En peligro el acceso al aborto

Restricciones dificultan el derecho a decidir

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En Puerto Rico, el acceso al aborto está en peligro. Dos de las cuatro clínicas que ofrecen este servicio esencial de salud no atienden a personas menores de 16 años, aumentando las barreras para adolescentes en situaciones vulnerables. Hace casi un año las nuevas reglas del Departamento de Salud exigen el consentimiento parental y un reporte obligatorio al Departamento de la Familia para menores de 15 años. La senadora ultraconservadora Joan Rodríguez Veve, de Proyecto Dignidad, presentó y logró la aprobación de un proyecto de ley para limitar aún más los derechos reproductivos de adolescentes. Estas restricciones profundizan las desigualdades y dificultan el acceso al derecho a decidir.

“Estas normativas no garantizan la seguridad ni protegen contra la violencia sexual,” comenta la Dra. Yarí Vale, ginecóloga y defensora de los derechos reproductivos. Según Vale, exigir el consentimiento de los padres puede encubrir casos de incesto o violación, exponiendo a las menores a un mayor riesgo. Además, señala la falta de educación sexual y reproductiva como un problema crítico que no está siendo abordado por estas políticas.

Paralelamente, Puerto Rico enfrenta un aumento significativo en pacientes que viajan a la isla para practicarse abortos. Desde la revocación del derecho federal al aborto en Estados Unidos, muchas personas han llegado desde estados donde las restricciones son extremas, como Florida. El verano pasado, el número de pacientes del extranjero que acudieron a clínicas en la isla se duplicó en comparación con el año anterior. Aunque esto refleja la importancia de nuestras clínicas como un refugio de salud reproductiva, pone una mayor presión sobre los recursos ya limitados para pacientes locales.

Además, pacientes que buscan abortar se enfrentan a las pseudoclínicas antiaborto. Tres de estos centros operan actualmente en la isla, promocionándose como clínicas médicas dando información engañosa y manipulando emocionalmente a sus pacientes. Estos establecimientos, como Hope Women’s Clinic en Bayamón y Centro Raquel en Carolina, no están regulados por el Departamento de Salud, lo que los exime de cumplir con los estándares médicos.

Estas pseudoclínicas, auspiciadas por organizaciones religiosas y fondos privados, retrasan el acceso a servicios legales y seguros, y ponen en peligro la salud de pacientes.

La senadora Ana Irma Rivera Lassén ha pedido una investigación sobre las pseudoclínicas y su impacto en los derechos reproductivos. La Dra. Vale indicó que la solución no está en restringir el acceso, sino en garantizar educación integral, apoyo emocional y médico, y servicios accesibles para todas las personas.

La lucha por la autonomía reproductiva es una lucha por la justicia social. En un momento donde los derechos adquiridos están bajo ataque, nos toca defender la equidad y el acceso a la salud.