Usualmente la consigna “Justicia PARA las mujeres” se invoca como una denuncia que reconoce y subraya el carácter histórico y estructural de las diversas formas de violencia que impiden a las mujeres (y a las niñas) -en su amplia diversidad, mujeres, personas trans, queer, intersex y nobinaries- el acceso equitativo a los derechos fundamentales que debe tener cada ser humano.
La consigna también se invoca como una interpelación para que se abolan esas violencias que se manifiestan desde diversas instituciones, espacios y estructuras sociales, económicas, políticas y culturales. Por tanto, el clamor por la “Justicia para las mujeres” es un “llamado a la acción” para que las personas, las comunidades, las instituciones y los gobiernos asuman su responsabilidad social de cerrar todas las brechas en el acceso a los derechos y a la justicia, y así garantizar la equidad en todas las áreas (educativas, de la salud, económicas, políticas, culturales, ambientales, entre otras). No obstante, nos parece que reclamar Justicia PARA las mujeres, dentro de los marcos y dinámicas sociales existentes, de alguna forma validan esas estructuras de poder que de hecho emergieron de prácticas sociales excluyentes y autoritarias.
Por su parte, la consigna “Justicia DE las mujeres” articula un cambio de paradigma que parte del justo reclamo por la equidad y la justicia. Consiste en una apropiación de la noción de “justicia” para que sea definida y accionada desde la mirada DE las mujeres desde un posicionamiento político feminista que incluye todas las identidades: cuerpos feminizados, no blancos, no binarios, cis, trans e intersex. Ante la observación de la incapacidad de los mecanismos actuales para lograr la sociedad equitativa que queremos, surge repensar y trabajar las problemáticas que nos afectan como sociedad desde lo que nosotres entendemos que es justicia y cómo lograrlo. Es decir, en lugar de una justicia reclamada, se trata de una justicia ideada y construida DESDE y POR nosotres. Ahora, el reclamo NO ES que se nos incluya dentro de una noción de justicia que usualmente se circunscribe a los principios sobre la Ley y el Derecho, los cuales históricamente nos han excluido, sino que nos embarquemos en un proyecto político que redefina la justicia desde la diversidad, la interseccionalidad y la pluralidad. En nuestro reclamo por una justicia definida desde un feminismo que reconoce y reivindica la diversidad, proponemos la creación de nuevas estructuras que cumplan con las necesidades de todos los seres vivos que en estos momentos están a merced de una justicia históricamente definida desde varias grandes fuerzas: el patriarcado, el racismo, el capitalismo y el especismo.
Estas fuerzas activamente destruyen tanto vidas y comunidades, como nuestro planeta.
Por tanto, la justicia de las mujeres parte del reconocimiento de que no habrá verdadera justicia si no se desmonta el discurso sexista, racista y clasista sobre el que se erige el concepto actual de justicia. Frente a una justicia patriarcal hay que erigir una justicia feminista, antirracista, anticapitalista, ecofeminista y anticolonial consciente de las ingentes diferencias socioeconómicas en el mundo actual.
A lo que nos referimos es a una justicia desde los feminismos. Violeta Assiego ha señalado que una justicia feminista enfatiza, a diferencia de una justicia patriarcal, la resolución de conflictos. Según esta escritora, esta justicia desde la mirada de las mujeres aboga por la reparación y la recuperación de las víctimas desde la óptica de los Derechos Humanos (García, Ter. “Pensar juntas para definir la justicia feminista Crónica en Red, 29 enero 2020). Afirmamos que la
justicia de las mujeres tiene una mirada no punitiva que toma en cuenta las relaciones de poder entre las personas y cómo equilibrarlas. Para la justicia de las mujeres es fundamental, por lo tanto, poner en el centro a la víctima, sus necesidades y cómo repararla. En otras palabras, la justicia de las mujeres da prioridad a la prevención, por eso hablamos de la importancia de la educación con perspectiva de género, en segundo lugar, la mediación, es decir mecanismos que resuelvan los conflictos antes de que escalen, y finalmente, en el caso de que esto no funcione, la restitución a la víctima con una mirada hacia un futuro mejor. La justicia feminista requiere que se analicen las situaciones en toda su complejidad, que se considere el contexto que permitió que se diera la situación en que una persona le causa daño a otra. Es importante, además, pensar en cómo se debe intervenir y, más que en el castigo, en qué cambios son necesarios para que no se repita esa acción.
