Tesis Radical

Publicado en 20 de marzo de 2015 | por BREL1

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Nueva matrícula, misma lógica neoliberal

¿Ajuste o aumento?

Coraly León | Emely Medina
Unión de Juventudes Socialistas (UJS-MST)

El informe del Comité para la Revisión del Método y Condiciones para Establecer los Cargos de Matrícula, también conocido como el Segundo Comité Asesor de Financiación Institucional (CAFI II) deja evidenciado el discurso neoliberal de la administración universitaria en torno a la educación pública del país. Este informe parte de la premisa de que el Estado aporta demasiado a la educación superior. Intentan convencernos de que parte de la responsabilidad que asumía el Estado debe ser pasada a nuestras familias y a nosotras y nosotros como estudiantes universitarios. La administración universitaria no plantea la subvención como responsabilidad del estado, sino que pretende que veamos la subvención como un regalo de “buena fe”. Parten de la premisa de que deben visibilizar cuanto subvenciona el Estado a cada estudiante, porque así nos transmitirán un sentido de “responsabilidad, eficiencia y agradecimiento”. Intentan culparnos por la ineficiencia administrativa, evadiendo así su responsabilidad. Recordemos que esta administración universitaria, está encabezada por un presidente que no solamente estuvo de acuerdo con el recorte presupuestario que sufrió la UPR, sino que también ha apoyado abiertamente el IVA a sabiendas de lo que implicará esta medida para la clase trabajadora y los sectores más pobres del país. El discurso detrás de estas medidas es que “estamos en crisis y todo el mundo debe aportar”. Así le pasan factura a los y las estudiantes provenientes de la clase trabajadora y de los sectores marginados del país.

La contradicción del CAFI II es evidente; por un lado plantean que esta mal llamada matrícula ajustada a los ingresos hará más accesible la universidad, pero por otro lado, aumenta la matrícula en un 300%.  Esto implicaría subir la matrícula a $4,800 a todo el estudiantado independientemente de sus ingresos económicos debido a la disminución de la subvención estatal de un 89% a un 68%. Esto es un aumento uniforme que afectará más a quienes menos tienen y no una matrícula ajustada a los ingresos que responda a la realidad de cada quien a la hora de pagar. Intentan justificar este aumento con un sistema de becas basado en el perfil socio-económico del estudiante, el cual se divide en 4 niveles:  en el Nivel A el estudiante con mayor necesidad económica recibiría una beca para cubrir el 14% de la matrícula, Nivel B: 9%, Nivel C: 4% y en el Nivel D: 0%.

Para poner un ejemplo, a una estudiante en el Nivel A se le otorgaría una beca de 2,100 dolares. A pesar de esa beca la estudiante tendría que pagar 2,700 dolares. Eso es casi 1,000 dólares más de lo que se paga en la actualidad (alrededor de 1,600 dólares). El CAFI II plantea que a través del programa de Estudio e Internado Académico (EIA), esta estudiante tendría que trabajar en la UPR para que le resten 2,400 dolares del pago de matrícula y a pesar de esto, todavía quedarían 300 dolares que cubrir que tendría que sacar de la beca Pell. Si a esta estudiante le dan la beca completa (5,500 dolares), al restarle esos 300 dolares tendría para vivir un año entero con tan solo 5,200 dólares. Esto pondría a muchísimos estudiantes en una situación de precariedad, donde tendrían que trabajar dentro de la universidad para que le paguen parte de la matrícula y tendrían que salir a trabajar fuera de la universidad para poder subsistir. A pesar de esto, el documento reza que con este modelo estudiantes que tienen que trabajar fuera de la universidad para poder estudiar, podrían dejar de hacerlo para dedicarse a tiempo completo a los estudios. Esto no es real y tiene unos paralelismos con la campaña del IVA, donde se les dice a la clase trabajadora que pagarán menos contribuciones, pero se intenta ocultar que les aumentarán el costo de vida.

Si se pretendiera hacer una verdadera matrícula ajustada a los ingresos, por que no comenzar aumentando la subvención a los sectores más pobres y eliminándola a los sectores más ricos. Por ejemplo, sería importante considerar que estudiantes con un ingreso familiar  de 25,000 dólares o menos anuales deberían estudiar gratis y que la universidad debe brindarles ayudas como las propuestas para pagar el costo de vida, no la matrícula. La UPR necesita fondos para mejorar las estructuras de servicios a los estudiantes, pero esto no debe ser a costa del empobrecimiento del estudiantado. Estos fondos deben ser asignados desde el gobierno central como parte de su responsabilidad con la educación pública del país. Para mejorar verdaderamente el acceso de estudiantes de escuelas públicas a la UPR se debe comenzar por exigir la mejoría de la infraestructura de las escuelas del país, los ofrecimientos, y preparación académica de los estudiantes a nivel elemental, intermedia y superior. Así como unirse al reclamo de mejorar las condiciones de empleo de cientos de maestras quienes el gobierno han demostrado despreciar. El estudiantado como siempre, tiene la responsabilidad de desenmascarar las mentiras de la administración y exigir que se nos hable claro sobre las decisiones  y efectos prácticos de esta nueva reforma en la UPR. El CAFI II intenta disfrazar medidas neoliberales como de justicia social, pero nosotras podemos separar la paja del grano.

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