“Nada está perdido si se tiene el valor de proclamar
que todo está perdido y hay que empezar de nuevo.”
Julio Cortázar
Una vez pasada la contienda electoral llega el momento de hacer balance. Ver dónde y cómo quedan las diversas fuerzas políticas contendientes. A partir de ahí, tratar de proponer cursos de acción. La importancia del proceso electoral, para socialistas, progresistas e izquierda, se asuma el mismo en negación o afirmación, se participe del mismo o se asuma la abstención o el boicot activo (todas estas son formas de participación electoral), hay que mirarla en relación a la influencia que las propuestas que se traen tienen sobre el electorado. A la vez, verlo en función de la activación de luchas y reclamos de sectores y movimientos sociales.
¿Qué y cómo contribuyó la efervescencia política a la exposición de unas propuestas progresistas en contra del neoliberalismo? ¿De qué manera la participación de progresistas, socialistas e izquierda en ese proceso contribuyó a su propio fortalecimiento organizativo, y a su vínculo con las masas desposeídas y trabajadoras? ¿Cómo se puede influenciar mediante esa participación en impulsar formas democráticas reales para las grandes mayorías sociales? ¿Cómo logran impactar el resultado electoral el MVC y el PIP? ¿Cómo entender y manejar el efecto político del porcentaje del electorado que les favoreció?
Algo más del 28% obtenido entre MVC y el PIP a través de las figuras de Alexandra Lúgaro y Juan Dalmau; haber cumplido con la meta de lograr la elección de las planchas legislativas; el impacto de los resultados en el Precinto 3 de San Juan ante la efectiva campaña de Eva Prados; así también como el efecto positivo de la campaña y el posicionamiento de Manuel Natal, serán puntos desde los cuales podemos y debemos medir el alcance de las denuncias contra la corrupción y las políticas neoliberales del PNP-PPD. Ese “Ni Rojos, Ni Azules’ y el “Son iguales” que se afirma en la denuncia contra el bipartidismo pueden pasar como slogans de campaña, pero es justo y necesario un par de aclaraciones.
La similitud de PNP-PPD se ve en que han compartido la administración de gobierno; han robado al erario público para beneficio de sus respectivos partidos; son financiados por empresarios y contratistas, banqueros y comerciantes que luego le pasan factura de su inversión; ambos representan los intereses de diversos sectores de la burguesía compradora o intermediaria; ambos han impulsado políticas neoliberales de privatización, recortes de derechos y beneficios; igual han restringido o eliminado servicios que el gobierno viene obligado a asumir con la ciudadanía. Así, PNP-PPD aparecen como gemelos, pero es importante hacer notar que esos gemelos no son idénticos. Existen diferencias y contradicciones al interior del bipartidismo. Por ejemplo, aquí señalo una: la forma en cómo atienden la atracción de capital extranjero y las políticas de exención contributiva representa una diferencia significativa entre los dos componentes del bipartidismo. En este sentido, entre ese binomio, la competencia política gira en torno a cuál de los dos es más efectivo en la promoción de capital norteamericano establecido o a establecerse en Puerto Rico, y en lograr trato preferencial para este.
El concepto de bipartidismo es un tanto problemático, como lo suelen ser todos los conceptos. Estos son herramientas que deben servir para definir, identificar o cualificar y entender la realidad que se intenta analizar. El concepto de bipartidismo trae consigo ciertas imprecisiones, pero ya es un concepto introducido y establecido en la política en Puerto Rico, así que hay que tenerlo en cuenta y trabajar con el mismo. Pero para ello es necesario aclarar cómo se utiliza y qué se entiende por bipartidismo.
En primer lugar: el clientelismo político. Este se desarrolla en torno a las políticas de beneficencia social, ayudas económicas y prebendas, para lo cual se valen de los recursos del gobierno. Son variados los programas sociales del gobierno para atender los problemas y dificultades que trae consigo la pobreza que brota de la sociedad capitalista. Lo que procuran esos partidos es ponerle parchos a esa grave situación en que viven amplios sectores de la sociedad. No tienen intención ni interés por acabar con la pobreza, pues sin pobres pierden el mercado del clientelismo político, y no tendrían sobre quien desarrollar su control mediante las medidas que les perpetúan en el poder a través de sus políticas populistas.
Así que necesitan de los pobres para poder existir políticamente y asegurarse su continuidad en el poder. Desarrollan políticas tribales en torno a grupos sociales que se van conformando y que son atraídos por esas políticas. Se les crea la idea de que afuera de esas políticas y programas clientelistas no hay vida ni salvación. Esas políticas son caldo de cultivo para el populismo. De esta manera, el clientelismo político, el populismo y la dependencia que se crea en la población afectada son parte de los elementos constitutivos principales del bipartidismo para asegurarse el mantener su permanencia y control del gobierno.
