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BREL1| Publicado el 19 agosto 2019
Durante el proceso que sacó a Ricardo Rosselló de la gobernación, salió a relucir la complicidad entre Triple S, principal aseguradora de salud en Puerto Rico, y Elias Sánchez, cabildero de la administración de Ricardo Rosselló y uno de los personajes asociado a la madeja de corrupción en dicho gobierno. Un vistazo a vuelo de pájaro de la historia de la privatización de la salud demuestra que Triple S y el PNP han funcionado como pitcher y catcher durante las sobre dos décadas que lleva el proyecto de la tarjeta de salud.
Una carta del consultor Alberto Vázquez Piñol vincula a la arrestada Directora de la Administración de Seguros de Salud, Ángela Ávila, a la mano derecha del gobernador Elias Sánchez y a la firma de relaciones públicas BDO. Elías Sanchez también rendía servicios profesionales a Triple S mientras asesoraba al Gobernador Rosselló. Este esquema de corrupción está siendo investigado por el FBI y la Cámara de Representantes.
Triple S se enrriquece
Sin embargo, un análisis de los documentos sometidos a la Comisión del Mercado de Valores de los Estados Unidos (SEC, Securities and Exchange Commision) demuestra una vinculación directa entre las administraciones del Partido Nuevo Progresista y la empresa Triple S. La historia reciente de la empresa de seguros de salud está íntimamente relacionada con el incremento en fondos asignados al programa de la tarjeta de salud.
Triple S fue la primera compañía en ser proveedor de servicios de la tarjeta de salud a mediados de la década de los 90s cuando el entonces gobernador Pedro Rosselló González predecía un aumento descontrolado de los costos del gobierno en salud. Hace 26 años se iniciaba el plan de salud del gobierno y le entregaba tarjetas de salud a los llamado médico indigentes, personas que por sus bajos ingresos no podían costear un plan de salud privado.
El 11 de octubre de 1998 el entonces alcalde de Carolina protestaba la entrega de tarjetas de salud en su municipio. A juicio de los manifestantes la privatización representaría un incremento en los gastos del gobierno en salud, a la vez que desviaría los fondos asignados a los hospitales públicos. Un análisis de los informes económicos al gobernador y la legislatura demuestran que, efectivamente, la proporción del presupuesto del gobierno dedicado a la salud pública aumentó de un 7% a un 17% en 20 años (1997 al 2017).
Peor y más cara la salud
En términos de la percepción de la gente, los servicios de salud en nuestro país son insuficientes, mediocres, caros e inaccesibles. Las citas médicas de especialistas tardan meses en concretarse lo que dificulta el acceso a estos servicios para las personas indigentes, de mayor edad y con condiciones frágiles de salud. Los servicios de salud adolecen de un clasismo rampante en donde el servicio recibido para una misma condición dependerá de la región en donde se recibe, el plan médico que lo cubre, la cubierta escogida del plan médico particular, además de la carga de todos los prejuicios asociados a la clase social, el género, la raza y hasta la orientación sexual.
Un artículo en El Nuevo Día, a un año de implantarse la Reforma de Salud presagiaba el incremento en los costos de salud : “El aumento en costos por los servicios de salud aumenta a una tasa mayor a la inflación, cuya tasa de crecimiento superó el 5% durante los últimos tres años en Puerto Rico.” (Pablo J. Trinidad, El Nuevo Día, Sábado 20 de marzo de 1999) Esa tendencia no se ha detenido desde entonces. Los gastos de consumo también han aumentado durante estos más de 20 años de privatización. De un 17% de los gastos totales de las personas ese número ha alcanzado hasta un 22%.
Los costos de la salud han aumentado por dos vías, por un lado el incremento en intermediarios de la salud como las empresas administradoras de hospitales, los seguros de salud y otros, y en segundo lugar por el incremento en gastos en nuevas tecnologías. Grupos de médicos y pacientes en los Estados Unidos y Puerto Rico han vinculado el aumento en costos por las nuevas tecnologías a la falta de planificación del uso de estas. La privatización causa que los servicios se rindan o se nieguen por una lógica de mercado y no necesariamente por necesidad.
Los costos de los servicios médicos, los planes de salud y las primas se dispararon desde la implantación de la tarjeta de salud y sólo se frenó la velocidad del incremento con la implantación de la reforma de financiamiento de la salud de Obama que tímidamente hacía una redistribución de los gastos de salud por medio de impuestos y ampliando la base de aportación a los planes de salud.
