Ambientales

Publicado en 5 de agosto de 2017 | por BREL1

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Fuerte lucha contra las cenizas

Eric Abreu
Bandera Roja

El pasado jueves 3 de agosto, a eso de las 9AM, más de cuarenta camiones entraron a dejar su carga de cenizas de carbón en el vertedero de EC Waste en Peñuelas. Lo mismo ocurrió el 1 y 2 de agosto, entre 5AM y 6AM, para un total aproximado de 130 camiones que esta semana depositaron, en suma, más de dos mil toneladas del material en dicho vertedero. Este viernes, sin embargo, no hubo depósito de cenizas ni en Peñuelas ni en Humacao. De esa manera, la carbonera AES cumplió en parte el plan corporativo difundido públicamente de transportar durante esta semana el material desde sus predios en Guayama hasta algún vertedero en Puerto Rico.

Aun cuando la carbonera cuenta con la ley 40 de julio de 2017, y con la decisión del Tribunal Apelativo de E.E.U.U. en Boston, para justificar la legalidad de estos hechos, las comunidades peñolanas están convencidas de que las cenizas son una sustancia tóxica que amenaza su salud y su propia vida, además de al ambiente. Por eso, durante toda esta semana, y con un amplio apoyo de distintas personas y organizaciones de todo el país que también reconocen los riesgos a la salud que representan las cenizas y las emanaciones generadas por la quema de carbón, vecinas y vecinos de Peñuelas ofrecieron resistencia al paso de los camiones hacia el vertedero. La respuesta del gobierno a la resistencia fue siempre la misma: el arresto de decenas de opositoras y opositores por la Policía de Puerto Rico, llegando a utilizar gases lacrimógenos en el día de ayer en su esfuerzo por abrir paso a los camiones.

Este respaldo gubernamental para enforzar la controversial ley habilitadora del depósito de cenizas es una mera continuación del apoyo policial brindado desde el 11 de julio a la carbonera AES cuando ésta y la operadora de vertederos EC Waste retomaron por primera vez el depósito del material desde la aprobación de la ley 40 el 4 de julio pasado. El despliegue policial de la semana del 11 de julio, estimado en unos quinientos agentes de la policía y compuesto de la fuerza de choque, la división de arrestos especiales, una escolta de decenas de patrullas y motoras, y el helicóptero de la Policía; y, los operativos policiales de esta semana, le han costado mucho en dinero público al país y han calado negativamente en la opinión que tiene el pueblo sobre el gobierno de Ricardo Roselló.

La contundente y constante represión de los que se oponen al referido depósito parece ser necesaria para darle poder falso a una ley muerta que en la práctica no protege la salud de quienes, como los peñolanos, humacaeños y guayameses, sufren graves daños a la salud por la decisión de quemar carbón para generar electricidad en Puerto Rico. Además, pone en evidencia que las clásicas vías supuestamente democráticas (legislativa, judicial y ejecutiva) quedan cerradas frente a los reclamos mínimos de calidad de vida de la ciudadanía, como lo son el exigir aire puro y agua pura. De fondo, y bajo la superficie del problema de contaminación que son las cenizas de carbón, hay una estructura capitalista que genera millones de dólares: el contrato a 25 años para generación eléctrica entre la Autoridad de Energía Eléctrica y la carbonera AES (pago que ronda los $300millones por año), el contrato para recibir las cenizas de carbón entre la AES y la EC Waste (pago de $50 a $60 por tonelada de cenizas, lo que equivale a al menos $30,000 por cada vez que reciben la carga total de una caravana de 40-50 camiones), los bonos y acciones emitidas por ambas empresas en el mercado de valores para financiar sus operaciones, y el pago en patentes municipales a los pueblos donde ubican estas corporaciones.

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