Educación

Publicado en 8 de febrero de 2018 | por BREL1

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Frente Magisterial repudia la privatización de escuelas

Lucharán contra la privatización junto al pueblo y las comunidades escolares

El gobierno acaba de declararle la guerra a la educación de nuestros niños y niñas y al magisterio al anunciar la privatización de las escuelas por medio del fracasado modelo chárter. El Frente Amplio en Defensa de la Educación Pública (FADEP) y sus organizaciones estaremos en la calle, construyendo la más tenaz resistencia. Hacemos claro que, junto a las comunidades escolares, utilizaremos todas las formas de lucha para derrotar este ataque de aquellos que buscan convertir el más importante bien del país, la educación de sus niños, en un negocio.

Acusamos al gobernador Ricardo Rosselló de esconderse detrás de los niños y sus derechos para entregar la educación pública en un salto al vacío del cual, cuando comprobemos su fracaso, resultaría muy difícil regresar. Siempre los más grandes engaños vienen envueltos en expresiones grandiosas y deslumbrantes.

Desde el gobierno se encargaron de reducirle los ofrecimientos académicos a los estudiantes, cerraron escuelas y les negaron recursos. Ahora, esos mismos que no han sabido administrar el sistema educativo, dicen que nos ofrecerán la solución a los problemas que crearon.

Son un gobierno sin credibilidad. Aprobaron una reforma laboral que dejó sin derechos a los trabajadores de la empresa privada bajo la promesa de que se crearían miles de empleos y cada día se cierran más negocios y se pierden plazas de trabajo. Mintieron al decir que el país tendría el servicio eléctrico restituido para diciembre. Abandonaron a la gente en medio del caos que provocó el huracán y aún hoy la recuperación de muchos es incierta. El gobierno federal no confía en ellos. ¿Y es a estos a los que debemos creerles cuando dicen que buscan el bien de nuestros niños? ¿Es a ellos a los que tenemos que respaldar cuando le entregan lo que no es de ellos a los privatizadores? Son un gobierno de mentiras al servicio de los grandes intereses.

Hablan de reducir la burocracia y de que los recursos no llegan a las escuelas pero abruman a los maestros con trabajo administrativo, mantienen sobre 1,000 plazas sin nombrar, declaran excedentes a miles de educadores y amenazan con cierres a lo largo y ancho de Puerto Rico. Con sus políticas fomentan la deserción escolar y no le ofrecen recursos a los estudiantes del Programa de Educación Especial. Le han quitado a las comunidades, padres y madres cualquier participación en las decisiones que afectan a sus hijos. Pero ellos, nos dicen, lo resolverán todo entregando las escuelas a negociantes y mercaderes. Proclaman que los niños son primero y eso no pasa de ser una gran mentira.

El modelo chárter consiste en escuelas cuya administración se le entrega a una empresa privada y el gobierno le paga una cantidad por cada estudiante. Por eso resulta imperativo para el gobierno cerrar las escuelas de comunidades de bajos recursos o rurales que no son negocio para los privatizadores. Los maestros y maestras pasan a ser empleados de esas empresas y pierden todos sus derechos adquiridos.

Son modelos de escuelas que comenzaron a imponerse en Estados Unidos y otros lugares y que han fomentado el discrimen, la corrupción y las diferencias sociales. Son el modelo perfecto para favorecer a amigos, parientes y contribuyentes políticos. Son perfectas para un gobierno marcado por la corrupción.

Mienten cuando dicen que «los padres tendrán la opción de matricularlos en estas escuelas o llevarlos a otro plantel». Las opciones estarán limitadas al cupo y la proximidad de cada escuela, como ocurre ahora.

La supuesta reforma educativa incluye revivir los «vales educativos» que no es otra cosa que una manera de lavar dinero público de educación para transferirlo a manos privadas. Esto fue declarado inconstitucional por el Tribunal Supremo en la década de los ’90 pero el gobernador confía que el control político que logró el PNP en ese foro le permita imponer la medida ilegal.

La falsa reforma viene adornada de algunas medidas ideadas para lograr el respaldo de los incautos. Promete «un modelo bilingüe – priorizando las ciencias, tecnología, ingeniería, artes, matemáticas e investigación— como también brindar un nuevo modelo para la Educación Especial», cuando no han sabido administrar los recursos y le han violado el derecho a la educación a miles de niños al no asignar los maestros para sus cursos.

La mención de los niños y niñas de Educación Especial resulta particularmente cínica pues este gobierno ha profundizado la falta de atención y recursos a esa población.

El cinismo parece ser apoderarse del primer mandatario cuando promete que «la educación vocacional, alternativa y técnica será robustecida». Los abusos contra la Escuela Vocacional Bernardino Cordero de Ponce, donde faltaban siete plazas de maestros por nombrar y tiene varios problemas de planta física, y la Escuela Vocacional Miguel Such de San Juan, que han pretendido cerrar y desmembrar su facultad y estudiantado, desmienten esas afirmaciones de exclusivo interés mediático.

Promete un aumento salarial al magisterio de $125.00 mensuales que sabe que probablemente no sea aprobado por la Junta de Control Fiscal que recién acaba de echarle a la basura su Plan Fiscal. Pretende que, por una promesa vana, el magisterio entregue graciosamente sus derechos adquiridos. La «escalera hacia el progreso» que pretende vendemos tiene los peldaños rotos.

Habla de crear mecanismos de «rendición de cuentas» en medio de una agencia dirigida por una empresaria sobre remunerada, carente de sensibilidad, que quiere dirigir el sistema desde Twitter y las redes sociales.

El magisterio enfrentará este ataque con todas sus fuerzas. Está en juego la educación de nuestros niños y niñas, el sistema educativo y los derechos de los educadores. El gobierno nos empuja a una confrontación y responderemos haciendo lo que tengamos que hacer para defender el principal bien que tiene Puerto Rico: la educación de sus niños y niñas.

Como inicio de esta jornada, el viernes 16 de febrero, a partir de las 3:30pm nos manifestaremos frente a Fortaleza nos manifestaremos para exigirle al gobernador Rosselló que detenga está ofensiva contra las escuelas.

Su plan privatizador en educación se une a la anunciada entrega de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE). Buscaremos unir todos los sectores del pueblo detras de la lucha contra la privatización. Este es un ataque contra toda la clase trabajadora por parte de intereses económicos inescrupulosos que viven de apropiarse de lo que es de todos y el gobierno que los representa.

Con el pueblo y las comunidades escolares, por los niños y niñas, vamos a vencerlos.

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