Entonces nuestro reclamo es que, desde la mirada diversa y plural DE las mujeres, se definan los contenidos de lo que implica la justicia porque esta no es el sistema judicial, ni está localizada en el sistema judicial, ni en la apropiación del Estado de lo que es o no justo, según las leyes.
Desde nuestra mirada, queremos proponer lo siguiente: qué es lo que debe redistribuirse, repararse, construirse; qué procesos deben seguirse para que se garantice la erradicación de las diversas formas de violencia y para que se reparen los diversos agravios que histórica y estructuralmente afectan los cuerpos y la vida de las mujeres en todas sus dimensiones; cómo se definiría esta retribución, cuáles son sus límites y cómo se implementaría; plantear cómo se restituye a quienes han sufrido injusticias y violencias; y definir cómo se constituye una sociedad equilibrada, equitativa.
A partir de esta reflexión, entendemos que la “Justicia DE las mujeres” encierra cuatro aspectos fundamentales:
Para lograr la verdadera equidad necesitamos cambiar las estructuras y dinámicas
político-económicas y culturales que entorpecen: erradicar la pobreza; alcanzar la justicia salarial y distributiva; lograr vivir sin violencias; tener seguridad al acceso de servicios esenciales y vida digna (salud, educación, alimentación, vivienda, seguridad en nuestra vejez); desarrollar e implementar políticas públicas con perspectiva de género que permitan tener control sobre nuestros cuerpos y nuestra sexualidad, y que garanticen nuestra participación política paritaria, y tener la libertad para expresar nuestra sexualidad e identidad de género.
Queremos cambiar la forma particular de ver la justicia para que esta parta de los principios de la Justicia Restaurativa en un sistema en el que existan menos cárceles (o se abolan estas) y se enfoque en que cada cual asuma responsabilidades y repare con acciones constructivas el daño que infrinja contra otros seres humanos así como contra todos los seres vivos.
Aspiramos al buen vivir, “yo soy si tú eres», concepto indígena de los pueblos originarios de América del Sur que señala la vida como una no solo en comunidad con otros seres vivos, sino con nuestro planeta y el cosmos. Asimismo, apostamos a una vida digna mediante nuestra participación en los espacios de creación intelectual, cultural y artística; a través de la defensa y protección del medioambiente; y en la creación de una cultura de paz y libertad.
Reclamamos que, para lograr estas aspiraciones de cambio, también es indispensable, tener el poder político para tomar las decisiones necesarias para alcanzar todo lo anterior. Por tanto, se requiere la descolonización de nuestro país y la participación directa de las personas que residen en él para construir nuevos modelos de gobierno que partan de este cambio de paradigma que impulsamos.
La necesidad de volcar el discurso por alcanzar la equidad y la justicia se hace urgente e impostergable en el contexto de la profunda depresión económica en la que se encuentra Puerto Rico desde hace ya década y media. A raíz de esta coyuntura, desde los espacios de poder político-económico se ha justificado la expansión de las medidas neoliberales que exigen austeridad para el Estado colonial y la población en general, mientras garantizan una mayor acumulación para los intereses privados, sean individuales, corporativos o imperiales. Esto ha sido caldo de cultivo para que se hayan acentuado y expandido aún más las desigualdades históricas y estructurales que han caracterizado nuestra sociedad y que particular y sistemáticamente violentan los derechos de las mujeres y niñas.
Los embates de los huracanes Irma y María, los terremotos en el sur, y la actual pandemia, han dejado expuestos tanto la mala planificación y el mal manejo gubernamental de esas emergencias, como la grave ausencia de una razón de estado que parta del reconocimiento y la garantía del derecho a la vida digna de todes.
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