En segundo lugar: la corrupción y el inversionismo político. El bipartidismo se constituye, se alimenta, se desarrolla y se afirma sobre el inversionismo político, que a su vez sirve de estímulo a la corrupción. A través del financiamiento privado de las campañas políticas, los inversionistas entran al mercado de compraventa de candidatos y partidos. Una vez son electos se les pasa factura de la inversión realizada. Se abren las puertas del gobierno al pillaje, los contratos, el favoritismo en privatizaciones, el nombramiento de hijos talentosos; o sea, se viabiliza la corrupción y la impunidad como modo de operación en el gobierno.
Así se protege y garantiza la continuidad del binomio PNP-PPD en la administración del gobierno y en el pillaje al presupuesto. Mediante este control van estableciendo todo un entramado que les permite enriquecerse robando el dinero destinado para la obra de gobierno. De esta manera diezman los recursos de los servicios que el gobierno viene obligado a asumir, mantener y brindar a la ciudadanía. Además, mediante el inversionismo político usurpan los derechos democráticos de los electores, pues las personas electas, en vez de cumplir con las promesas y propuestas por las que fueron votadas y electas, deciden cambiar de agenda y favorecer a los inversionistas que las compraron a través del financiamiento privado de campañas, y que ahora vienen a cobrar la inversión realizada.
Estos son, para efectos de este análisis, los elementos constitutivos principales del bipartidismo. La lógica del estatus, aunque es importante, frente a estos elementos viene a jugar un rol aleatorio en el concepto de bipartidismo que propongo. Entonces, privilegiar al estatus como elemento único o principal que define el bipartidismo plantea dificultades, pues esa definición resultaría muy estrecha y reduccionista. Le resta importancia y olvida los otros elementos que constituyen lo que es el bipartidismo, y nubla la compresión de ese fenómeno político. Al privilegiar el paradigma del estatus en la definición del bipartidismo se le da una importancia que no tiene, a la vez que mediante esa definición se queda atrapado en la lógica del estatus que se pretende criticar.
Aunque el bipartidismo no salió bien parado de esta contienda electoral, todavía es capaz de atraer el 63% del electorado. De la experiencia electoral surge la necesidad de trabajar en una reforma para viabilizar una participación equitativa y democrática. Ante el descalabro y la desorganización en la CEE hay que quitarle el control de la misma al PNP y asumir una dirección y administración colegiada. Esto es urgente y necesario para democratizar esa institución. Por otro lado, como oposición queda mucho por avanzar en la conquista del favor de las mayorías sociales para poder derrotar a los partidos del capital financiero y a su Junta, y liquidar el bipartidismo.
Evaluar el alcance y efecto de las campañas contra las políticas de privatización, recortes de beneficios y derechos, y la austeridad. ¿Se pudo capturar la atención del pueblo? ¿Fuimos capaces de hacer accesibles nuestras propuestas? Hoy, ya pasadas las elecciones, sabemos que se logró romper el cerco de los partidos principales y se llevó el mensaje de manera satisfactoria a amplios sectores de la sociedad, logrando un apoyo positivo y sustancial.
Así también, y aunque no concurren a las elecciones como organismo, (pero sí sus políticas, que han surgido en diversas campañas y en los debates), podemos medir el nivel de aceptación o rechazo de la Junta de Supervisión Fiscal al igual que sus nefastas y criminales políticas de ajuste fiscal. Quién finalmente resulte ganador, (entre los que tienen posibilidades reales y no imaginarias), de ese binomio del capital financiero que son Carlos Delgado Altieri y Pedro Pierluisi Urrutia, da igual para las grandes mayorías sociales del país. Todo indica que el premio al soplapotes de la Junta lo ganó Pierluisi. Como quiera, con cualquiera de esos dos, ganan los buitres y pierde el pueblo.
Una vez pasadas las elecciones, los integrantes del bipartidismo no estarán bajo la presión que les impone la conquista del favor electoral. Quedan libres de la inmediatez electoral que los obliga a asumir propuestas simpáticas para poder prevalecer en la contienda. De todas maneras, de lo que se trata es de saber cuál de esos dos partidos será la marioneta principal de la Junta en los próximos cuatro años. Es de esperar que una vez pasadas las elecciones, y sin la urgencia de ganar votos, cuando ya no tienen que lucir simpáticos, esos partidos cerrarán filas con las políticas y medidas de recortes, austeridad y privatización que quieren implementar los buitres, para lo cual se valen del feliz contubernio de estos partidos con la Junta.
