A detener el recorte a las pensiones

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Raúl M. Báez Sánchez

| Publicado el 10 enero 2020

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María Elena Lara

Bandera Roja

El próximo 22 de febrero de 2020, a las 9:00am, lxs pensionadxs tenemos una cita impostergable. En la asamblea convocada por Construyamos Otro Acuerdo y que se celebrará en el Coliseo Pedrín Zorrilla de Hato Rey, se discutirá todo lo relacionado al recorte a las pensiones. Además, se tomarán decisiones sobre las acciones a seguir para evitar que dichos recortes se materialicen.

La Junta de Control Fiscal (JCF) presentó ante la jueza Tylor Swain para su aprobación un Plan de Ajuste a la deuda del gobierno central, que incluye un acuerdo negociado con el Comité Oficial de Retirados (COR). Este comité está constituido por ocho personas nombradas por un síndico de Estados Unidos para (alegadamente) representar a todxs lxs pensionadxs de los tres sistemas de retiro principales -Retiro Central, Sistema de Retiro para Maestros (SRM) y Judicatura- en el caso de quiebra del gobierno bajo la ley PROMESA.

Todos los gastos de este comité se pagan con fondos públicos; hasta julio de 2019 había gastado $18 millones. Uno de sus principales gastos es pagarle $375 la hora a Héctor Mayol Kauffman para que le asesore. Mayol Kauffman, para quien no lo recuerde, fue administrador de los tres sistemas de retiro del gobierno. Nombrado por el PNP en 2009, permaneció en el puesto bajo el PPD hasta el 2013. Ambos partidos lo contrataron para hacer el trabajo sucio de organizar el cierre y privatización de los sistemas de retiro que provocó la pérdida de beneficios y grandes reducciones a las pensiones. Mayol Kauffman fue el artífice de la Ley 3 para el Retiro Central, y de la Ley 160 para el SRM. Cuando en el 2008 dirigía el banco de inversiones del Retiro Central Samuel Ramírez, uno de los responsables de la emisión ilegal de bonos que llevó al Sistema a la quiebra, Mayol Kauffman personalmente compró parte de esos bonos. Es a esa despreciable sanguijuela, quien debería estar preso, a quien el COR contrata dizque para proteger nuestros intereses. Otra vez, el cabro velando por las lechugas.

Luego de ese gasto millonario, el COR acuerda con la JCF un recorte de 8.5% a todas las pensiones por igual, independientemente de lo que reciba el/la pensionadx. Ese recorte se haría a la pensión mensual sumada al bono de Navidad y al bono de verano y medicamentos. No se incluyen en el sumatorio ni el Seguro Social ni la aportación patronal al Plan Médico de lxs pensionadxs que cuentan con esos beneficios.

Si el Plan de Ajuste es aprobado, los recortes a las pensiones entrarían en vigor en julio de 2020. Un 74% de lxs pensionadxs sufriría recortes, siendo el magisterio pensionado el grupo que más se afecta. Sin embargo, lxs maestrxs jubiladxs no serán lxs únicxs afectadxs con el Plan de Ajuste. La mayoría del magisterio activo en estos momentos se benefició de la decisión del Tribunal Supremo de Puerto Rico y no les aplicó la Ley 160 en su totalidad, lo que significa que al momento de jubilarse aún tienen derecho a una pensión vitalicia del 75% de su salario. La JCF propone eliminar este beneficio con la creación de un sistema de pensiones híbrido, en el cual después de trabajar hasta los 62 años ó más (ahora son 55), al momento de jubilarse el docente recibiría un porciento de lo que haya acumulado bajo el primer sistema de beneficio definido hasta la aprobación del Plan, más lo que acumule bajo el nuevo sistema de cuentas individuales: una pensión miserable al cabo de estar toda una vida matándose en la escuela.

Mientras a pensionadxs y trabajadorxs activxs la JCF quiere seguir imponiendo medidas de austeridad adicionales a las ya impuestas por el gobierno, con los bonistas de COFINA llega a un acuerdo que ya produjo una ganancia inmediata de $1,333 millones para esos buitres, además de comprometer por 40 años los recaudos del IVU, los cuales tendrán que aumentar durante 22 años consecutivos para cubrir esa deuda. Para esos no hay recortes. Tampoco para los bonistas de la Autoridad de Energía Eléctrica, con quienes la JCF negocia un acuerdo que aumentará gradual y sostenidamente la factura de la luz durante los próximos 40 años.

Buena parte de la deuda del gobierno fue emitida ilegalmente (al menos 9 mil millones); la misma JCF lo ha reconocido así. Si se auditara la deuda, seguramente esa cifra sería mucho mayor. Pero en vez de hacerlo, pretenden quitar a lxs pensionadxs actuales y futurxs un pedazo de su pensión para garantizarle a la burguesía financiera sus multimillonarios ingresos. Queda claro para quién trabajan.

Del Fondo General se pagan las pensiones desde 2017. Además, se pagan los demás gastos del gobierno, incluyendo las asignaciones presupuestarias  para las distintas agencias gubernamentales. De ahí también saldrá el pago a los bonistas que la JCF está negociando. La deuda de COFINA la paga el IVU. La de la AEE la pagará el aumento gradual en la factura. ¿Qué garantizará el pago de las pensiones si sale del mismo fondo del cual se le pagará a los bonistas que son acreedores asegurados? En un país en quiebra, donde no hay desarrollo ni crecimiento de la economía, donde el desempleo ha obligado a cientos de miles a emigrar, donde el costo de vida es insostenible ¿cómo van a nutrir ese Fondo General para que crezca y sea lo suficientemente robusto para pagar deuda, pensiones, más otras obligaciones? En el Plan de Ajuste no se dice cómo, lo cual presenta la preocupación de que en el futuro pretendan hacer otra reducción a las pensiones para pagar deudas.

Lxs 167,000 pensionadxs somos acreedores también ante el tribunal de quiebras. Los bonistas tienen mucho dinero para darse una vida de lujos, pero nosotrxs sólo tenemos nuestras pensiones, que ya han sido reducidas por las medidas impuestas por los gobiernos PNP y PPD. Por eso debemos acudir a la Asamblea Nacional Por un Retiro Digno a exigir cero recortes a las pensiones. A mandatar la auditoría de la deuda. A reclamar que se cancelen las deudas ilegales. A exigir que el gobierno demande a bancos de inversiones, bufetes de abogados, asesores financieros, y a todos los que se beneficiaron de la emisión de deudas ilegales, y que el dinero recuperado sirva para el pago de pensiones y servicios esenciales. Vamos a reclamar también un Sistema Universal de Pensiones que asegure un retiro digno para todxs.

No podemos permitir que los ricos que nos explotan y nos roban vuelvan a a salirse con la suya a costa de nuestro sufrimiento. ¡Vamos a darles la batalla!