Coartan derechos reproductivos bajo engaño

Alertan sobre clínicas de aborto fraudulentas

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En Puerto Rico han proliferado los mal llamados centros de embarazos en crisis. Actualmente hay tres clínicas falsas operando en el país. El auge de las clínicas fatulas son parte del proyecto opositor a los derechos reproductivos que empuja ferozmente el sector ultraconservador desde los Estados Unidos. Tendencia que repercute en los derechos sexuales y reproductivos de las personas gestantes que habitan nuestro archipiélago. Estos establecimientos plantean una serie de interrogantes sobre su naturaleza, propósito, regulación y financiamiento, destacando su impacto en la salud reproductiva en Puerto Rico.

¿Qué son y cuál es su propósito?

Las clínicas falsas son entidades sin fines de lucro que se hacen pasar por centros médicos legítimos, pero cuyo objetivo principal es convencer a las personas de no optar por el aborto. Estos centros adoptan una estética similar a instalaciones médicas auténticas y atraen personas bajo engaño alegando proveer servicios de aborto y consejería de manera gratuita. Lo mismo sucede con sus páginas en las redes. La intención de disuadir es clara. Es por esto que ubican sus centros fatulos a solo metros de clínicas de aborto verdaderas. A su infamia se suma los nombres que dan a los centros. Los nombres incluyen palabras que sugieren un enfoque de atención y apoyo, cuando en realidad promueven el miedo y la desinformación. Los testimonios de quienes han acudido a estas clínicas son alarmantes. Manipulan y presionan a lxs personas obligándoles a ver sonogramas, escuchar latidos fetales; utilizan datos falsos para explicar procedimientos médicos y hacen énfasis excesivo en los riesgos y complicaciones de realizar una terminación. A estas tácticas se añade la distribución de canastas con pañales, material religioso antiaborto y paquetes de propaganda, todo para presionar a las personas.

¿Quién las regula?

Una de las preocupaciones principales es la falta de regulación de estas clínicas. A los políticos ultraconservadores parece no importarle qué suceda en estos centros, siempre y cuando se alineen con su agenda contraria a los derechos reproductivos. No existe una entidad gubernamental encargada de supervisar las prácticas de los CPC’s. Mientras que las clínicas de aborto están obligadas a cumplir con estándares de cuidado, protocolos de higiene, manejo de material biomédico y leyes de confidencialidal. Esto plantea cuestionamientos sobre la confidencialidad de la información de los pacientes, ya que no se rigen por las leyes de privacidad médica como HIPPA.

¿Quién las financia?

El presupuesto para clínicas proviene mayoritariamente de iglesias y fondos públicos. Resulta sorprendente que estas clínicas cuenten con financiamiento público, utilizando millones de dólares destinados a la promoción de leyes antiaborto y al mantenimiento de sus operaciones. Este fenómeno refleja una estrategia similar a la empleada por grupos religiosos en Estados Unidos, donde se asignan cuantiosos recursos estatales para apoyar centros antiaborto. Desde la derogación de Roe, 16 estados han designado alrededor de $250 millones a clínicas antiaborto, dinero que luego es redistribuido entre los centros antiaborto ubicados en otros estados. De igual manera sucede con los CPC en PR, su operación depende de las exenciones contributivas y la desviación de fondos públicos a ONGs.

El crecimiento de las clínicas fatulas en Puerto Rico representa una seria amenaza para la salud reproductiva y los derechos de las personas. Urge una regulación efectiva que garantice la seguridad de los servicios de salud reproductiva, así como la desaparición de instituciones fraudulentas que vulneran la integridad y el bienestar de las mujeres y personas gestantes. La protección de los derechos reproductivos debe ser una prioridad en la agenda de salud pública del país y jamás deben estar subyugados a ideologías religiosas.