Incrementan las muertes en cárceles

A un año de la muerte de Shannel

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Shannel Colón Ponce, sumariada y paciente de salud mental, falleció en el Complejo de Rehabilitación de Mujeres en Bayamón el 2 de junio de 2022. Un año después la familia de Shannel retomó las riendas en búsqueda de respuestas, mientras que el caso aún genera conversaciones de suspicacia y preocupación sobre las condiciones de vida y los casos de muertes en el sistema correccional del país.

Shannel es parte de una estadística de cientos de muertes en las cárceles que han ido incrementando desde el 2019. En ese año la Junta de Control Fiscal (JCF) le recortó $14 millones al Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR), que representa una cuarta parte de su presupuesto el año anterior.

El recorte impactó directamente al sistema de salud correccional. Desde entonces la JCF ha continuado sus planes de recortes para pagar la deuda y el sistema correccional ha continuado operando en crisis.

Consecuentemente las instituciones correccionales se han deteriorado a un nivel infrahumano. Es así como el Estado crea las condiciones de precariedad extrema para establecer un sistema jerárquico de supervivencia y, mediante la criminalización, garantiza la violencia estructural desde las comunidades más pobres hasta las cárceles.

Por otra parte, este aumento alarmante de muertes se da silenciosamente. Nunca nos enteramos de su sufrimiento ni de sus muertes, como si no existieran para los medios. El DCR aún promete la “rehabilitación de la población correccional adulta y juvenil” mientras que la realidad en las cárceles es el olvido de todas las vidas allí adentro.

La indiferencia ha llegado al extremo de normalizar que las sentencias de confinadxs se conviertan en sentencias de muerte. El Estado ha garantizado que los muros de las cárceles separen a la sociedad de una trinchera de la lucha de clases, por lo que es necesario examinar la problemática del sistema penal desde el ángulo de los derechos humanos.

La búsqueda de recursos de los que carecen las comunidades es necesaria para atender la desigualdad y la pobreza en todas sus manifestaciones. El dirigir más fondos para un sistema correccional que no sirve para la clase trabajadora pero funciona para los ricos es perpetuar el problema.