El Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) hace el primer traslado de casi 200 confinados del Campamento Zarzal de Río Grande a Ponce 1000. Esto, en la misma semana que se publicaron denuncias acerca de las condiciones infrahumanas de esta cárcel que incluyen tuberías sanitarias desbordándose con heces fecales en las celdas y la noticia sin esclarecer del hallazgo de otra persona encarcelada sin vida en una celda y otras muertes en Bayamón 1072 y en el 705.
Los destinos de los trasladados serían a Ponce 1000 o a Bayamón 1072, por las calificaciones de las instituciones. A esta ola de cierres y traslados se suman las personas privadas de su libertad en Guayama 1000.
Se desconoce cómo el traslado pudiera funcionar ya que las cárceles que recibirán a estas personas se encuentran albergando una población casi a su máxima capacidad, con menos de la mitad del personal por mínimo de personas encarceladas, mientras las facilidades se encuentran en estado crítico.
La Junta de Control Fiscal y la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico son los entes que están detrás de estas decisiones que precarizan aún más las cárceles del País.
Esta información confirmada por la Secretaria del DCR, Ana Escobar, a su vez reafirma las conclusiones del informe reciente de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) en el cual señalan que los recortes millonarios de los fondos generan condiciones de deterioro que perpetúan la violencia estructural del DCR.
El nefasto panorama del sistema de corrección empeoraría tras decisiones que se enfocan en eliminar instituciones para desviar fondos y así pagar una deuda a costa de miles de vidas abandonadas a su suerte en uno de los momentos más críticos del sistema penal. Con poblaciones correccionales a su máxima capacidad, con menos de la mitad de trabajadores sociales, personal médico y personal correccional requeridos por el volumen de la población, el DCR continúa pretendiendo operar en crisis haciendo movidas que solo garantizan un futuro de caos.
Las condiciones de las cárceles del país requieren atención inmediata pero el Estado no ha expresado planes de atenderlas mientras mantiene custodia de poblaciones enteras para hacerlas pasar hambre y violentarlas hasta morir. ■
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