Cierran también colegios privados

Durante los pasados quince años, Puerto Rico ha experimentado el mayor cierre de escuelas públicas entre los estados y territorios estadounidenses, ubicándolo incluso entre los mayores cierres escolares del mundo. Más de la mitad de nuestras escuelas han sido cerradas y cientos de comunidades han quedado en abandono. A pesar de esto, el secretario de Educación, Eliezer Ramos, ha anunciado nuevos cierres. Los justifica con argumentos ya desmentidos por la realidad: no trajeron beneficios económicos ni ahorros fiscales.

El anuncio es una nueva amenaza contra la educación pública, más aún cuando al final del pasado año académico se cerraron planteles mientras se promovían escuelas charter. Si el argumento para cerrar escuelas es la baja matrícula por la reducción poblacional, resulta contradictorio abrir modelos privatizadores que competirán por esa misma matrícula. No se puede cerrar por falta de estudiantes y, a la vez, desviar fondos públicos a instituciones privadas. Las charter reciben dinero público y una autonomía administrativa y fiscal que se niega a las escuelas públicas en matrícula, cursos y recursos. Esa doble vara ahoga a la escuela pública, reduce sus fondos y favorece a los mercaderes de la educación, que se enriquecen a costa de nuestra niñez y juventud.

Esa transferencia de fondos públicos a entidades privadas no es un riesgo abstracto. Desde los noventa, en Estados Unidos abundan señalamientos de corrupción, mal manejo de fondos, falta de transparencia y cierres que abandonan estudiantes. En Puerto Rico, los casos recientes de LEAP/LEAD Social en Trujillo Alto y Ponce lo confirman: planteles promovidos sin autorización final, sin instalaciones garantizadas y con familias en incertidumbre. En Trujillo Alto, más de 500 estudiantes quedaron sin plantel. Indigna que en 2024 se hayan asignado más de $40 millones en fondos públicos a escuelas chárter para atender a unos 3,000 estudiantes, mientras la mayoría del estudiantado permanece en planteles públicos deteriorados y con recursos insuficientes. Esto no es una falla administrativa; evidencia la complicidad de un gobierno neoliberal con una política privatizadora que beneficia intereses privados y reduce servicios esenciales. Frente a ese proyecto, no cabe resignación: urge fortalecer las comunidades escolares, la lucha sindical de base y el reclamo por una educación pública, gratuita y al servicio del pueblo. La consigna debe ser clara: ni un cierre más, ni una escuela pública menos, ni un dólar más para la privatización.