En el día de ayer, viernes 26 de enero, un centenar de maestras militantes protestó las ilegalidades del DE en el proceso de revisión de salario del magisterio. Denunciaron las presidentas de las uniones magisteriales FMPR, Educamos y Únete que continúan las violaciones de ley en la implementación de la Carrera Magisterial.
El Departamento de Educación tiene la obligación de otorgarles aumentos a maestras y maestros que se acojan al programa de Carrera Magisterial, siempre y cuando estas cumplan con los criterios establecidos en la ley y el reglamento del mentado programa. Memorandos, documentos e instrucciones verbales dadas al personal del DE busca menoscabar los derechos otorgados por esta ley imponiendo criterios burocráticos onerosos al magisterio en búsqueda de justicia salarial.
La ley de Carrera Magisterial estuvo en controversia desde su aprobación en el año 1999. Sectores del magisterio militante en la Federación de Maestros de Puerto Rico (FMPR) se opusieron a dicha ley porque menoscababa el derecho a la negociación colectiva de los aumentos de salario, imponía una serie de requisitos burocráticos que se prestarían para el discrimen y la arbitrariedad, y no reconoce los años de experiencia en la remuneración. Varios maestros retirados que vivieron la etapa de aprobación de la ley coincidieron, en diálogo con este medio, que esa ley es injusta. El Comité Negociador de la FMPR del año 2005 buscó negociar una escala salarial que reconociera los estudios y la experiencia como criterios objetivos en la otorgación de aumentos. Dicha negociación fue obstaculizada por la Asociación de Maestros de Puerto Rico y el Departamento de Educación lo que llevó al magisterio a la huelga en el año 2008.
Miles de maestras que radicaron planes de mejoramiento profesional en el año 2014. Estas aún desconocen el estatus de sus pagos retroactivos y aumentos. La implementación de la ley ha sido caótica y el DE se sirve del caos para denegar los aumentos establecidos por la ley. Pareciera que las instrucciones dadas a los funcionaros del DE son obstruir el proceso, negar derechos y confundir.
La legisladora independentista María de Lourdes Santiago indicó en una ponencia ante la legislatura que la ley es una exageradamente complicada y que lo que debería existir en su defecto es una escala salarial sencilla pero justa. A juicio del legislador Dennis Márquez del Partido Independentista Puertorriqueño los representantes de las agencias encargadas de identificar los fondos para el pago de la Carrera Magisterial fallaron en su deber en ley al no informar a la fecha indicada el estatus de estos procesos.
El problema del Departamento de Educación no es uno de falta de fondos sino uno de prioridades. La privatización de servicios en el DE ha encarecido los costos operacionales mientras que la otorgación de contratos a empresas privadas no rinde los frutos deseados. Mientras tanto se mantienen las escuelas y los bolsillos de los maestros en ascuas. La denegación de los aumentos de Carrera Magisterial puede representar una cantidad significativa del presupuesto del DE, pero de eso se trata de poner los recursos para garantizar el mejor personal atendiendo la razón de ser del sistema educativo puertorriqueño.
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