No se debe obviar el hecho de que la aprobación de la ley PROMESA y el establecimiento de la Junta vino a blindar la posición de poder, control y dominación del capital financiero sobre Puerto Rico. Pero esto, lejos de provocar una ola de protestas anticapitalistas, como era de esperar, lo que produce es un relanzamiento del nacionalismo en el independentismo, incluida la izquierda. Se reafirma y destaca una mirada jurídica de la dominación colonial. A la vez, se fortalece el discurso que lo reduce todo al estatus. La crisis capitalista colonial la resuelve el estatus. No importa qué contenido económico, político o social tenga, el estatus por arte de magia es el resuelvelotodo en ese discurso.
Ese énfasis en la mirada jurídica del dominio colonial resulta ser muy grato a los abogados, pues serían los más “preparados”, y por lo tanto “autorizados” para opinar sobre el tema. Así, lo sustraen de lo político y lo llevan al leguyelismo jurídico, lo que les permite su control exclusivo y decidir qué y cómo se debate y qué no. Con esa mirada jurídica se posiciona a la Junta como el problema y el enemigo a enfrentar. Se deja de lado el dominio del capital financiero y el que nos convirtieron en colonia capitalista. De esta manera, al poner mayor importancia en la mirada de lo jurídico del dominio colonial, se invisibiliza la importancia de las luchas sociales y clasistas, a la vez que se refuerza lo nacional, la identidad y la simbología que lo acompaña. Olvidan y dejan de lado la condición colonial, que en sí misma mediante su dominio trasciende el discurso del estatus.
Reducen la lucha contra el capitalismo colonial a pura fraseología nacionalista reformista cultural. Claro, esto es sin contar a quienes vienen con promesas de darnos una administración de gobierno limpia. Como si la condición colonial se tratara de un problema administrativo y no uno de profundo contenido de opresión, explotación y relaciones dominantes de poder. O sea, piensan o sugieren que el problema es que nuestros gobernantes no han sido lo suficientemente profesionales en la administración de gobierno. Y, ¿cuál es la solución? Sencillo: se contrata o elige a “buenos profesionales y administradores de verdad” y verán cómo se arregla el asunto. No tendremos crisis, la desigualdad y la explotación capitalista desaparecerá, al igual que las opresiones, el poder del dominio colonial y su colonialidad del poder. Se les olvida que la extracción de ganancias y el enriquecimiento es lo fundamental del dominio y explotación capitalista colonial en Puerto Rico. También olvidan que el gobierno PNP-PPD-Junta no ha hecho nada más que administrar los negocios comunes a las clases burguesas locales y del imperio.
Ese resurgir del nacionalismo es una retranca, un obstáculo a las posibilidades de desarrollo de las luchas sociales clasistas que brotan a lo largo y lo ancho de este archipiélago, producto de la diversidad que asume la opresión y explotación capitalista colonial. Urge, desde la diversidad de izquierdas (si es que quieren ser democráticas y radicales), destacar el énfasis del discurso social y clasista y la necesidad de estimular las más amplias luchas y protestas sociales. Así, las luchas son contra el capitalismo y no por meros símbolos de identidad, sana administración de gobierno, y/o la soberanía, que nada aportan ni resuelven.
La recomposición de la Junta significa que viene un endurecimiento de sus medidas criminales de ajuste fiscal. Más aún, pensar que con el concurso de los demócratas en el Congreso Federal se va a lograr una buena reforma de la ley PROMESA es cuando menos un intento de autoengaño. Cualquier reforma a esa ley, sin un movimiento antineoliberal de masas en las calles, lo que va a conseguir es empeorar las medidas de austeridad, fortaleciendo a los buitres bonistas, al capital financiero. Nada bueno se puede esperar del Congreso en lo que a PROMESA respecta.
No se trata de republicanos o demócratas. Ambos se unieron para aprobar PROMESA y establecer la Junta. Esto lo hicieron con el concurso, la actitud de servilismo, el aplauso histérico y delirante de populares y penepés. Si tiene dudas, pregúntele a Alejandro García Padilla y a Pedro Pierluisi Urrutia, que se convirtieron en los principales cabilderos del gobierno de Puerto Rico a favor de la ley PROMESA y el establecimiento de la Junta.
Así también, los casos en los tribunales “cuestionando” los poderes y la constitucionalidad de esa ley y la Junta lo que han logrado es que las validen, les den legitimidad y fortalezcan las mismas. Esto además de engordar los bolsillos de los abogados. Si todo ese dinero, recursos, tiempo y esfuerzos se hubiesen usado para campañas educativas y de organización de pueblo contra la Junta y sus criminales políticas, otro sería el cantar. Entonces, si queremos cambiar o que se derogue esa ley, lo tenemos que hacer desde la calle, organizando, movilizando y metiendo presión por todas partes. Solo un movimiento social de masas antineoliberal será capaz de ser exitoso contra los buitres del capital financiero y sus representantes PNP-PPD-Junta.
