Las Escuelas Charter en Puerto Rico: Proyecto de Privatización y Asimilación de la educación en Puerto Rico

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| Publicado el 8 junio 2026

“No hay manera de tú correr una escuela alianza si tú no tienes un compromiso con una misión de cambio social. Porque económicamente tiene cero sentido.”
César A. Rey-Hernández, Ph.D.

Las escuelas charter en Puerto Rico representan una nueva política pública de privatización y asimilación del sistema de educación. Privatización debido al traslado de funciones esenciales del Estado —como la educación pública— a entidades privadas, aunque el financiamiento siga siendo público. La asimilación, por otro lado, como un proceso sistémico y estructural mediante el cual a un grupo colonizado se le imponen progresivamente los valores, prácticas culturales e idioma del colonizador; lo que puede contribuir a la transformación o al desplazamiento de la identidad nacional puertorriqueña. El siguiente artículo analiza las políticas públicas de educación que llevaron a la creación de las escuelas charter en Puerto Rico y su impacto sobre el magisterio y la educación de la niñez puertorriqueña.

Las escuelas charter en Puerto Rico,también referidas como Escuelas Públicas Alianza (EPA), fueron creadas mediante el proyecto de Ley 85-2018, titulado“Ley de Reforma Educativa de Puerto Rico”. Este proyecto de ley establece como objetivo “fijar la nueva política pública del Gobierno de Puerto Rico en la área de educación”. Esta política pública toma contexto posterior a la imposición de la Ley PROMESA y la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) en 2016. De hecho, la JSF presionó por recortes sobre el Departamento de Educación (DE), con el fin de disminuir su tamaño y costo. Resulta importante recalcar que el DE es el mayor empleador del gobierno y su reducción tiene severos impactos sobre la clase trabajadora del país.Tras la aprobación de la Ley Núm. 85 cientos de escuelas fueron cerradas y abandonadas para nunca más operar. En efecto, la Ley 85-2018 habilitó el surgimiento de las escuelas charter en Puerto Rico y la privatización del sistema público. Las escuelas charter son propiedad de entes privados y están operadas privadamente. Este hecho, resalta dilemas constitucionales ya que la Constitución de Puerto Rico prohíbe el sostenimiento de escuelas que no sean las del Estado. Las escuelas charter representan la privatización de la educación y la mercantilización de una responsabilidad humana moderna con el fin de enriquecer a un puñado de intereses privados bajo la bandera de “altos ideales».

El fenómeno de las escuelas charters tiene sus orígenes en Estados Unidos bajo un contexto neoliberal donde la política pública establecida por el gobierno de Bill Clinton, impulsaba una educación anglosajona basada en individualismo, empresarismo y enfocados en desarrollar capital humano. Esta ideología se fundamenta en ideas del economista neoliberal Milton Friedman, quien propuso un sistema de privatización del sector público.^[1] Al ser operados privadamente, las escuelas charter proveen la capacidad de imponer una serie de condiciones idénticas al sector privado, las cuales reducen protecciones laborales y rendición de cuentas.^[2] Por lo tanto, los trabajadores docentes y no docente dentro de las escuelas público-alianza están sometidos a mayores horas de trabajo, poseen pocos beneficios laborales y menor estabilidad laboral. Tanto así, recientes estudios han demostrado que las escuelas charter son antisindicalistas,promueven desigualdades e impulsan una educación empresarial dentro de una ideología neoliberal.^[3]Resulta importante recalcar, que estudios demuestran que las escuelas charter en Estados Unidos no han demostrado ser una solución para abordar los desafíos educativos de la pobreza y la desventaja para todos los estudiantes que los enfrentan. Este fenómeno se puede palpar ahora en el desarrollo de las escuelas charter en Puerto Rico y sus fines de privatizar la educación pública.

El comienzo del proceso de asimilación conocido como americanización toma lugar después de la invasión estadounidense de Puerto Rico. Todo proceso de conquista necesita su propia racionalización. Los invasores no tardaron mucho en fomentar escuelas públicas bajo el Sistema de Instrucción en 1899. La educación pública fue utilizada como instrumento de transformación cultural y política. El Sistema de Instrucción impulsaba una educación estrictamente en inglés, a una población que hablaba casi exclusivamente español. Los libros de texto, el currículum y las órdenes a los docentes respondían a un modelo de asimilación que equiparaba la modernidad, el progreso y la ciudadanía con la adopción de la cultura angloamericana.^[4]

