finalmente, la mal llamada reforma de salud, que ha dejado a la salud de un país entero a la merced de los intereses de las compañías aseguradoras.

Después de tantas experiencias negativas con la privatización y de los políticos haberse llenado la boca en las pasadas elecciones diciendo que no iban a privatizar más servicios públicos, el gobierno del PPD insiste en estas políticas.

¿Por qué la insistencia?

¿Por qué la insistencia en hacer movidas que saben que no son simpáticas para el pueblo y que los efectos negativos se ven casi de inmediato? El gobierno de Puerto Rico, además de responder a los intereses del gobierno de los Estados Unidos, es un gobierno controlado por los ricos del país.

La privatización es la forma sencilla de lavarse las manos de los problemas que surgen en la prestación de servicios. De igual manera, sirve para beneficiar a los amigos de clase de los que gobiernan el país. Venderle a la empresa privada, o peor aún, regalarle el monopolio de ciertos servicios, para que le facturen al gobierno cantidades astronómicas a cambio de controles mínimos, es para ellos un negocio redondo. Tan redondo que siempre sobra para repartir comisiones a todo el que “ayudó” en la transacción.

¿Qué es lo próximo en la subasta?

La Autoridad de Energía Eléctrica lleva años en la mirilla de los colmillús capitalistas. Gracias a la combatividad de los trabajadores energéticos y al efecto de la huelga de la Telefónica, el camino no se les ha hecho fácil. No empece la política de subcontratación, que no es otra cosa que privatizar segmentadamente los servicios, ha sido la manera en que se han podido beneficiar los amigos de Sila y de los pasados gobiernos, al facturarle millones de dólares por obras que los trabajadores de la AEE podían hacer de forma más eficiente y económica.

Ante este robo y ante la nueva ley para permitir a la AEE vender en pedazos sus activos, los trabajadores energéticos se han dado a la tarea de crear un frente de trabajadores llamado la Alianza de Empleados Energéticos, que incluye a todos los sindicatos y empleados gerenciales y profesionales de la AEE para paralizar la privatización proyectada y detener la política de subcontratación.

Tenemos que denunciar la privatización en donde sea y en todo momento. La bancarrota de la reforma de salud debe servir como estímulo para exigir y construir un sistema de salud público y de excelencia en el que todo el pueblo tenga acceso real y su enfoque sea uno preventivo. Las propuestas actuales del gobierno son cosméticas, ya que no rompen de raíz con los intermediarios – las aseguradoras – que su única función es la de restringir los servicios en aras de mantener sus ganancias.

Denunciemos la privatización como lo que es: la agenda de los ricos, para el beneficio de los ricos.