Los pillos detrás de la tarjeta
En todo este proceso las empresas de seguros han sido las mayores beneficiarias de la privatización de la salud y de ese incremento en gastos. En particular Triple S que era una compañía con cerca de 600 millones de activos y reportando pérdidas en algunos años de la década del 90, se convirtió al cabo de 20 años en una empresa valorada en 3 mil millones en activos e ingresos anuales netos rondando los 55 millones. El grupo Triple S se convirtió en corporación pública en el 2007, cotizando en la bolsa de valores lo que le permite incrementar el capital para la especulación. En ocasiones esta empresa ha sido el suplidor exclusivo de la Tarjeta de Salud.
Lo indignante de todo este despojo de riquezas a costa de la salud de la gente es la lista de directivos vinculados al Partido Nuevo Progresista y son a su vez los ideólogos del neoliberalismo y la austeridad. Entre sus directivos en este periodo se encontraron reconocidos tecnócratas de las administraciones del PNP Carmen Ana Culpeper, directora de la Telefónica durante la venta en la administración de Pedro Rosselló, y Jaime Morgan Stubbe, último director ejecutivo de la Compañía de Navieras bajo la administración de Pedro Rosselló. Otros directivos reconocidos son David Chafey, quién dirigió el Banco Gubernamental de Fomento hasta terminar de llevarlo a la insolvencia, y Luis A. Clavell, Director del Centro Comprensivo del Cáncer.
No hay Sistema de Salud
A partir del huracán María nos percatamos de la fragilidad del sistema de salud. La cantidad de muertes ha sido objeto de estudio de parte de múltiples organizaciones fuera de Puerto Rico, pero el gobierno ha estado indispuesto en dar una cifra oficial que incluya todas las gente que murió por la falta de acceso a la salud durante los meses posteriores al evento atmosférico. El fenómeno de falta de acceso a la salud trasciende el llamado “capitalismo del desastre” o la “doctrina del shock” pues sus orígenes anteceden la catástrofe. Si bien parte de la crisis de ese año se debe a consecuencias de la fuerza con que impactó el huracán; no se puede olvidar que nuestra infraestructura de salud para atender emergencias nacionales, de la envergadura del más reciente huracán, había sido desmantelada desde la década del 90.
Las dinámicas de la propia sociedad de mercado demostraron sus limitaciones en tiempos de crisis. No sólo quebró la satisfacción de necesidad de salud de la gente sino que el propio capitalismo colonial entró en crisis al no garantizar las condiciones necesarias para la producción de mercancías o como dirían los economistas burgueses “el movimiento de la economía” de forma que permitiera la reproducción del capital. La especulación capitalista triunfó en el momento crítico de recuperación lo que contradictoriamente detuvo el movimiento de mercancías alrededor del país al venderse al mejor postor los primeros cargamentos de diésel. Estos, estaban destinados a los generadores eléctricos de hospitales y égidas, además de otras áreas estratégicas como las telecomunicaciones, el transporte y las máquinas de equipo pesado, pero dichos suministros fueron desviados a las urbanizaciones de lujo a fuerza de sobornos.
Podemos decir con seguridad que nuestro sistema de salud se encuentra en una crisis permanente. Esta crisis permanente viene acompañada de eventos puntuales que destacan la precariedad y fragilidad del sistema diseñado para el lucro privado. Por ejemplo, podemos recordar las múltiples epidemias (declaradas y no declaradas) que hemos vivido en esta década como el Zica, Chikungunya, Dengue, Influenza etc; la insuficiencia de fondos para financiar la tarjeta de salud, la emigración masiva de doctores y especialistas médicos, el trato injusto que reciben las trabajadoras de la salud y sus reclamos por mejoras laborales, aumentos de salario y condiciones dignas, las epidemias bacterianas en las instalaciones médicas, los reclamos de dentistas y laboratorios clínicos contra las aseguradoras en el pago de los servicios prestados etc.
La privatización de la salud implica de manera directa la búsqueda del incremento de las ganancias por medio de la reducción de gastos. En áreas como la salud y la educación, dónde se trabaja con seres humanos esto puede tener consecuencias letales.
La implantación de la reforma laboral, la derogación de derechos y beneficios inciden directamente en la calidad del servicio prestado. Particularmente los horarios de trabajo flexible con largas jornadas de trabajo, el incremento en la cantidad de pacientes por enfermera, el aumento de tareas administrativas y la mecanización de áreas por medio de cámaras y sensores buscan incrementar ahorros y aumentar la intensidad de la explotación pero reducen la calidad del servicio que recibe el paciente.
Esta visión productivista de la salud, dónde se mide la eficiencia con métricas provenientes de las empresas industriales y forjadas por la ideología del neoliberalismo deshumanizan el cuidado del paciente con las consecuencias de horror que implica la falta de empatía en un ambiente donde nuestras vidas están en juego.
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