Denuncian carpeteo y exigen desestimación de cargos en caso de 5 estudiantes de la UPR

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Raúl M. Báez Sánchez

| Publicado el 27 agosto 2020

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Acusadxs injustamente por defender la Universidad pública

Raúl M. Báez Sánchez

Bandera Roja

En conferencia de prensa realizada frente a los portones de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras, lxs 5 estudiantes de la UPR acusadxs injustamente por el Departamento de Justicia, denunciaron un carpeteo masivo en las redes sociales por parte del gobierno. Además, exigieron que se les desestimaran los cargos por ser un proceso injusto. También denunciaron la doble vara que mantiene el gobierno PNP-PPD cuando acusa injustamente a personas por luchar, mientras se hace de la vista larga y le pasa la mano a los funcionarios y los amigos de los ricos en casos de corrupción. Hicieron un llamado a que se participe hoy jueves, 27 de agosto, en un acto de denuncia por las redes sociales en forma de tuitazo.

Lxs estudiantes denunciaron además que como parte de la investigación criminal el Departamento de Justicia creó unas listas donde aparecen miles de nombres de personas en Facebook con su número de identificación. “En el transcurso de los pasados tres años, más de 50 citaciones y la exposición innecesaria al coronavirus, denunciamos la doble vara que existe en la justicia de nuestro país y el proceso atropellado vivido no solo en nuestra contra sino contra miles de personas a las cuales se le violó su derecho a la intimidad”, denunció Verónica Figueroa Huertas

Las acusaciones contra de Verónica Figueroa Huertas, Thaliangelly Torres González, Francisco Santiago Cintrón, Randiel Negrón Torres y Gabriel Díaz Rivera tienen su origen en la huelga estudiantil de la Universidad de Puerto Rico en el 2017. La misma surgió con el fin de detener el aumento de matrícula en más del doble de su costo, privilegiar los servicios públicos por encima del pago de la deuda, lograr una auditoría de la deuda y evitar los recortes masivos de 241 millones hacia la Universidad de Puerto Rico (UPR).

Levantaron la voz ante la forma en que el Gobierno criminaliza la protesta e invierte desproporcionalmente recursos para quienes defienden nuestros derechos con relación a las investigaciones en torno a la corrupción rampante en el país. Verónica reclamó que “mientras se invierten recursos en nuestra contra se le da largas a las investigaciones de funcionarios públicos que incurren en corrupción y abusos de poder. Parece mentira que el mismo Departamento de Justicia, que ha insistido por tres años en perseguir a estudiantes por defender las instituciones públicas, ha huido de su responsabilidad en procesar personas que intentaron estafar al país por más de $40 millones en pruebas para COVID-19. No ha movido un dedo para investigar el saqueo de fondos públicos que quedaron evidenciados en el infame chat de Ricardo Rosselló y su Manada Azul. A dos años del huracán, ese mismo Departamento de Justicia, no ha dicho ni pío sobre los responsables de esconder los vagones de suministros del huracán María y los terremotos de este año. Y como si fuera poco, tampoco ha invertido recursos en investigar y tomar acción en contra de María Milagros Charbonier y Nelson Del Valle, representantes acusados de corrupción y participar en el esquema de empleados fantasmas”.

Insistieron en que, en todas estas instancias, Wanda Vázquez ha sido Secretaria de Justicia o Gobernadora, todas estas investigaciones siguen abiertas o engavetadas. “No nos cabe la menor duda que detrás de esta doble vara e inconsistencia subyace la intención de criminalizar a quienes luchan por un mejor país y un intento selectivo de acusar a aquellos y aquellas que asumen cargos de representación”, aseguró Francisco Santiago Cintrón.

Por estas razones lxs cinco estudiantes, acusadxs en el marco de la huelga estudiantil, insistieron en que sólo mediante la desestimación de los cargos se logra la justicia. “Ante la posibilidad de un juicio en nuestra contra o el aplazamiento injustificado de los procesos y ante el deber moral como ciudadanos y ciudadanas de denunciar los atropellos que día a día se cometen en nuestro país, denunciamos y condenamos las listas creadas por el Departamento de Justicia donde se carpetea a miles de personas. Y también exigimos que se desestimen los cargos por ser un caso viciado y un claro intento de persecución política”, afirmó Gabriel Díaz Rivera.

El caso de los 5 compañeros es un claro ejemplo de la política de represión y persecución política instituida por el gobierno del PNP e implementada por la actual gobernadora Wanda Vázquez cuando era Secretaria de Justicia. Los compañeros han sido sometidos a un caso que lleva más de 3 años, ante la insistencia del Departamento de Justicia de llevarlo hasta “las ultimas consecuencias”. La única razón aparente es convertir a lxs 5 estudiantes en un escarmiento para toda aquella persona u organización que ose retar las políticas neoliberales, la corrupción y el pillaje de fondos públicos. Pero el mensaje que debemos extraer de este caso es el ejemplo de firmeza, verticalidad y consistencia de lxs compañerxs acusadxs, que han resistido un proceso duro y agotador, con la cabeza en alto y sin entregar sus principios de justicia y solidaridad.