| Publicado el 3 marzo 2020
A casi un año de que la sala de emergencias del Hospital Metropolitano de la Montaña haya cerrado el turno de 11:00 p.m. a 7:00 a.m., este jueves 27 de febrero la ciudadanía utuadeña volvió a la calle en su empeño por conseguir su reapertura. Esta actividad se realizó frente a la casa alcaldía para reclamarle al alcalde, Ernesto Irizarry Salvá, que tome una actitud más firme y contundente, que vaya más allá de las meras peticiones protocolares, para que denuncie esta situación públicamente y no permita que continúe.
Otro de los propósitos de la manifestación era entregarle a Irizarry Salvá, de parte de la Asamblea de Pueblo de Utuado (AdPU), una carta exponiéndole la urgencia de que evite que el Secretario de Salud renueve la autorización que le permite a la administración del hospital mantener cerrado un turno y para que exija a las autoridades competentes una investigación que aclare todo lo concerniente a dicho cierre.
Ante unas circunstancias tan apremiantes como estas, en que se mantiene cerrado un turno crítico de la sala de emergencias, las gestiones del mandatario han sido tímidamente formales. Un empleado de la alcaldía notificó a las y los manifestantes que Irizarry Salvá no se encontraba por asuntos oficiales e hizo entrega de un documento que muestra una gestión realizada por el mandatario municipal que data de abril pasado. En la misma el alcalde presentó una reclamación a la Agencia Estatal de Medicare en Puerto Rico por considerar que la decisión del hospital de mantener cerrado un turno en la sala de emergencias era ilegal. Su argumento se basaba en que la determinación del hospital afectaba a las personas beneficiarias del Medicare y el Medicaid. Ya para el 8 de mayo de 2019 le había llegado la contestación a la querella. La misma le fue negativa. Según la investigación que realizó la agencia aludida, no hay ilegalidad alguna tras la determinación de la administración del hospital, pues cumple con la 42 CFR 482.129(f)(2).
El sentir de las personas en la manifestación fue de decepción, indignación e incredulidad ante el hecho de que el alcalde haya quedado satisfecho con esa respuesta. Y más aún, que haya utilizado solo una vía de remedio en un asunto de tanta importancia como este y que haya cejado tan pronta y fácilmente en su propósito de buscar alternativas para solucionar la situación.
Por su parte, Manuel Báez, participante de la AdPU, indicó que “el pasado 6 de febrero de 2020 a través de un programa matutino de la radio local, el representante de distrito, Abid Quiñones, señaló que tras una reunión con la administración del hospital y el Secretario de Salud se llegó a un acuerdo para que se reabra el turno, con la presencia de un personal mínimo trabajando”. Se desconoce que tan oficial y real es este acuerdo, además de que la manera en que se expuso sugiere que con este arreglo la administración y los dueños del hospital han condescendido a hacerle un favor al pueblo, pero sin asumir cabalmente su responsabilidad con la salud y el bienestar del mismo.
Minerva Morales, participante de la actividad, comentó que “el servicio de la sala de emergencia debía restablecerse por una obligación ética y como una prioridad y necesidad humanas” Por último, Teresa Sepúlveda Alancastro, una de las organizadoras y consigneras de la actividad considera que “la salud y la vida no pueden negociarse con un mediocre servicio a medias, hay que exigir el mejor servicio. Por eso estamos claras que esta lucha continuará hasta que logremos un servicio de salud de calidad las 24 horas del día”.