Nacionales

Publicado en 19 de enero de 2015 | por BREL1

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Bajo ataque la vivienda pública

Emilia Quiñones Otal

Bandera Roja

Con una política pública de privatización e invisibilización de la pobreza, el gobierno de Alejandro García Padilla se ha caracterizado por el cierre de residenciales públicos y el aumento en tarifas de vivienda a las personas pobres del país. En un Puerto Rico donde la mayoría de las personas aptas para trabajar se encuentran desempleadas debido a la crisis del modelo capitalista-colonial que rige en la isla, la vivienda no se puede convertir en un lujo. El gobierno del PPD, al igual que lo ha hecho el PNP cuando le ha tocado gobernar, se han encargado de desprestigiar a las comunidades de personas más desaventajadas de Puerto Rico y su campaña les ha servido para desmantelar caserios enteros y dejar en las calles a miles de personas.

Históricamente en Puerto Rico, la clase de los ricos se ha encargado de achacar a los residenciales el problema de las drogas, el narcotráfico y la violencia, como si las personas pobres tuviesen los recursos para traer droga y armas ilegales al país. De esta forma han ido privatizando los complejos de vivienda, con el supuesto propósito de embellecerlos, lo que en realidad se ha convertido en una estrategia de esconder la pobreza. Para que no se vea la crisis del país, y convertir a Puerto Rico en un destino para los millonarios de otros países, a los que se les ofrece un paraíso fiscal, se promueven los centros comerciales de lujo, las tiendas caras y los edificios y hoteles lujosos, cuando la realidad del país es muy distinta.

Recientemente se ha anunciado también un aumento a las tarifas de luz y agua a las personas que viven en dichas residencias junto a una política de “mano dura” para el pago de dichos servicios. Debemos recordar que son los bancos y las empresas privadas, culpables de la crisis que vivimos, los primeros que tienen deudas millonarias con la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) y la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE). Todos los municipios del país adeudan millones a ambas agencias, al igual que las mencionadas empresas privadas, y a ninguno se les ha amenazado con cortes de luz y agua, una situación que viven cada mes las y los trabajadores en Puerto Rico.

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