Organizaciones sindicales, políticas y comunitarias celebraron la protesta “Pa Fuera La Junta” para conmemorar el décimo aniversario de la aprobación de la Ley PROMESA y la imposición de la Junta de Control Fiscal (JCF). Miles de personas exigieron su salida frente a sus oficinas el pasado 30 de julio .
El balance que nos deja la Ley Promesa y la JCF es una crisis polifacética justificada por una deuda ilegal. La JCF profundizó la crisis estructural del ELA junto a la mala gestión y corrupción del gobierno colonial.
Ninguno de los problemas apremiantes se ha resuelto: mientras las facturas suben, la gente se queda sin agua y sin luz. Las averías en el superacueducto no son nuevas: consecuencia de una política que recortó el mantenimiento para pagar deuda. Los apagones no son actos de Dios, sino decisiones políticas. Las violaciones de derechos humanos en las cárceles se han agravado tras los recortes presupuestarios exigidos por la JCF al Departamento de Corrección. La educación fue desmantelada: centenares de escuelas cerraron por ser consideradas un gasto innecesario. La Universidad de Puerto Rico es desangrada, las pensiones atacadas y la infraestructura se deteriora.
Bajo el marco de la JCF se eliminaron 40,000 puestos de empleos públicos y unas 450,000 personas han emigrado a Estados Unidos. Las medidas de austeridad, unida a la falta de empleos bien remunerados incrementaron la emigración lo que a su vez reduce la capacidad adquisitiva del erario público por medio de contribuciones sobre ingresos. La Junta no ha hecho nada por aumentar las contribuciones a los ricos lo que conduce a una futura segunda quiebra.
En el país de PROMESA, la prioridad es pagar a los acreedores, aunque sea a costa de la vida de la gente. La Junta no fiscaliza: decide. Ha vetado leyes, impulsado privatizaciones rechazadas y convertido al gobierno local en mero administrador de sus dictámenes. Ha gastado más de $2,000 millones en asesores legales y consultores, recursos que pudieron reparar acueductos, mantener hospitales o pagar a maestros. Echarle la culpa a la Junta de Control Fiscal se ha convertido en la excusa perfecta para derrotar cualquier proceso de lucha.
La JCF justifica los recortes y privatizaciones por la crisis fiscal, pero estas medidas no han mejorado los servicios, solo han encarecido la vida y empobrecido al país. El pueblo ha pagado en facturas y servicios más de $2,000 millones en esta década, mientras la deuda pública se reestructuró parcialmente y sin generar crecimiento económico ni bienestar. Tampoco combate la corrupción local, hemos visto que la corrupción continúa de forma cada vez más descarada e impune.
En diez años, Puerto Rico tiene un pueblo más vulnerable y un país en decadencia. Lo único estable son las ganancias de bonistas, privatizadores y sus protectores políticos. Los políticos han normalizado la precariedad y sobrevivir en vez de vivir con sus medidas de austeridad.
La pregunta obligada no es cuando se van sino ¿que país nos dejarán una vez se vayan?
