Denuncian violencia contra las mujeres y personas gestantes

Ante desición de Corte Suprema de EE. UU. sobre derecho al aborto

| Caucus de Mujeres

| Publicado el 29 junio 2022

El Caucus de Mujeres del MST denuncia la violencia estatal contra las mujeres y personas gestantes al negarles el derecho a decidir si quieren tener hijxs o no. La Corte Suprema de los Estados Unidos decidió que el derecho a interrumpir un embarazo no está protegido por la constitución federal y que los legisladores de derecha de los estados y jurisdicciones coloniales pueden decidir por las mujeres y personas gestantes si tienen o no un aborto. El efecto real de esta decisión es que los estados pueden negarles servicios médicos a las mujeres sin recursos económicos, a las personas de minorías étnicas y raciales, a las personas gestantes pobres de clase trabajadora.

Esto no es nada nuevo, pues un número grande de mujeres negras en los Estados Unidos, una de las minorías más pobres del país, mueren durante el parto cada año. Esto se debe a que no pueden pagar por los servicios de salud, porque no tienen el dinero para pagar un seguro médico. Ahora que el aborto se prohibirá en unos 22 estados de golpe y porrazo, sólo aquellas mujeres con recursos económicos que puedan viajar a otros estados podrán tener una interrupción de embarazo. O sea, la persona trabajadora con tres hijxs, que apenas puede pagar un hogar con los costos increíbles de renta, energía eléctrica, servicio de agua potable, comida y gasolina, entre otros servicios no podrá practicarse un aborto seguro en una facilidad médica. Las legislaturas de algunos estados han tratado, inclusive, de prohibir las pastillas que pueden producir abortos químicos durante las primeras semanas.  Ante estas prohibiciones y la desesperación, muchas mujeres y personas gestantes sin dinero buscarán métodos clandestinos para terminar los embarazos no deseados. Por ejemplo, el uso de medicamentos para abortos químicos que se venden en puntos de drogas a estos efectos.

La legislatura en Puerto Rico, como entidad colonial, sigue los pasos de los legisladores en muchos estados y discute un proyecto de Ley 693 para quitarnos el derecho a decidir si queremos tener hijxs. Este proyecto se aprobó en el Senado de Puerto Rico por mayoría. Con un lado de la boca hablan de violencia contra las mujeres y por el otro favorecen proyectos que golpean violentamente a las mujeres y personas gestantes negándoles servicios de salud. Esta violencia de negarles servicios médicos a las personas pobres demuestra que la Corte Suprema de Estados Unidos representa los intereses de la derecha más recalcitrante del imperio norteamericano, una derecha a la que sólo le importa tener a las personas bajo su control y obligarlas a tener hijxs que luego trabajarán para ellos, como mano de obra barata. Bajo el alegato del descenso poblacional y la fuga de talentos, legisladoras como la representante Lisie Burgos Muñiz pretenden obligarnos a parir como si cada feto cargara una esperanza mesiánica. No; es inaceptable esa pretensión de que a costa de nuestra salud intenten escaparse de su responsabilidad de legislar para que tengamos mejores condiciones de vida.

Asimismo, la legislatura y el gobernador colonial están dispuestos a aprobar un proyecto como el 693 «después de evaluarlo». Con el mismo descaro, el gobernador extiende el estado de emergencia por la violencia de género en el país. Dice una cosa y hace otra. Ante el atropello de la Corte Suprema de Estados Unidos contra nuestros derechos reproductivos y la fanfarria hipócrita del gobernador de turno, denunciamos esta violencia, este atropello de nuestros derechos más básicos y el que nos arranquen los pocos servicios de salud que tienen las personas embarazadas. La lucha apenas empieza. Tendremos que retomar las calles y volver a ganar este derecho y luchar por otros derechos fundamentales, como el derecho al cuidado médico GRATUITO para todas las personas embarazadas de la clase trabajadora, sea para el cuidado básico durante la preñez o para tener una terminación de embarazo. Luchemos por el derecho a elegir libremente lo que hacemos con nuestros cuerpos, por el acceso a servicios médicos gratuitos y por una medicina socializada.

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