Ya concluida la contienda electoral, los socialistas, progresistas e izquierdas tampoco estarán presionados por la inmediatez de captar la opinión pública con su presencia y participación en la misma. No tienen que posar ni lucir bonitos para la foto. Los protagonismos se han de trasladar del espectáculo y el fichureo electoral a las luchas sociales que reclamarán su espacio en las calles. Surge aquí la necesidad de activar movimientos sociales en rechazo de las políticas neoliberales. El gobierno viene obligado a asumir y brindar servicios básicos y esenciales a la ciudadanía. La activación de toda una variedad de movimientos sociales es una garantía para presionar al gobierno a mantener esos servicios. Tras años de políticas neoliberales contra las mayorías sociales, hoy se impone la urgencia de privilegiar las reivindicaciones y luchas sociales por el rescate de los derechos perdidos, por blindar y ampliar los mismos. Estas luchas sociales son el punto de demarcación entre las fuerzas políticas que miran al porvenir contra las que quieren mantenernos en este presente neoliberal.
Urge un accionar conjunto, tanto a nivel legislativo como desde la calle. Que esta le sirva de caja de resonancia a aquella. Que la calle le dé razón de ser y sentido a la labor legislativa, a la vez que esta debe estar en función de estimular la rebeldía callejera. Un movimiento de masas desde la calle es la garantía de una labor legislativa eficaz. Ahora bien, no se trata de que se tenga que dar la “unidad” en una sola organización. Más bien es propiciar acercamientos que faciliten concertaciones. Para ello es fundamental entender que cada partido u organización tiene derecho a existir por sí misma y por separado. Respetando la diversidad, la diferencia, y desde estas abrir puertas y tender puentes que nos acerquen en puntos comunes contra el neoliberalismo. De ahí, elaborar agendas de acción común que posibiliten impulsar movimientos de masas antineoliberales y anticapitalistas.
Podemos buscar unos puntos mínimos de acuerdos que partan de:
Estas pudieran ser áreas de trabajo a corto y mediano plazo para convergencias de la diversidad de izquierdas, para que estas puedan asumirse de manera democrática y radical. Las mismas no están escritas sobre piedra; sugerencias y/o propuestas alternas son bienvenidas.
“Las izquierdas radicales no podemos seguir aferrándonos a narrativas y formas organizativas que responden a una estructura de clases que el desarrollo del capitalismo colonial va dejando atrás aceleradamente. Debemos comenzar a imaginar un proyecto organizativo que se articule desde estas nuevas realidades de la clase trabajadora y los sectores subalternos.” (Raúl Báez Sánchez, Nuevas Formas. Bandera Roja, Magacín, publicado por el MST, verano de 2017, núm. 3, año 2, pág. 8. También en https://www.bandera.org/nuevas-formas/).
Un gran reto que se impone es el de encontrar formas de viabilizar concertaciones de izquierda que permitan dar impulso a movimientos sociales masivos de resistencias anticapitalistas. Trabajar en la recomposición del sindicalismo con miras a generar la incorporación y movilización de trabajadores; así también, trabajar en la organización de movimientos sociales que faciliten la incorporación de la diversidad de los descontentos de los sectores oprimidos y explotados por el capitalismo.
Trascender el movimiento propiamente obrero que pone el énfasis en su centralidad de clase dirigente en las luchas, y lograr una combinación de esfuerzos y luchas con el propósito de establecer resistencias anticapitalistas a lo largo y lo ancho de este archipiélago. Ante la nueva realidad política, que surge del resultado del proceso electoral, venimos obligados a encontrar formas de impulsar concertaciones que propicien la combinación del trabajo legislativo con el desarrollo de toda una diversidad de movimientos sociales. Entonces podemos hablar de “en las urnas y en la calle”.
¿Nos atreveremos a soñar? ¿Tendremos la madurez personal y política, además de la capacidad para articular un movimiento tal? Hay que trabajar sin descanso para lograrlo. Es hora de mirar al conjunto de la sociedad, identificar los sectores sociales capaces de impulsar las transformaciones necesarias. Ver cómo estas influencian las nuevas miras que debe adoptar una izquierda variada y diversa para contribuir a la organización y movilización de esas fuerzas sociales capaces de provocar cambios radicales en la sociedad.
La independencia, o cualquier otra fórmula de estatus, sin definir un contenido económico, político o social en favor de las grandes mayorías sociales trabajadoras y desposeídas, es un reclamo de la burguesía. Tales reclamos no tienen razón de ser en el Puerto Rico en que hoy vivimos. Hay que dejar los reclamos de la burguesía en el baúl de los olvidos, o colocarlos en algún museo de historia social. Que la multitud marche y luche por sus propios objetivos e intereses. Que caminen bajo sus propias banderas.
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