Aunque afirmar que la Ley 85 es un proyecto público consciente de americanización resulta ser incorrecto, sí se puede señalar ciertos paralelos sociológicos que merecen un análisis crítico. Primero, la justificación de la política pública que establece el proyecto de Ley Núm. 85 no es la preservación de la identidad lingüística puertorriqueña ni el pleno desarrollo cognitivo del bilingüismo per se. Es un proyecto de asimilación de carácter cultural y económico, el cual pudiera tener efectos medibles de pérdida cultural nacional. Debido a la dependencia de la economía colonial y el servilismo asociado a los trabajos de servicio – que predominan en la clase trabajadora de Puerto Rico – el bilingüismo es presentado como el acceso a oportunidades de trabajo. De hecho, la Ley explícitamente conecta el dominio del inglés con la economía “global” y el acceso de “oportunidades laborales”. Esta lógica fomenta la instrumentalidad del inglés como llave de acceso a la modernidad y el progreso, ideas subrayadas bajo el sistema de americanización original. La jerarquía de impulsar un bilingüismo explícitamente sólo en inglés, acompañado con la lógica de incorporarse a la economía globalizada, desde una situación colonial, pudiera acentuar mayor subordinación económica y cultural. Es decir, aunque la nueva reforma pública de educación impulsada por la Ley Núm.85, explícitamente no comparta las mismas intenciones que el sistema de americanización, no significa que no pudiera reproducir condiciones similares.Bajo la sombrilla del bilingüismo el sistema de educación puede convertirse en un vehículo para americanizar la identidad cultural, lingüística y política de la niñez puertorriqueña para alinearlos con valores, idioma y lealtad hacia Estados Unidos. Docentes de las escuelas pública-alianza señalan ser intimidados en dar las clases exclusivamente en inglés y tener que juramentar por las mañanas el Pledge of Allegiance a la bandera de los Estados Unidos. Los libros de texto de las clases son en inglés y los salones en algunas de las escuelas charters tienen por ordenamiento una bandera de los Estados Unidos. Estas políticas también fueron impulsadas en el proceso de americanización.

Por otro lado, durante el proceso de americanización, organizaciones sin fines de lucro y del tercer sector fueron utilizadas para operar el nuevo sistema de educación. Durante el proceso de americanización, las instituciones educativas estaban vinculadas a agencias federales y misiones protestantes que impulsaban un modelo educativo angloamericano. En la Ley Núm. 85, las escuelas charter en Puerto Rico cuentan con la autonomía de diseñar sus propios reglamentos,políticas y visión educativa. La Ley 85 no establece ni especifica la visión filosófica o cultural, en relación con la educación puertorriqueña. Por lo tanto,las escuelas pública alianza, frecuentemente con experiencia de modelos charter neoliberales, impulsan un modelo educativo anglosajón.

El debilitamiento de los derechos de los docentes ha sido un fenómeno característico de las escuelas charter en Puerto Rico. La Ley 85 crea una posible fragmentación sobre los derechos laborales de los maestros al crear un subsistema (las Alianzas) donde la negociación colectiva y los derechos adquiridos son más precarios. Los docentes en las escuelas charter en Puerto Rico tienen contratos anuales, cuentan con mayor carga administrativa, más horas de trabajos, menos beneficios laborales y menor protección sindical. Similarmente, en el proceso de americanización, los maestros puertorriqueños enfrentaron subordinaciones de una administración colonial externa; donde sus derechos, decisiones pedagógicas, su idioma y su cultura fueron amenazados.

Sería anacrónico e impreciso no señalar las diferencias marcadas entre la era de americanización y el surgimiento de las escuelas charter en Puerto Rico. La Ley 85 fue aprobada por legisladores puertorriqueños elegidos democráticamente, no impuesta por autoridades estadounidenses. Sin embargo, las similitudes estructurales son suficientes para plantear la siguiente pregunta: ¿Puede un modelo educativo que privilegia el inglés, que abre el sistema a operadores externos privados y que debilita los derechos de los maestros, reproducir algunos de los efectos de la americanización sin necesariamente compartir sus intenciones?

El desarrollo de las escuelas charter en Puerto Rico simboliza una política pública de educación relacionada a un proceso más amplio de reconfiguración del Estado con medidas de austeridad cuya visión neoliberal impacta también el rol del sector público en la economía y la identidad cultural del país. Los efectos de la Ley 85-2018 surge dentro de un contexto colonial bajo la Ley PROMESA que ha impulsado recortes sobre el sector público, privatización de servicios esenciales y dinámicas históricas de subordinación cultural. La jerarquía y centralidad del inglés como herramienta de movilidad social, el surgimiento de entidades privadas en la educación fomentadas por el estado y la precarización de los derechos laborales del magisterio, crean un modelo que aunque no es explícitamente idéntico al sistema de americanización, si crea similitudes palpables con consecuencias reales, donde se reproducen desigualdades y tensiones similares a las vividas durante el sistema de americanización en Puerto Rico. En esencia, las escuelas chárter representan poner dinero público en manos privadas. El debate sobre las escuelas charter en Puerto Rico trasciende lo pedagógico y se convierte en una discusión política fundamental sobre el futuro de la educación pública, la justicia social y la identidad puertorriqueña.

^[1] Castillo, E. (2020). A Neoliberal Grammar of Schooling? How a Progressive Charter School Moved toward Market Values. American Journal of Education, 126(4).

^[2] Adamson, F., & Galloway, M. (2019). Education privatization in the United States: Increasing saturation and segregation. Education Policy Analysis Archives, 27(141).

^[3] Lacireno-Paquet, N., Holyoke, T. T., Moser, M., & Henig, J. R. (2002). Creaming Versus Cropping: Charter School Enrollment Practices in Response to Market Incentives. Journal of School Choice, 24(2).

^[4] Negrón de Montilla, A. La americanización de Puerto Rico y el sistema de instrucción pública, 1900-1930. Río Piedras: Editorial de la Universidad de Puerto Rico.