Organizaciones presentan oposición a ley que limitaría el derecho a decidir de las personas gestantes

Comunciado de Prensa

Por

| Aborto Libre Puerto Rico

| Publicado el 27 enero 2026

La autonomía para tomar decisiones sobre nuestra salud y nuestro cuerpo está en peligro con el Proyecto del Senado 923.

El proyecto pretende enmendar el artículo 92 del Código Penal de Puerto Rico para definir el asesinato como dar muerte a propósito, con conocimiento o temerariamente a una persona, incluyendo al concebido no nacido en cualquier etapa de gestación. El proyecto es ambiguo y excesivamente amplio. Genera una gran confusión legal poniendo en duda si se extiende o no a decisiones válidas, legales y constitucionales que pueden tomar las personas sobre su salud y sus cuerpos.

“Insistimos en que el aborto sigue siendo legal en Puerto Rico y afirmamos que las decisiones que tomamos las mujeres y las personas gestantes sobre nuestros cuerpos están protegidas por un derecho superior al Código Penal. Nuestro derecho constitucional a la intimidad y a la dignidad humana va por encima de cualquier intento de la legislatura de erosionar nuestros derechos y nuestras acciones”, declaró Yanira Reyes Gil, abogada y profesora de derecho.

Sin embargo, la intención es crear un estado de confusión que afecta los derechos de las personas embarazadas. Esta confusión quedó evidenciada cuando los propios proponentes del proyecto se contradicen en cuanto a si el proyecto es necesario o incluso a qué circunstancias aplica. La misma gobernadora declaró públicamente que el proyecto era innecesario, que se había redactado antes de la aprobación de la Ley

Keyshla Madlane y dijo que lo retiraría. Horas después, cambia de posición por presión del presidente del Senado, argumentando que, aunque no era necesario, no estaba mal dejarlo. “No se puede jugar políticamente con nuestros derechos. La aprobación de leyes que perjudican nuestros derechos y acceso a la salud por maniobras político- partidistas y sin participación ciudadana es una afrenta a la democracia”, denunció la abogada Rosa Seguí.

“Aunque el P del S 923 no provoca un cambio directo en el derecho al aborto, crea un estado de confusión, no solo en las personas embarazadas, que pueden temer ir en busca de atención médica necesaria por miedo a que se les acuse, en procesos de abortos electivos, espontáneos o de enfermedad de la paciente, sino también confunde a la clase médica sobre hasta donde pueden actuar de manera segura y si su práctica puede comenzar a ser criminalizada”, afirmó la salubrista Mayra Díaz. Estos estados de confusión legal afectan el manejo de las personas embarazadas y/o potencialmente embarazadas. Cada proceso de embarazo se da en circunstancias únicas y personales y por eso la toma de decisiones debe ser informada y tomar en consideración las circunstancias particulares de cada persona.

“Practicaríamos la medicina no solo bajo la amenaza de que ahora un tercero puede representar al óvulo fecundado bajo la Ley 183, sino que a eso le sumamos este proyecto que declara asesinato la muerte de un cigoto. Ya el presidente del Colegio de Médicos advirtió que se practicará la medicina defensiva y que prevé que muchos médicos dejarán de atender pacientes embarazadas, en un país donde ya hay una crisis por falta de médicos especialistas y obstetras”, enfatizó la residente en medicina de familia, la Dra. Enid Quintana. Esto afecta no solo la práctica del aborto, sino el acceso a la salud para todas las personas
en estado de embarazo.
SEGUIREMOS en defensa de nuestros derechos humanos y constitucionales.
DEMANDAMOS que se permita la discusión amplia y sosegada de las implicaciones de este proyecto.
EMPLAZAMOS a la Cámara de Representantes a que realice vistas públicas.
RECHAZAMOS el Proyecto del Senado 923 y exigimos que se derrote el mismo.