Puerto Rico no es un país ajeno a la desigualdad que garantiza la privatización de un
servicio esencial. Más allá de los ejemplos de privatización de los últimos 30 años,
generaciones anteriores estuvieron a la merced de entes privados que, por ejemplo, decidían
quiénes tendrían acceso a energía eléctrica como parte de un negocio que no se interesaba en
las necesidades del pueblo.
Antes de lo que hoy conocemos como la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), en Puerto Rico
había energía eléctrica durante la segunda mitad del siglo 19. En esta época, la isla era aún
colonia española y se encontraba en proceso de desarrollo nacional e internacional luego de
siglos de pocos adelantos. A finales del 1800 ya era más común encontrar sistemas eléctricos
en algunas haciendas con mayor actividad económica. Con la llegada del capital
estadounidense del siglo 20, Puerto Rico contaba con un mayor número de lugares con
acceso a energía eléctrica, en pueblos de mayor importancia económica. El acceso directo a
energía era mínima aún para mediados del siglo 20 ya que dicho servicio seguía concentrado
entre los hacendados con gran capital o familias con poder adquisitivo alto.
El poco impacto que tenía la energía eléctrica en la mayor parte de la isla se debía a que las
compañías que brindaban servicios eran privadas y, a pesar de recibir apoyo del gobierno local,
éstas limitaban quiénes podían recibir el servicio. Es decir, que al ser compañías privadas las
personas que no tuvieran una buena entrada económica no podían recibir el servicio.
Con el establecimiento de la Autoridad de Fuentes Fluviales (AFF), hoy día la AEE, el
panorama de desigualdad y estancamiento cambiaría en el país. Para la década del 40, la
corporación pública fue creada para tomar control de la generación y distribución de la energía
eléctrica. De esta manera se inicia la construcción de un sistema eléctrico que serviría a toda la
isla y que, a su vez, estabilizaría el costo del servicio logrando un servicio eléctrico accesible a
todo Puerto Rico.
Con los servicios básicos como la luz, el agua y la salud bajo dominio público se garantiza el
acceso para el pueblo. De esa forma todas las comunidades, sin importar las condiciones
económicas ni condición social, pueden tener acceso a los servicios. Con el conglomerado
energético de distribución bajo LUMA y la generación bajo GENERAPR, las comunidades
pobres verán nuevamente un acceso limitado al servicio eléctrico que es indispensable en la
actualidad ya que los servicios mediocres junto a las altas y excesivas tarifas se orientan para
enriquecer a los ejecutivos de estas compañías. La historia nos hace reconocer que si en la
actualidad hay un sistema energético accesible, fue gracias a la corporación pública, del
pueblo.
Entonces, vale la pena preguntarnos: si no se hubiera creado la corporación pública en la
década del ’40, ¿quiénes tendrían acceso a energía eléctrica hoy?
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Periódico Bandera Roja mes de Mayo